Articulación Campesina demanda del Gobierno plan de emergencia agropecuaria

La Articulación Nacional Campesina (ANC) demandó del Gobierno asumir un plan de emergencia agropecuaria para dar apoyo específico a pequeños y medianos productores y campesinado sin tierra, afectados por las graves inundaciones y sequía de años recientes y empeorados tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Indicó que, en los dos últimos años, las fuertes inundaciones y la prolongada sequía que afectaron varias regiones del país diezmaron grandes plantaciones de banano, tomates, vegetales, arroz y otros cultivos, mientras miles de pequeños y medianos productores pecuarios vieron morir sus crianzas bovinas, porcinas, avícolas y caprinas por escasez de agua y alimentos, ascendiendo a más de cinco mil millones de pesos las pérdidas que sufrieron, siendo rematados ahora por la reducción a su mínima expresión de la actividad comercial y productiva en el territorio nacional.

De igual manera, aseguraron que la FAO y el Gobierno dominicano han reconocido y establecido la importancia ecológica, social, cultural y económica de la agricultura familiar campesina como fuente de producción de los alimentos que consume la mayoría de la población rural y urbana, estimando que “representan alrededor del 80 % de las unidades agropecuarias en la República Dominicana”.

Manejo sostenible

Así mismo se ha establecido su importante contribución al manejo sostenible de los recursos naturales, a la seguridad, soberanía alimentaria y nutricional de la nación, como a la generación de empleos para mitigar la pobreza rural y conservación de tradiciones culturales en materia agropecuaria.

En tal sentido, el precenso agropecuario realizado en el 2015 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de Agricultura y apoyado por la FAO y Unión Europea estableció que alrededor de 279 mil productores tienen parcelas con extensión entre una y 70 tareas, lo que demuestra el peso social que tiene este sector.

La misma investigación arrojó, que para ese año 2015, el 12.3% (550 mil personas), del total de la Población Económicamente Activa de RD (5 millones 100 mil personas), trabajaba en la actividad agropecuaria, lo que destaca su contribución significativa a la generación de empleos.

Pese a los aportes de los pequeños y medianos productores agropecuarios a la economía nacional, la zona rural sigue "siendo la que padece mayor nivel de exclusión social y económica, manteniendo las desventajas en el acceso a infraestructura y servicios públicos básicos como salud, agua potable, educación, comunicación terrestre y tecnología, por lo que siguen siendo altas las tasas de pobreza y miseria y bajos los índices de desarrollo humano debido a la baja inversión de capital y social del gobierno".

"El Estado no ha cumplido con la asignación de recursos, ni ha implementado políticas públicas para apoyar e incentivar la agricultura familiar, tal como ha establecido el Comité Nacional de Agricultura Familiar integrado por las instituciones gubernamentales del sector agropecuario, organismos de cooperación como FAO y la ANC, entre otras organizaciones campesinas.

"Reconocemos como correctas las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina para comenzar a remediar los impactos económicos generados por la pandemia, pero son insuficientes y excluyentes, ya que los pequeños y medianos productores hemos sido ignorados", añadió en un comunicado.

"No se ha considerado que los agricultores familiares y campesinos no tenemos capital propio para invertir, no somos empleados formales, ni cotizamos a la TSS, por lo que la mayoría de quienes laboramos como productores supuestamente independientes, asalariados o bajo contratos de producción con empresas agroindustriales, no tenemos ninguna protección frente a la presente crisis, pero tampoco el programa FASE (Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado) anunciado por el gobierno incluyó al sector agropecuario", precisó.

Destacó que erente a esta realidad de crisis y desamparo en que se encuentran los pequeños, medianos productores y campesinado sin tierra, la Articulación Nacional Campesina propone al gobierno en esta coyuntura especial, la inmediata aprobación de un plan de emergencia para recuperar y relanzar nuestro aparato productivo nacional agropecuario, para lo cual proponemos las siguientes medidas:

1-Aprobar y ejecutar de inmediato un Programa Nacional de Apoyo masivo a la agricultura familiar para la producción de alimentos de ciclo corto de cara a garantizar la seguridad, soberanía alimentaria y nutricional, suspendiendo la importación de productos que pudiésemos producir en el país. Este Programa Nacional de Apoyo Agropecuario implica entre otras acciones:

1.1-Desarrollar una campaña de preparación de tierras, suministro de semillas y material de siembra en coordinación con los grupos focales de las regionales agropecuarias integrados por las organizaciones campesinas, Ongs vinculadas al sector y las instituciones públicas del agro.

1.2-Iniciar un plan de reparación y construcción de infraestructuras de riego, incluyendo perforación de pozos, instalación y reparación de electrobombas; construir reservorios, canales de riego, orientado a mejorar la producción, elevar la productividad y eficientizar el recurso agua.

1.3-Capitalizar el Banco Agrícola para Implementar un programa de facilidades crediticias a la producción, a tasas de interés blando, abandonando los trámites burocráticos y con plazo no menor de dos años.

1.3.1-Condonación de deudas que se compruebe que hayan sido provocadas por pérdida de la producción debido a factores involuntarios como sequía, inundaciones, presencia de plagas, enfermedades y otros fenómenos naturales.

1.4-Recuperar el programa de extensión agropecuaria para que personal técnico pueda dar asistencia, monitorio y supervisión de la producción en coordinación con las organizaciones campesinas.

1.5- Apoyo especial con fondos del Banco Agrícola para los pequeños y medianos proyectos agropecuarios de la mujer rural, especialmente a las asociadas en cooperativas y asociaciones de producción, garantizando la debida asesoría técnica para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas productivas.

1.6- Establecer un programa de compra de producción agropecuaria a pequeños y medianos productores para garantizar venta a precios justos, suplir las compras públicas que demanden las instituciones y disminuir la especulación de intermediarios. Para tales fines proponemos que sea rescatado y re-orientado el Inespre en base a un acuerdo con las organizaciones.

El documento fue firmado por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), la Federación de Caficultrores de la Región Sur (Fedecares), Federación de Campesinos Independientes Mama Tingó (Fecainmat), Cooperativa Unión y Progreso de Monte Plata y el Movimiento de Campesinos Trabajadores “Las Comunidades Unidas” (MCCU).

De igual forma, la Federación de organizaciones Campesina y de Mujeres Campesinas de Ocoa, las Asociación Central de Agricultores Luz y Esperanza de Nagua (Acalen), la Federación de Mujeres Campesinas Mama Tigo de Nagua, la Junta de Asociaciones Campesinas de Samaná (Jacasa), la Unión de Federaciones Campesinas de Cotui, la Federación de Productores del Bosque Seco del Suroeste (Feprobosur).

Pero además, la Federación Urbana y Campesina Mama Tingó de San Francisco de Macorís, la Confederación Campesina y Barrial, la Coordinadora de Juntas Campesinas de Padre las Casas, la Junta La Altagracia-Higuey, la Federación debajo Yuna (Faly), la Alianza Campesina – Puerto Plata, la Junta de asociaciones Henry Zegarra, la Asociación de la Comunidad Migrante Dominico Haitiano (ACMDH) y la Unidad regional Campesina-Cibao Norte.

Diario Libre

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