Igualdad de oportunidades

El estándar de vida de una nación depende más en su producción per cápita que en el dinero recibido como ingreso al generar esa producción. De lo contrario, el gobierno podría hacernos a todos más ricos, simplemente imprimiendo más dinero. Al focalizarse en lo que es llamado “distribución del ingreso”, mucha gente procede como si el gobierno pudiera reorientar esos flujos de dinero de manera que tengamos una distribución más “justa” -cualquiera que fuera su definición- ignorando las repercusiones que tal política pudiera tener en el proceso más fundamental de producir bienes y servicios, del cual depende el estándar de vida de un país. Thomas Sowell, 2015

La distribución del ingreso ha capturado la atención de los economistas desde hace siglos. En el fondo, todos valoramos que nuestras sociedades tengan una distribución del ingreso que bajo algún criterio pueda considerarse como justa. El problema es que no tenemos una métrica objetiva que nos permita trazar las fronteras entre lo justo y lo eficiente. Pero cuando se habla de que el 1% de la población tiene el 99% de las riquezas -aunque se trate de un dato no comprobado- es como para poner a pensar al más indiferente de los mortales. Reisman (2015) tiene una interpretación contra intuitiva de ese dato: quizás sería más apropiado razonar que el estándar de vida del 99% de la población depende de la riqueza del 1%. La preocupación, sin embargo, focaliza la atención en la distribución, no en la producción; y Sowell ve esto como un problema de enfoque.

Efectivamente, Sowell cita a Hazlitt cuando plantea que el real problema de la pobreza no es un problema de “distribución”, sino de producción. Los pobres -continúa- son pobres, no porque algo les es retenido, sino porque, por la razón que fuere, no están produciendo lo suficiente. Este problema pretende ser resuelto a través de políticas que transfieran las riquezas desde los que la poseen -los ricos- hasta los pobres que nada tienen. Desde un punto de vista del altruismo social son comprensibles esas políticas; no así bajo el prisma del análisis económico riguroso. La redistribución no hace a la sociedad en su conjunto más rica, a la vez que debilita la capacidad de esa sociedad para generar una mayor riqueza. Un ejemplo. En Estados Unidos el gobierno transfiere a los más necesitados, de acuerdo con cálculos del economista Lawrence White (2015), más del 4% del PIB, en diferentes formas de subsidios que alcanzan a casi el 20% de la población. Esto significa que en promedio cada beneficiario recibe aproximadamente unos 10 mil dólares anuales, muy cercanos a los 12 mil dólares que definen la línea de pobreza para un individuo en Estados Unidos.

Esas transferencias, además de distorsionar la disposición al trabajo de muchos norteamericanos, no ha resuelto el problema de la pobreza, tal como se entiende en una sociedad desarrollada. Si la riqueza puede redistribuirse independientemente del proceso de producción, es lógico suponer que bajen los niveles de inversión, ante el riesgo de que una proporción de la riqueza generada sea expropiada por el gobierno a través de los distintos mecanismos legales de los que dispone. Es decir, se reduce la capacidad generadora de riquezas.

Una forma de redistribución burocrática de la riqueza son los controles salariales. Cuando se imponen mínimos salariales -una forma de control de precios-, se busca establecer condiciones de remuneración laboral por encima de las que determinaría el mercado de trabajo. En la práctica, esto significa una transferencia hacia la mano de obra. Uno de los argumentos que sirven de justificación es que el aumento salarial se traduce en un incremento de la demanda agregada y, por tanto, estimula a la economía. Eso fuera cierto si no hubiese efectos secundarios o indirectos del alza salarial. Asumiendo que el incremento salarial no tuviera efectos sobre los precios -un supuesto duro de digerir- el salario real aumentaría en la misma proporción que el incremento nominal del salario. Esto deja a los capitalistas con menos recursos para invertir -cuidado con la demanda agregada-, reduciendo la demanda de mano de obra y provocando mayores niveles de desempleo, que es lo mismo que decir mayores niveles de pobreza. No está claro el impacto sobre la distribución del ingreso, pero podría incluso empeorar. Si asumimos que los precios pudieran subir los efectos podrían ser peores.

El planteamiento no es que se eliminen las políticas de redistribución; el mensaje es que se debe ser cuidadoso con las herramientas que se utilizan y, sobre todo, que esas políticas se implementen con un carácter transitorio; esto es, mientras se atacan a las verdaderas causas de la pobreza en una sociedad con una marcada limitación en la movilidad social y ninguna igualdad en las oportunidades. Pero parafraseando a Per Bylund, la pobreza es el estado original, el punto de partida; por lo tanto, la pregunta no es qué causa la pobreza; la pregunta es, en cambio, qué causa la prosperidad.

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Pedro Silverio Alvarez