“Entre 2001 y 2016, ODEBRECHT, junto con sus co-conspiradores, conscientes y voluntariamente conspiraron y acordaron con otros para corruptamente proveer cientos de millones de dólares en pagos y en otros medios de valor para, y en beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, dirigentes de partidos políticos extranjeros y de candidatos políticos extranjeros para asegurar una inapropiada ventaja y para influenciar esos dirigentes oficiales, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo.” Departamento de Justicia de Estados Unidos, diciembre 21, 2016

El 21 de diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Sección de Fraudes, perteneciente a la División de Crímenes, de la oficina de New York dio a conocer el acuerdo alcanzado con la firma Odebrecht, luego de una investigación criminal sobre un esquema de corrupción que dicha empresa implementó con el propósito de obtener y asegurar contratos con el gobierno de Brasil y gobiernos amigos en doce países en distintas regiones del mundo. Se trató de un esquema sumamente sofisticado con graves vinculaciones con el liderazgo político, tanto en Brasil como en los demás países implicados. El punto de conexión político se originaba en la empresa petrolera Braskem –también objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de USA-, en la que Odebrecht posee la mayoría de las acciones, mientras que Petrobras –la empresa petrolera oficial de Brasil- controla el 36% de las acciones de Braskem; empresa ésta que se convirtió en un instrumento de corrupción entre Odebrecht y un gran número de dirigentes políticos brasileños.

Para lograr sus objetivos Odebrecht creó la División de Operaciones Estructuradas -un eufemismo por operaciones de sobornos- que a su vez creó varias compañías -entre las que se cuentan Smith and Nash Engineering, Arcadex (ambas incorporadas en Islas Vírgenes Británicas) y Golac (incorporada en Belice), todas ellas empresas destinadas a canalizar sobornos a funcionarios y a candidatos de los distintos gobiernos involucrados en el esquema de corrupción. irónicamente, mientras Odebrecht operaba este vasto esquema de corrupción, en 2014 -reseña The Economist- la firma consultora McKinsey destacaba que Odebrecht era ejemplo de una empresa cuyo progreso se debía a “principios y valores”, a la vez que una escuela de negocios suiza la consideraba la empresa familiar mejor manejada del mundo.

Al declararse culpable, la empresa brasileña evitó un proceso judicial que pudo haberle costado hasta USD12,000 millones en penalidades, posible encarcelamiento de algunos de sus directivos importantes y la rescisión de los contratos que actualmente tiene en territorio norteamericano; de manera que ante las evidencias recogidas por las autoridades norteamericanas no había otro camino que no fuera reconocer los crímenes cometidos, y asumir una sanción de USD2,600 millones, muy por debajo del mínimo para estos casos.

Las condiciones bajo las cuales Odebrecht ha aceptado su condena abren un gran margen de negociación a la justicia dominicana, ya que el acuerdo con la Sección de Fraudes de NY establece que toda información, testimonio, documentos, récords y cualquier otra evidencia pueden ser puesta a la disposición de gobiernos extranjeros, siempre que dicha Sección lo estime apropiado. Esto pudiera significar que si el gobierno dominicano lo solicitara al Departamento de Justicia podría conseguir todo el material que condujo a la condena de Odebrecht. Pero, además, la colaboración de los funcionarios de esta empresa con las investigaciones que realicen gobiernos extranjeros está prevista en el citado acuerdo; por lo que una renuencia de ellos a colaborar podría considerarse como una ruptura de los compromisos asumidos por Odebrecht con el Departamento de Justicia de USA.

El hecho de que ya estén confirmados los sobornos a funcionarios dominicanos es suficiente evidencia para que el gobierno dominicano proceda a exigir a Odebrecht una reparación económica que podría oscilar entre USD459 y USD918 millones, según los criterios que fueron aplicados por el Departamento de Justicia de USA. Esto no requeriría de un proceso judicial, pues Odebrecht ya ha confesado su culpabilidad. Asimismo, podría conllevar una renegociación del contrato de Punta Catalina -tipo Barrick Gold-, para no mencionar una medida extrema de rescisión de dicho contrato. Sería precipitado asumir que el brazo de las «operaciones estructuradas» no llegó hasta las plantas a carbón. El tema aquí es que el gobierno dominicano se ha mostrado muy tímido a la hora de reclamar con firmeza que Odebrecht responda al daño causado a los intereses nacionales.

Esta timidez contrasta con la extraordinaria eficiencia con que los funcionarios dominicanos lograron definir los niveles de sobornos en relación con los beneficios adicionales logrados por Odebrecht. En promedio simple, los sobornos pagados a los gobiernos extranjeros -fuera de Brasil- representaron un 31% de los beneficios adicionales que obtuvo la empresa brasileña. Por debajo del promedio estuvieron Argentina (13%), Angola (19%), Perú (20%), Colombia (22%), México (27%) y Ecuador (29%); por encima del promedio: Panamá (34) y Guatemala (53%). Los funcionarios dominicanos fueron los más competitivos al lograr un nivel de sobornos del 56%, casi el doble del promedio de la muestra.

Ante una realidad tan apabullante lo mínimo que puede hacer el gobierno es suspender los contratos vigentes hasta tanto Odebrecht revele los detalles y los nombres de los funcionarios dominicanos que tan diligentemente procuraron el mayor porcentaje de soborno. Cuando Estados Unidos los amenazó con cancelar todos sus contratos en territorio norteamericano la firma tuvo que hablar con claridad meridiana. El presente escándalo no se resuelve con un simple control de daño a través de las relaciones públicas; es preciso dejar el circo a un lado y proceder con la responsabilidad que las circunstancias ameritan.

@pedrosilver31

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