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Impuestos, eficiencia y bienes públicos

Un Estado que pretenda que la sociedad le transfiera mayores recursos a través de los impuestos debe mostrar -de entrada- un récord en el gasto público que le sirva de aval ante sus constituyentes; es decir, debe tener legitimidad moral.

Una reforma tributaria fundamental gira alrededor de cambios en tres características principales del Sistema tributario: la base gravable, las deducciones permitidas de esa base, y las tasas impositivas. Las recaudaciones sirven de restricción a las opciones que se elijan; bases más reducidas y exenciones generosas típicamente requieren tasas impositivas más altas para recaudar una determinada cantidad ingresos tributarios. Los sistemas impositivos difieren en otras formas importantes –cuán transparente es el sistema tributario para el público; quién hace los pagos al gobierno (los negocios o los hogares, por ejemplo); y cuán fácil es el sistema tributario para cumplir y hacerlo cumplir. Henry J. Aaron y William G. Gale, Economic Effects of Fundamental Tax Reform, 1996

En el debate sobre la reforma tributaria algunos analistas parecen estar convencidos de que es posible gravar los ingresos, el patrimonio y el consumo -todos ellos, en sus diferentes manifestaciones- sin que eso tenga un impacto sobre la forma en la que los agentes económicos toman decisiones para asignar sus recursos escasos. La literatura económica -tanto teórica como empírica- es amplísima en lo que concierne al impacto de la tributación en el crecimiento y el desarrollo económico; es claro que los procesos económicos no son neutrales al diseño de los sistemas impositivos.

En este sentido, resulta engañoso plantear que como los países desarrollados tienen una alta presión tributaria -realmente, no todos-, nuestro país debe aumentar dicha presión para alcanzar esos niveles de desarrollo. Es un razonamiento completamente erróneo, pues llega a una conclusión defectuosa a partir de una fotografía de los datos sin evaluar cuáles fueron los procesos dinámicos que condujeron a que en muchos países desarrollados la tributación fuera tan alta. No está de más reiterar que esos países lograron explotar su capacidad para generar riquezas en el contexto de una baja tributación. Es a partir del primer tercio del siglo XX, cuando aparece el Estado del Bienestar y los afanes guerreristas de las principales potencias, que la presión tributaria comienza a incrementarse de manera sostenida.

En los países subdesarrollados -como los de América Latina- se pretende alcanzar el desarrollo por la vía contraria; esto es, a través de mayores niveles de tributación. Y se ignora que mayores niveles de tributación se traducen en una menor capacidad para generar riquezas, lo que nos conduce al peor de los mundos: subdesarrollo con alta tributación.

La informalidad, la evasión, la elusión y las exenciones tienen un impacto negativo en las recaudaciones y en la baja presión tributaria, provocando que las tasas impositivas -como mecanismo de compensación- se hayan colocado en niveles que no aguantan mayores incrementos.

Ante esta realidad, muchos se preguntan cómo el Estado va proveer los bienes públicos que demanda la sociedad sin capacidad para financiarlos a través de los impuestos. Ante esta interrogante es preciso señalar que los bienes públicos no necesariamente deben ser ofrecidos por el Estado. Un caso típico es el de la educación. El Estado debe garantizar el acceso a la educación de los sectores más empobrecidos; pero, esa educación debe ser de calidad. Existen esquemas mediante los cuales se garantiza el acceso a la educación de calidad sin necesidad de que sea el propio Estado que la ofrezca. Otro ejemplo, es el de la seguridad ciudadana.

El continuo deterioro de la misma ha ido provocando una privatización paralela de los servicios de seguridad -que ha beneficiado, paradójicamente, a estamentos que tienen la responsabilidad de garantizarla; es decir, que lamentablemente la sociedad ha tenido que recurrir mecanismos privados para proveerse de un supuesto bien público.

Un ejemplo que provoca tapones e indignación es el fracaso del Estado para proveer el bien público que significa el tránsito ordenado en los principales centros urbanos del país. Las constantes violaciones a las normas más elementales por parte de conductores sin el más mínimo respeto por la vida ajena y sin que el Estado sea capaz de imponer un orden -aunque sea precario- nos obligan a reflexionar sobre las graves deficiencias que tiene un Estado que ha fallado olímpicamente.

Y si el Estado ha fallado en la provisión de esos bienes públicos -que por su naturaleza se supone debe ofrecer-, no debe ser sorprendente que los ciudadanos muestren tan poca disposición al pago de impuestos e incluso destinen una gran cantidad de recursos para eludir o evadir sus obligaciones tributarias.

Es una gran ingenuidad condenar estas prácticas sobre la base de que son fruto del individualismo; sobre todo, porque la economía no opera sobre la lógica del altruismo. La cooperación y la solidaridad son virtudes que se desarrollan en la sociedad a partir del legítimo interés de los individuos.

En realidad, todo impuesto es una transferencia de recursos del sector privado al sector público, que puede ser vista -en general- como una transferencia de recursos de una fuente más eficiente -sector privado- a un uso menos eficiente -sector público.

Cierto, muchos proyectos, por su magnitud -especialmente, infraestructuras-, no podrían realizarse sin la intervención del Estado; pero aún en los casos de que sean necesarios hay que asegurarse de que los costos públicos no dupliquen a los costos privados, como frecuentemente ocurre.

Si bien, muchos han justificado la intervención del Estado en la economía como forma de corregir las fallas de mercado, no es menos cierto que los riesgos de que las fallas de gobierno provoquen daños mayores son muy superiores, como ha quedado mostrado reiteradamente por la experiencia.

En fin, un Estado que pretenda que la sociedad le transfiera mayores recursos a través de los impuestos debe mostrar -de entrada- un récord en el gasto público que le sirva de aval ante sus constituyentes; es decir, debe tener legitimidad moral.

@pedrosilver31

Pedrosilver31@gmail.com

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