Piden las pruebas de apatridia a Amnistía Internacional

SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, consideró ayer que el informe de Amnistía Internacional no responde a la verdad, y que más bien esas afirmaciones podrían ser consideradas especulativas y calumniosas en perjuicio del país.

Rosario coincidió con la Dirección Nacional de Pasaportes que, mediante un comunicado enviado a este matutino, solicitó a la entidad que presente las pruebas de casos de apatridia en el país.

“Esta entidad debe presentar de manera responsable los nombres y las informaciones de quiénes ellos dicen que están siendo discriminados, y no despacharse con declaraciones genéricas e irresponsables”, dijo Rosario.

Consideró que el país no puede poner a depender sus políticas migratorias, su definición constitucional ni su ordenamiento jurídico, de la voluntad de otro país, ni de instituciones que respondan a intereses ajenos y contrarios a los del país.

Mientras que la Dirección General de Pasaportes aseguró que Amnistía Internacional “no ha presentado ni podrá presentar un solo caso” que sustente la recomendación que hace en el informe divulgado el miércoles.

“Si realmente el interés de Amnistía Internacional fuera la solución de las presuntas violaciones de las cuales acusa a la Dirección General de Pasaportes, el primer paso es aportar las pruebas de sus alegatos, y hacemos constar que hasta el momento no han sido suministradas”, dice la institución en un comunicado enviado a Diario Libre.

Campaña contra RD

El historiador Manuel Núñez atribuye la afirmación del informe de que en el país sigue la apatridia, a que esta forma parte de una “campaña” sembrada por grupos. “No la hay, porque la Constitución haitiana dice claramente que los hijos de haitianos son haitianos, dondequiera que nazcan”, dijo.

Sobre ese punto, el presidente de la JCE afirma que al parecer quieren crear un capítulo sobre la apatridia, aplicable sólo para la República Dominicana.

Entiende que una población indocumentada se quiere beneficiar de los privilegios para los que están radicados legalmente en el país.

Mariela Mejía