Costo político y económico
Gustavo Volmar
Se suele llamar "costo político" a la pérdida de apoyo popular en la que un candidato o gobernante incurre por causa de una declaración o una medida.
Si no se debió a un error táctico involuntario, la decisión de asumir ese costo depende de si el objetivo buscado lo justifica o no, vía una especie de análisis de costo-beneficio como los que las empresas hacen para sus decisiones de inversión, compra, producción, venta y distribución.
El costo político fue uno de los argumentos usados por los sectores del partido de gobierno que favorecían a otro candidato, para disuadir a quienes propiciaban la reelección presidencial.
Evidentemente, la decisión fue asumir el costo. Pero aparte de ése y de los costos políticos que los demás partidos irán asumiendo, existe otro costo, éste de tipo económico, al que el país tendrá que hacer frente en este proceso electoral.
Cuando hace algún tiempo se decidió celebrar las elecciones del congreso y municipios el mismo año que las presidenciales, la razón principal fue el costo de las elecciones cada dos años para la economía nacional, por el gasto mismo de los comicios pero sobre todo por los efectos de las políticas proselitistas, la incertidumbre y el trastorno de las actividades.
Se aceptaba que la separación de las elecciones era conveniente porque hacía a los legisladores más independientes del poder presidencial, pero se optó por asumir ese costo político a fin de reducir el costo económico.
El actual proceso, sea que finalmente haya o no reelección, parece que acaparará gran parte del tiempo de legisladores, funcionarios y organizaciones empresariales, sindicales y sociales.
Algunos asuntos importantes serán pospuestos y otros, de mayor impacto político, ocuparán su lugar. Habrá un costo económico con efectos presentes y futuros, pero al ser su cuantificación muy difícil es improbable que se le aplique un análisis racional de costo-beneficio.
gvolmar@diariolibre.com
Si no se debió a un error táctico involuntario, la decisión de asumir ese costo depende de si el objetivo buscado lo justifica o no, vía una especie de análisis de costo-beneficio como los que las empresas hacen para sus decisiones de inversión, compra, producción, venta y distribución.
El costo político fue uno de los argumentos usados por los sectores del partido de gobierno que favorecían a otro candidato, para disuadir a quienes propiciaban la reelección presidencial.
Evidentemente, la decisión fue asumir el costo. Pero aparte de ése y de los costos políticos que los demás partidos irán asumiendo, existe otro costo, éste de tipo económico, al que el país tendrá que hacer frente en este proceso electoral.
Cuando hace algún tiempo se decidió celebrar las elecciones del congreso y municipios el mismo año que las presidenciales, la razón principal fue el costo de las elecciones cada dos años para la economía nacional, por el gasto mismo de los comicios pero sobre todo por los efectos de las políticas proselitistas, la incertidumbre y el trastorno de las actividades.
Se aceptaba que la separación de las elecciones era conveniente porque hacía a los legisladores más independientes del poder presidencial, pero se optó por asumir ese costo político a fin de reducir el costo económico.
El actual proceso, sea que finalmente haya o no reelección, parece que acaparará gran parte del tiempo de legisladores, funcionarios y organizaciones empresariales, sindicales y sociales.
Algunos asuntos importantes serán pospuestos y otros, de mayor impacto político, ocuparán su lugar. Habrá un costo económico con efectos presentes y futuros, pero al ser su cuantificación muy difícil es improbable que se le aplique un análisis racional de costo-beneficio.
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