Odebrecht tiene que dejar de operar en República Dominicana

La Procuraduría General de la República ha firmado un acuerdo con la firma Odebrecht en virtud del cual esta empresa reconoce su pasado delictivo en el país y acepta pagar una compensación al Estado dominicano por el doble de la suma que ella admite pagó en sobornos.

Ese acuerdo está previsto en las leyes del país y en ese aspecto es, por tanto, inobjetable.

Asimismo, se reconoce el gran dilema de la actual administración, que se siente en la obligación de salvar al menos uno de los negocios de Odebrecht en el país, la planta de Punta Catalina, por la imperiosa necesidad de ponerla a operar en el menor plazo posible.

Esa es una de las realidades del ejercicio del poder.

Sin embargo, la empresa Odebrecht, al aceptar las bases para participar en la licitación de la planta de Punta Catalina, admitió libremente acogerse a un principio de “juego limpio” que ella sabía que no estaba cumpliendo.

En la declaración jurada que firmó Odebrecht se establecía que “dicho participante registrado, y cada una de las personas jurídicas que lo integran, en caso de consorcio, no han incurrido ni incurrirán (...) en prácticas corruptas o fraudulentas”, que no se limitaban a la licitación.

Por confesión propia, Odebrecht ha admitido que en el período a partir del 2001 incurrió en prácticas dolosas para obtener contratos con el Estado dominicano. Por tanto, en aplicación de la máxima jurídica de que “el fraude lo corrompe todo”, es muy cuesta arriba que esta empresa pueda seguir operando en el país.

Lo ideal sería que la CDEEE o los otros miembros del consorcio ganador contraten una empresa que pueda terminar el trabajo de Odebrecht en la planta. Sería un indicio de que la lucha contra la corrupción ha sido tomada en serio.

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Adriano Miguel Tejada