La baja calidad de la estabilidad económica

“Pese a los significativos cambios estructurales en la economía dominicana, el crecimiento no ha sido inclusivo en las últimas dos décadas. Muchos países en el mundo con una trayectoria similar a la de RD han caído víctimas de la “trampa del ingreso medio”, una situación en la que un país no es capaz de lograr estatus de ingreso alto debido a que carece de reformas estructurales que terminan por obstaculizar el crecimiento.” Grupo Banco Mundial, Para Construir Un Mejor Futuro Juntos: Notas de Políticas de República Dominicana, octubre 2016

El 2016 tiene la particularidad de que se completaron los primeros cuatro años de la gestión del Presidente Medina; se inició su segunda gestión - ¿última? -, y concluye un año con grandes interrogantes acerca del futuro de la economía dominicana. Estos primeros cuatro años dejan inconclusas o sin alcanzar importantes promesas asumidas desde la plataforma política con la que se conquistó el favor del electorado dominicano. Notoriamente, aunque ya olvidada, la promesa del cambio de modelo económico ha sido borrada de la retórica oficial, y el modelo conserva sus mismas características, pero con énfasis en algunos defectos, como la profundización del proceso de endeudamiento público.

Asimismo, en el sector eléctrico, considerado por el FMI como el principal «cuello de botella» de la economía dominicana, el gobierno no pudo cumplir la promesa de tener el problema resuelto de manera definitiva. Y ahora se anuncia que la entrada de las plantas a carbón, que prometen ser la solución mágica al problema, no ocurrirá antes de la primera mitad de 2018. El problema eléctrico -lamentablemente- seguirá siendo «un triste recuerdo» sin que después de más de dos años de la convocatoria del pacto eléctrico no se haya encontrado la fórmula para poner de acuerdo a los diferentes actores, fundamentalmente por la falta de transparencia en las informaciones que el gobierno debe suministrar. El FMI, en su reporte del Art. IV, plantea que de ese pacto se espera un mayor compromiso por parte de las autoridades para reducir sustancialmente las pérdidas en la distribución de la energía, así como una tarifa que recupere costos y un marco regulatorio que reduzca la incertidumbre para los futuros inversionistas; mientras que el Banco Mundial entiende que «hay factores políticos que impiden una regulación efectiva del sector». Lo cierto es que el gobierno parece enredado en las patas del caballo del tema eléctrico y la solución solo forma parte del imaginario oficial.

Paradójicamente, el mayor logro del gobierno consiste en el cumplimiento del 4% a la educación, tal como establece una ley que fue inobservada por casi quince años. No deja de ser extraño que cumplir con la ley sea motivo de tanta celebración. Sin embargo, el informe de EDUCA y los resultados de PISA revelaron lo distante que estamos de alcanzar estándares de educación aún similares a los de países con un desempeño mediocre. Dos metas no han podido ser alcanzadas: la construcción de 28 mil aulas y la total erradicación del analfabetismo. No sería justo atribuir a la actual administración el pésimo desempeño del país en las pruebas de PISA; en cuatro años de la aplicación del 4% solo cabe esperar -aunque se hable de una revolución- un efecto marginal sobre la calidad de la educación. El informe de EDUCA pone de manifiesto la necesidad de acompañar a la magnitud de los recursos asignados con una gestión que garantice un uso despolitizados de esos recursos.

En cuanto al crecimiento económico, el Banco Mundial destaca el contraste entre un crecimiento económico muy por encima de los países de la región con un bajo impacto en la reducción de la pobreza y una bajísima movilidad social. Básicamente, se trata -de acuerdo con el Banco Mundial- de un crecimiento no inclusivo, pues la baja competitividad de la economía dominicana no permite la creación de empleos de calidad. Los empleos que se están creando son prácticamente en el sector informal y en el gobierno. Asimismo, ese crecimiento -prosigue el Banco Mundial- pudiera verse afectado en el largo plazo por su limitada sostenibilidad social dada la calidad de «servicios públicos en sectores clave como educación, salud, agua y saneamiento, y electricidad».

Es destacable, además, que el crecimiento económico -como tantas veces se ha repetido- ha estado asociado a un creciente proceso de endeudamiento que va socavando su sostenibilidad fiscal. Tanto el FMI como el Banco Mundial ven en esta situación una seria amenaza a la estabilidad económica, aunque lo hacen con la debida prudencia para no exacerbar las expectativas de los agentes económicos. El Banco Mundial señala que las necesidades de financiamiento bruto del sector público consolidado se encuentran próximo al 15% del PIB, situándose en un umbral que «requiere mayor escrutinio para mercados emergentes».

Por su parte, el FMI ve una tendencia que pudiera poner en un 53% del PIB los niveles de endeudamiento para el 2020. Si no hubiese ocurrido la recompra de la deuda de Petrocaribe es muy probable que esos niveles ya se hubiesen alcanzado, ya que esa operación de recompra redujo la deuda pública en 3.1 puntos porcentuales del PIB, y se estima que para finales de este año dicha deuda alcance el 49.5%. La deuda pública preocupa no solo por el nivel, sino también por su composición que cada vez más privilegia al endeudamiento comercial en moneda extranjera.

El 2016 ha sido un año -como los anteriores- en donde las cifras muestran un optimismo que oculta las condiciones subyacentes de una economía que va acumulando tensiones debido al agravamiento de nuestros problemas ya crónicos. Después de cuatro años de gestión pública no parece exagerado plantear que al día de hoy no se ha resuelto uno solo de nuestros problemas fundamentales. Y el 2017 no parece que será el año para cambiar esa tendencia.

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Pedro Silverio Alvarez