Los intereses grupales detrás de la reforma fiscal

Como habitualmente se ha expresado, se ha llegado a crear la imagen de que todo este dinero son incentivos fiscales que se otorgan al sector empresarial, por lo que mucha gente ha entendido que ahí está la magnífica solución: si el país tiene una carga tributaria de 14%, y su expectativa es subirla hasta un 20% para acercarnos al nivel de otros países más civilizados, pues no hay más que eliminar ese regalo que por tantos años se ha estado dando a diversos grupos y con ese 6.5% adicional ya tenemos la meta más que cumplida. Isidoro Santana, Acento, mayo 2016

Para equilibrar las finanzas públicas, el gobierno necesita de una reforma fiscal que le proporcione unos RD$150,000 millones, equivalentes –aproximadamente- a un 5% del PIB; una cifra escalofriante si consideramos que representaría un incremento del 35% de la presente presión tributaria. El vocero económico del gobierno ha garantizado que la reforma fiscal que tienen en mente no implicaría la creación de nuevos impuestos. Se supone que esto debiera llevar tranquilidad a la población; pero no ha sido así. No se necesita «crear nuevos impuestos» para que los contribuyentes sientan una mayor presión impositiva. Sólo basta con ampliar la base imponible o reducir las exenciones y el resultado es el mismo que la creación de un nuevo impuesto.

Y precisamente, todo parece indicar que el denominado «gasto tributario» será la manzana de la discordia a la hora de que los actores de la reforma se sienten en la mesa de la negociación en la búsqueda de un pacto fiscal que significa cosas muy diferentes para cada uno de ellos. El objetivo gubernamental será –podemos anticipar- el incremento de las recaudaciones sin que se afecte el nivel del gasto público. Es decir, su objetivo es meramente recaudatorio, dada la apremiante realidad fiscal que por hechura propia vive en estos momentos. Cualquier combinación de medidas impositivas que garantice ese objetivo le resulta indiferente al gobierno.

Por otro lado, el sector empresarial –al menos, desde el CONEP- ha planteado que otros criterios deben primar en la estructuración de una nueva reforma fiscal; entre ellos, el control del gasto público, la reorientación y la simplificación del sistema tributario, de manera que se estimule a las actividades productivas y exportadoras. En cierta medida, estos criterios pudieran asociarse con el interés de promover la eficiencia económica. Sin embargo, por las advertencias del CONEP se pudiera interpretar que las posiciones de los distintos gremios empresariales pudieran no coincidir.

El tercer grupo clave lo constituye el de los sindicatos. Sus posiciones -probablemente- estarán haciendo énfasis en los efectos redistributivos que la reforma fiscal pudiera tener y, por lo tanto, presionarán para que el mayor peso de los sacrificios recaiga sobre el sector empresarial. En este contexto, los sindicatos lucen como un grupo con una alta propensión a convertirse en un aliado natural del gobierno en el proceso de negociación.

Si bien los partidos políticos se permean a través de los distintos grupos -gobierno, empresarios y sindicatos- no es menos cierto que tienen sus propias agendas. La oposición tratará de capitalizar los costos políticos que la reforma tendrá para el gobierno, mientras que el partido gobernante y sus aliados maniobrarán para minimizar esos costos políticos. Será una lucha que tendrá como escenario el campo mediático -intelectuales, formadores y deformadores de la opinión pública-, en el que el gobierno -dados sus recursos- tiene amplias ventajas.

¿Y el Congreso? Todo indica que en la búsqueda de legitimidad para la reforma el gobierno necesita pasar su propuesta por el prisma de un pacto fiscal, sustrayendo la discusión de su escenario natural, que es el Congreso. Pero, el poder legislativo, a pesar de su menguado protagonismo, es el recurso de última instancia que tiene el gobierno para imponer una reforma que resulte difícil de negociar.

Lo que está en juego son más de RD$200,000 millones en exenciones fiscales que pudieran sufrir, tras la reforma, una profunda metamorfosis, tanto en su nivel como en su composición. De ese monto, cerca de un tercio corresponde a las exenciones que el ITBIS contempla para los alimentos, la salud y la educación. Es poco probable que estas partidas resulten afectadas. “Que paguen los ricos”, es el grito de batalla. Pero resulta que entre los pobres y los ricos está una maltrecha clase media que terminará siendo la más perjudicada.

Hay quienes -entre los que me incluyo- han visto como una gran oportunidad para el país la realización de una reforma fiscal en la que se reduzcan las tasas, se amplíe la base imponible, se simplifique el sistema tributario y se establezcan mecanismos de control del gasto público. Al parecer esta visión no será la predominante. La correlación de fuerzas entre los grupos negociadores indica que la reforma estará dominada por el objetivo recaudatorio perseguido por el gobierno, en desmedro de los objetivos redistributivos (sindicatos) y de eficiencia económica (empresarios).

Reducir la reforma fiscal a una simple lucha de grupos por la protección de sus intereses particulares es una tragicomedia que nos revela una clase dirigencial que no es capaz de mirar más allá de las urgencias del momento. Y por eso tenemos el país que tenemos.

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Pedro Silverio Alvarez