Endeudamiento a la carta sin contrapeso congresual

“En ausencia de medidas de política, los déficits consolidados del sector público—que incluyen los déficits del sector eléctrico y del Banco Central, se proyectan en alrededor de 5% del PIB en el mediano plazo. Como resultado, la deuda pública consolidada ascendería desde menos de 50% del PIB estimado por la Misión para el año 2015 hasta alrededor del 54% del PIB para el año 2020. En este contexto y para aprovechar las condiciones cíclicas favorables, el Gobierno debe acelerar el proceso de consolidación fiscal iniciado en agosto del 2012 con el objetivo de lograr un balance primario positivo al nivel público consolidado suficiente para revertir la trayectoria ascendente de la deuda.” Art. IV, FMI noviembre 2015

A pesar de que la operación de recompra de la deuda de Petrocaribe –a finales del año pasado- redujo en unos tres puntos porcentuales la relación entre la deuda pública y el PIB, ya a finales del presente año, esa reducción había quedado compensada por nuevos endeudamientos, según se puede inferir de la nota de prensa del FMI a raíz de su reciente visita al país con motivo de la elaboración del informe que contempla el articulo IV de dicho organismo. El problema es que una parte importante de la deuda está expresada en dólares, y si las exportaciones no generan las divisas suficientes para cumplir con el servicio de la deuda externa, se hace necesario nuevos endeudamientos, lo cual es advertido por el FMI cuando estima que en los próximos años la deuda pública podría representar el 54% del PIB.

Naturalmente, un mayor endeudamiento se reflejará de forma inevitable en un mayor consumo de los recursos presupuestarios para el pago de intereses y de amortización. De hecho, para el 2016, el pago de intereses de la deuda del sector público no financiero estará cerca de los 100 mil millones de pesos, para un crecimiento superior al 11% con relación al año anterior.

Al final de este cuatrienio se estima que la presente administración habrá recibido desembolsos de recursos locales y externos en forma de financiamiento equivalentes a unos 14 mil millones de dólares; una cifra récord bajo los estándares dominicanos. Y esto ha sido posible, gracias al rol de sumisión que juega el Congreso Nacional ante las iniciativas del Poder Ejecutivo, creando un terreno fértil para el endeudamiento masivo.

En los últimos 20 años se puede apreciar cómo el endeudamiento ha crecido o no dependiendo de quién controla al Congreso. En el período 1996-2000, la deuda pública se redujo en más de 500 millones, como resultado de que el Congreso y el Ejecutivo eran controlados por partidos diferentes. Algo diferente ocurrió en el 2000-2004, cuando el mismo partido controló a ambos poderes del Estado. En este período, la deuda pública creció en más de 3,300 millones dólares. Entre el 2005 y 2006, la deuda pública se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, dados los resultados de las elecciones congresuales y municipales, el mismo partido pasó a controlar, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, lo cual facilitó que la deuda pública –sector público no financiero- se incrementara en unos 4 mil millones de dólares entre el 2007 y el 2008. La misma historia se repitió entre el 2009 y el 2012, al incrementarse dicha deuda en más de 8 mil millones de dólares. Se pudiera esperar que al concluirse el presente período de gobierno se agregue a la deuda una cifra igual o superior a la mencionada anteriormente.

Una moraleja que pudiera extraerse de este comportamiento de la deuda es que un Poder Legislativo controlado por el mismo Partido que ejerce el Poder Ejecutivo facilita lamentablemente el proceso de endeudamiento, en desmedro de su rol como contrapeso al ejercicio democrático del poder político. Esto parece reflejarse en la forma que se le permite al Poder Ejecutivo decidir discrecionalmente en qué moneda endeudarse. Anteriormente, en el presupuesto se establecían los montos del endeudamiento tanto en moneda local como en moneda extranjera; en la actualidad se incluye una cláusula que permite al Ejecutivo cambiar esa composición de acuerdo a como lo estime pertinente.

Facilitar un proceso de endeudamiento masivo tiene sus consecuencias negativas; sobre todo, porque crea un clima artificial de crecimiento y bienestar que tarde o temprano terminará con un ajuste violento de la economía, una vez que se agote la capacidad de endeudamiento y los capitales, ya sea como préstamos o inversión extranjera, de repente paren de entrar a la economía. Es una historia que se ha repetido una y mil veces, pero la sensación temporal de bienestar puede empujarnos –sin que lo advirtamos- hacia el precipicio antes que tomemos conciencia de las reformas que deben realizarse para reordenar a la economía. En otras palabras, el endeudamiento fácil sirve para posponer las decisiones que un liderazgo responsable debe asumir oportunamente. Por eso, repito, un Congreso ‘gomígrafo’ es dañino para la democracia; y mientras más variada sea la representación partidaria, mejor aún para toda la sociedad.

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Pedro Silverio Alvarez