Arroyo Barril espera por salida rockash
Esperan que la comunidad sea recompensada por los daños causados por el material
Diario Libre
Arroyo Barril, Samana. Lo que sienten los residentes en este Distrito Municipal después que escucharon la noticia de que las autoridades sacarán las 27 mil toneladas de rockash que yacen al oeste de su puerto es una mezcla de felicidad y desconfianza.
Están contentos porque su lucha de dos años comienza a dejar frutos. Pero la espera ha sido tan larga que ha provocado el crecimiento del escepticismo en muchos de sus moradores. "Nos sentimos bien con la idea (salida del rockash). Lo que ocurre es que aun así uno tiene el temor, porque aquí las cosas que son justas se hacen muy lentas", destaca Icelso Fermín, vicepresidente del Comité de Salud de la clínica rural y representante de la iglesia Católica.
Las protestas protagonizadas la semana pasada en la comunidad de Palenque, señalada por la Secretaría de Medio Ambiente como destino final de las cenizas de Arroyo Barril, también han puesto a dudar a algunos que estaban confiados.
Ahora las expectativas de la población están centradas en la fecha en que sacarán el material. La Secretaría de Medio Ambiente aún no ha revelado públicamente cuando comenzarán a trasladar los desechos. El miedo es que el proceso de traslado se pueda tomar años.
Las 27 toneladas de rockash que yacen en Arroyo Barril fueron trasladadas desde la planta termoeléctrica de AES Corporation en Guayama, Puerto Rico, en el año 2003.
Actualmente, sobre la multinacional pesa una querella formal en un tribunal del estado de Virginia, Estados Unidos. República Dominicana, que ha puesto la querella, pide una compensación mínima de US$80 millones por los daños causados a la salud, la economía y el medio ambiente de las comunidades que fueron usadas como depósito del rockash. Aquí en el país también hay procesos judiciales contra tres personas, entre ellos dos ex funcionarios del pasado Gobierno, a quienes se responsabiliza de haber dado el visto bueno a la entrada del material a los puertos de Manzanillo, en Montecristi, y el de Arroyo Barril en Samaná.
Problemas de salud persisten
Aunque ya no en la magnitud inicial, los residentes en Arroyo Barril, específicamente de El Botao, lugar donde está el muelle, aseguran que los problemas de salud atribuidos al rockash aún están presentes. Fermina de los Santos, que vive a menos de 200 metros de donde están depositadas las cenizas, asegura que su nieta de 15 meses es el mejor ejemplo de lo que dicen. Afirma que la suavidad que tenía la piel de la niña cuando nació jamás ha vuelto a sentirse producto de las constantes erupciones que les salen en el cuerpo.
Pero no sólo los infantes padecen las supuestas secuelas del rockash. Adultos que trabajan en las cercanías del puerto aseguran que sufren constantemente de gripe debido a la polvareda que se levanta de las cenizas.
Edward Ortiz, médico de la policlínica Arroyo Barril, fue cauteloso al opinar sobre las enfermedades atribuidas al rockash. Dice que en las enfermedades más comunes que se producen en el pueblo: diarrea, afecciones cutáneas y respiratorias, se deben a otros factores, como la no recogida de la basura y la falta de higiene personal y en el hogar.
Todo el peso de la ley
Aparte de que se lleven las cenizas, la comunidad de Arroyo Barril tiene otro anhelo. Y este es que quienes trajeron el material paguen por las faltas cometidas. Enrique Fermín, como otros de sus vecinos, aboga porque les caiga todo el peso de la ley.
L recompensa
Tanto el senador por la provincia Samaná, Ramiro Espino, como los residentes en Arroyo Barril, consideran que la comunidad debe ser resarcida por los daños generados por el rockash. Aspiran a que esa recompensa sea de índole social, es decir una obra que pueda beneficiar a toda la población. Hablan de algo tan sencillo como una ambulancia para trasladar a un enfermo o una extensión de la universidad.
Traslado del rockash no afectará la salud
SD. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, garantizó a las comunidades próximas a las plantas cementeras donde será incinerado el rockash, que no sufrirán daños en su salud porque el traslado del material se hará atendiendo a los más altos estándares de seguridad ambiental.
Según el funcionario, lo que se quiere hacer es librar a Montecristi y Samaná de ese mal, sin afectar a los ciudadanos.
Pidió a Palenque y Nizao que estén tranquilos, que no pierdan el sueño porque se están analizando y tomando las medidas de lugar para adoptar una posición final.
Están contentos porque su lucha de dos años comienza a dejar frutos. Pero la espera ha sido tan larga que ha provocado el crecimiento del escepticismo en muchos de sus moradores. "Nos sentimos bien con la idea (salida del rockash). Lo que ocurre es que aun así uno tiene el temor, porque aquí las cosas que son justas se hacen muy lentas", destaca Icelso Fermín, vicepresidente del Comité de Salud de la clínica rural y representante de la iglesia Católica.
Las protestas protagonizadas la semana pasada en la comunidad de Palenque, señalada por la Secretaría de Medio Ambiente como destino final de las cenizas de Arroyo Barril, también han puesto a dudar a algunos que estaban confiados.
Ahora las expectativas de la población están centradas en la fecha en que sacarán el material. La Secretaría de Medio Ambiente aún no ha revelado públicamente cuando comenzarán a trasladar los desechos. El miedo es que el proceso de traslado se pueda tomar años.
Las 27 toneladas de rockash que yacen en Arroyo Barril fueron trasladadas desde la planta termoeléctrica de AES Corporation en Guayama, Puerto Rico, en el año 2003.
Actualmente, sobre la multinacional pesa una querella formal en un tribunal del estado de Virginia, Estados Unidos. República Dominicana, que ha puesto la querella, pide una compensación mínima de US$80 millones por los daños causados a la salud, la economía y el medio ambiente de las comunidades que fueron usadas como depósito del rockash. Aquí en el país también hay procesos judiciales contra tres personas, entre ellos dos ex funcionarios del pasado Gobierno, a quienes se responsabiliza de haber dado el visto bueno a la entrada del material a los puertos de Manzanillo, en Montecristi, y el de Arroyo Barril en Samaná.
Problemas de salud persisten
Aunque ya no en la magnitud inicial, los residentes en Arroyo Barril, específicamente de El Botao, lugar donde está el muelle, aseguran que los problemas de salud atribuidos al rockash aún están presentes. Fermina de los Santos, que vive a menos de 200 metros de donde están depositadas las cenizas, asegura que su nieta de 15 meses es el mejor ejemplo de lo que dicen. Afirma que la suavidad que tenía la piel de la niña cuando nació jamás ha vuelto a sentirse producto de las constantes erupciones que les salen en el cuerpo.
Pero no sólo los infantes padecen las supuestas secuelas del rockash. Adultos que trabajan en las cercanías del puerto aseguran que sufren constantemente de gripe debido a la polvareda que se levanta de las cenizas.
Edward Ortiz, médico de la policlínica Arroyo Barril, fue cauteloso al opinar sobre las enfermedades atribuidas al rockash. Dice que en las enfermedades más comunes que se producen en el pueblo: diarrea, afecciones cutáneas y respiratorias, se deben a otros factores, como la no recogida de la basura y la falta de higiene personal y en el hogar.
Todo el peso de la ley
Aparte de que se lleven las cenizas, la comunidad de Arroyo Barril tiene otro anhelo. Y este es que quienes trajeron el material paguen por las faltas cometidas. Enrique Fermín, como otros de sus vecinos, aboga porque les caiga todo el peso de la ley.
L recompensa
Tanto el senador por la provincia Samaná, Ramiro Espino, como los residentes en Arroyo Barril, consideran que la comunidad debe ser resarcida por los daños generados por el rockash. Aspiran a que esa recompensa sea de índole social, es decir una obra que pueda beneficiar a toda la población. Hablan de algo tan sencillo como una ambulancia para trasladar a un enfermo o una extensión de la universidad.
Traslado del rockash no afectará la salud
SD. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, garantizó a las comunidades próximas a las plantas cementeras donde será incinerado el rockash, que no sufrirán daños en su salud porque el traslado del material se hará atendiendo a los más altos estándares de seguridad ambiental.
Según el funcionario, lo que se quiere hacer es librar a Montecristi y Samaná de ese mal, sin afectar a los ciudadanos.
Pidió a Palenque y Nizao que estén tranquilos, que no pierdan el sueño porque se están analizando y tomando las medidas de lugar para adoptar una posición final.
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