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Comisión de notables

En el país las comisiones de notables tienen una historia ya vieja. Y suelen ser intranscendentes. Se designan con el propósito declarado de dar credibilidad a una investigación sobre algún acontecimiento que pudiera tener fuertes repercusiones políticas. En la práctica se busca causar un golpe de efecto mediático para tranquilizar a la opinión pública y luego dejar que el asunto se diluya en el tiempo.

Naturalmente, pudiera ser que algún día dejara de ser así. Y cuando sucediera tañerán las campanas, claro que repicarán, envueltas en cantos de gloria.

Uno de los casos más sonados que ilustra el uso desnaturalizado de una comisión de notables, es el atentado de que fue objeto el general Antonio Imbert Barrera, en 1967, mientras transitaba por la avenida Pedro Henríquez Ureña del Distrito Nacional, en las inmediaciones del antiguo zoológico, en el cual salvó la vida por puro milagro.

Ante la fuerte sospecha ciudadana de que sectores del gobierno y de las fuerzas armadas de connotación trujillista estaban involucrados en ese intento criminal, el presidente Joaquín Balaguer decidió salvar su responsabilidad y designar a Luis Amiama Tió, compañero de gesta de Imbert, como secretario de estado de Interior y Policía, investido en el papel (y solo en el papel) con amplios poderes, con la encomienda de que se hiciera cargo de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Aquello fue el equivalente a constituir una comisión de notables de un solo hombre, insertándolo como titular de una secretaria de estado cuyos miembros, situados jerárquicamente bajo su mando, respondían a parcelas de poder y a intereses diferentes.

La jugada política quedó puesta al descubierto. Al cabo de un mes Amiama Tió renunció al encargo recibido por los inconvenientes hallados para desempeñar sus labores, puesto que pudo comprobar que los mandos policiales, deliberada e impunemente, estaban obstaculizando el proceso y ocultando pruebas.

Y ahí quedó todo.

Años después Balaguer escribiría: “El atentado contra Imbert Barrera no pudo ser esclarecido pese a los esfuerzos que hice para lograrlo, y es probable que sus autores formen parte aún de algunos de los cuerpos armados de la República”.

Ahora, ante el escándalo internacional surgido de las operaciones de soborno imputadas a la empresa brasileña Odebrecht, el gobierno dominicano ha decidido, mediante el decreto 6-17, crear una comisión de notables para que investigue la licitación y adjudicación a esa empresa de la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.

Con esto las autoridades actuales persiguen salvar su responsabilidad.

Ante hechos de la magnitud de los ocurridos en todo el continente, protagonizados por Odebrecht, la designación del grupo de notables para formar parte de esta nueva comisión pudiera ser una salida en falso por los antecedentes históricos que la preceden y porque carecería del músculo propio de las instituciones encargadas de asumir este tipo de investigaciones.

El presidente Balaguer decía para explicar su actuación en 1967: “Una de las cosas más difíciles para un gobernante en un país como la República Dominicana es la de vencer la resistencia de los miembros de las instituciones castrenses que tienden a encubrirse los unos a los otros y en todo momento dan muestras de una impresionante solidaridad, cuando se trata de poner en claro la responsabilidad de algunos de ellos en actividades delictuosas”.

Llevada esa afirmación a tiempo presente, habría que decir que esa resistencia no es propia únicamente de las instituciones armadas, sino del cuerpo del Estado como un todo, afectado por prácticas corruptas viejas.

Quizás Balaguer debió haber removido en aquel entonces a los mandos armados y sustituirlos por jóvenes oficiales no contaminados por el pasado trujillista, pero prefirió soslayar la evidencia y constituirse en factor de equilibrio entre fuerzas que destripaban y engullían el patrimonio público pero le garantizaban la permanencia en el poder.

Eso, y solo eso, puede que lo haya alejado de la gloria.

En esas circunstancias, ninguna investigación ni comisión especial hubiera funcionado.

Dada esa experiencia aleccionadora, ahora, en el caso de Odebrecht, lo que procedería es reforzar las instituciones llamadas por naturaleza a encabezar este tipo de investigaciones e integrarlas con personal a tiempo completo, de primera línea, no contaminado, libre de sospechas, dotado de carácter e independencia de criterio, en sustitución de quienes no cumplen con esos criterios.

E incluso atreverse a ir al fondo, pero de verdad, y, en consecuencia, para demostrarlo, encargar al propio Lutero para que rija por algún tiempo a la iglesia (la investigación institucional), y acallar así cualquier suspicacia y murmuración subterránea que pudiera auto alimentarse por largo tiempo.

Lo que está ocurriendo con el asunto de Odebrecht dista mucho de ser trivial. Y embarra al sistema político de un espectro a otro. El sistema de partidos se encuentra en una peligrosa pendiente cuesta abajo, que podría desembocar en su disolución. ¿Para qué engañarnos si esa es la perspectiva que se proyecta?

Nadie sabe si estos acontecimientos provocarán sacudidas atronadoras que obliguen a un proceso profundo de saneamiento renovador.

Lo que no admite controversia es que, hoy más que nunca, la nación necesita un liderazgo que retome la mística regenerativa, refunde la forma de hacer política y la concilie con la ética.

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