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Finanzas públicas
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Responsabilidad fiscal y voluntad política

Con las finanzas públicas en muchas economías en desasosiego y fuertes presiones de mercado, esfuerzos recientes han sido focalizados para fortalecer el marco fiscal y la interacción entre sus principales componentes. La adopción de reglas fiscales ha sido considerada como uno de los componentes que pueden servir como puente hacia una transición para reducir los actuales desbalances fiscales, a la vez que se fortalece la credibilidad de la ruta de consolidación, pero claramente no son una panacea si otros elementos, incluyendo la voluntad política, no están presentes (...). Dado su relativamente alto grado de complejidad, su efectividad dependerá también de la capacidad institucional de cada país. Andrea Schaechter et al., FMI 2012

Es una historia que se repite con innecesaria frecuencia. Al final de un periodo de gobierno las finanzas públicas se deterioran y crean las condiciones para que al inicio del siguiente periodo sea necesaria una nueva reforma fiscal. La lógica política es incuestionable: los sacrificios políticos se asumen al principio del mandato y luego habrá tiempo para recomponer y descomponer. Es un teatro recurrente; si no se hace la reforma –léase, aumento de impuestos- la economía corre el riesgo de desintegrarse; y, obviamente, ante la potencial catástrofe los sacrificios tienen la amarga sensación de un medicamento que es necesario para la salud de la economía. Ya escucharemos las justificaciones.

Pero hemos llegado al presente deterioro fiscal por decisiones acumuladas en los últimos cuatro años. Luego de la reforma recaudatoria de finales de 2012, el nivel del gasto público se mantuvo por encima del nivel anormal que alcanzó en ese año, cuando en realidad debió tomarse como referencia el año 2011 para definir el nivel del gasto público en el 2013. Por ejemplo, dos partidas presupuestarias se han incrementado de manera extraordinaria en los últimos tres años. Una de ellas, los intereses de la deuda registraron un gasto de unos 46 mil millones de pesos en 2012, pero para el 2015 este monto prácticamente se había duplicado, al alcanzar los 87 mil millones de pesos; en el caso de la remuneración a los empleados públicos, en el 2012 se gastaron cerca de 87 mil millones de pesos, cifra que se incrementó hasta alcanzar un monto superior a los 145 mil millones de pesos en el 2015, para un incremento acumulado del 70% en tres años. Estos son ejemplos que ponen de relieve un manejo laxo del presupuesto.

Y naturalmente, después de las votaciones vendrá la reforma, en medio de una cuestionada legitimidad para que nuevos sacrificios sean impuestos a la población o a los sectores productivos. En este sentido, es incorrecto pretender definir una reforma fiscal preguntándonos qué clase de sociedad queremos. Es una verdad de Perogrullo que todos queremos una sociedad desarrollada, con instituciones fuertes, bajos niveles de pobreza y una clase media que sirva de equilibrio social entre los estratos extremos de la pirámide social. El problema es que esa realidad no se define desde un escritorio ni se puede alcanzar por decreto. Por eso, el punto de partida para la reforma fiscal es definir el tipo de economía que queremos y el rol que debe jugar el gobierno -versus sector privado- para alcanzar ese propósito.

Sin embargo, una nueva reforma fiscal no puede -o no debe- realizarse sin que concomitantemente se apruebe una ley de responsabilidad fiscal que ponga límites a la expansión desmedida del gasto público y, consecuentemente, coloque topes a los niveles de endeudamiento; mientras que por el lado tributario se establezca una mayoría calificada para la creación o modificación de las figuras impositivas. Otros indicadores son generalmente incluidos en las leyes de responsabilidad fiscal; así como las sanciones que deberán aplicarse en los casos de violación. De hecho, hace un buen tiempo que fue sometido al Congreso Nacional un proyecto ley que sin dudas puede servir de punto de partida para una discusión abierta del tema. Ha faltado, no obstante, la voluntad política para promover la discusión y aprobación de este tipo de legislación.

Esto no significa que automáticamente se apruebe dicho proyecto tendremos un ejercicio fiscal más responsable; son muchas las leyes que no se cumplen, incluyendo las violaciones a leyes específicas que año tras año quedan consignadas en la ley de presupuesto del Estado. Es por eso que puede resultar un ejercicio inútil el tratar de llenar el vacío de la voluntad política con nuevas leyes que al final quedarían cargadas al inventario de leyes inoperantes. Se trata, pues, de un ejercicio de suprema esperanza versus la triste realidad. Al menos, con una ley de responsabilidad fiscal se tendría un marco de referencia para evaluar -desde un punto de vista normativo- el desempeño de los funcionarios que tienen la responsabilidad de manejar los fondos púbicos apegados a criterios que garanticen la sostenibilidad fiscal, sin que cada cuatro años se haga necesaria una nueva reforma para salvar la patria. Solo falta la voluntad política... casi nada.

@pedrosilver31

Pedrosilver31@gmail.com

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