El sentido de la institucionalidad

Los conceptos transparencia e institucionalidad son dos espejos en que el alma dominicana refleja no sólo sus aspiraciones de cambio real y progreso, sino también el convencimiento de que constituyen el antídoto, quizás el único, que le permitirá liberarse de la pobreza secular.

Transparencia e institucionalidad son también el instrumento más eficaz para frenar y minimizar, o eliminar, la corrupción.

Todos deberíamos estar de acuerdo con la intención manifestada por el presidente Danilo Medina en su reciente discurso de juramentación ante la Asamblea Nacional, cuando dijo: “Vamos a llevar a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.”

Esas intenciones, manifestadas en ocasión tan solemne, deben de contar con el respaldo total de la ciudadanía.

En el terreno de las intenciones y quizás hasta de los sueños, todo sería concordancia, acuerdo común y hasta idilio.

Pero ocurre que las palabras, que son el núcleo de la comunicación y el entendimiento, tienen como límite la voluntad de los seres humanos para cumplirlas, matizada e interferida por lo que se cree son las conveniencias personales, que muchas veces sucede que en el fondo terminan no siendo tales.

De ahí que, más que las palabras, lo importante sea la ejecución fiel de la intención. Ese es el gran reto, casi siempre rodeado de trampas y tentaciones.

En un artículo anterior titulado La Reforma Política e Institucional, puse de relieve que “el Presidente tiene una oportunidad de oro para casarse con la historia si se convierte en abanderado de las reformas políticas y también de las económicas, para lo cual es imprescindible que se sacuda de las garrapatas del interés individual y subordine su horizonte político a la finalización del cuatrienio 2016-2020, para que haga en ese periodo lo memorable, lo que desde hace tiempo debió de hacerse y nadie se ha atrevido a hacer.”

No sólo se trata, como se menciona en el discurso presidencial, de aprobar sendas leyes de partidos políticos y electoral. No. Pudieran aprobarse decenas y el país permanecería inmutable.

Lo que tendría significado potencial de transformación de la sociedad es asegurarse de hacer aprobar, y hacer aplicar, leyes con un contenido que fortalezca el ejercicio democrático interno a los partidos y promueva que la competencia electoral pueda desarrollarse en igualdad de condiciones para todas las partes.

Leyes que, en consecuencia, establezcan normas rigurosas de transparencia y límites al financiamiento privado a los partidos y candidatos; eviten, con sanciones penales, el uso directo e indirecto de recursos públicos en actividades políticas partidarias; y reequilibren el uso de los medios masivos de comunicación.

Nunca más debería repetirse el espectáculo de reparto entre fuerzas políticas de los principales cargos de instituciones vitales para el funcionamiento electoral, verbigracia la Junta Central Electoral y el Tribunal Electoral. No, sus integrantes son pagados por y deben servir a la sociedad, no a los partidos ni a grupos. No deberían estar vinculados a ningún interés, que no fuere el estrictamente nacional.

En cuanto a la integración de las altas cortes, el Tribunal Constitucional, y la Cámara de Cuentas, debería darse paso a la formación sólida, al mérito, honestidad y carácter, y olvidar presuntas afinidades con parcelas políticas.

Si así se hiciera, se estaría haciendo patria.

Vamos a poder comprobar muy pronto si lo que se hace en la práctica responde a esas aspiraciones, o a otros intereses distintos, y ahí podríamos comenzar a evaluar qué tan alto y firme es el nivel de compromiso asumido en el discurso por el Presidente Danilo Medina.

Pero, aún más relevante sería dejar quieta, tranquila, la Constitución.

Ese pedazo de papel mojado, estrujado y desteñido en que se ha convertido la carta magna, debe dejarse reposar para que seque, tiemple y recobre el rubor.

En su discurso, el presidente Medina decía que “no les quepa duda: vienen tiempos gloriosos para la República Dominicana.”

Ese “tiempo glorioso”, agregamos nosotros, sólo podría hacerse realidad si se afincara en los pilares robustos de la transparencia e institucionalidad, tal y como lo prometió el primer mandatario en su pieza oratoria, pero entendida, decimos nosotros, en la forma en que acabamos de explicar.

Hay un elemento de extraordinaria relevancia, y es el uso de recursos públicos para transferir fondos a gente de bajos o nulos ingresos por medio de ventanillas que funcionan a través de la Presidencia de la República.

Esas transferencias se prestan a un uso político partidario clientelista como se vio en la campaña electoral pasada, y se reconfirmó por las promesas de la oposición para incrementar esos montos, si ganaban las elecciones.

Lo ideal sería que se canalizaran por vía de la seguridad social, destinadas al segmento no contributivo para cubrir las cotizaciones a salud y pensiones y otras necesidades sociales. Eso las haría estables y duraderas, y se convertirían en derecho y aval de las clases menos pudientes, sin tener que deberle el favor a nadie puesto que se trata de recursos que son fruto de la solidaridad social compartida.

En estos cuatro años que son el límite de su ejercicio presidencial, el presidente Danilo Medina dispone de una agenda de reformas amplia, diversa, y envidiable. Si la concretara, en el sentido que se menciona en este artículo, se convertiría en un símbolo perdurable y disfrutaría del agradecimiento de todos.

Hacemos votos para que así suceda.

Eduardo García Michel