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Corrupción
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Auditorías de Cámara de Cuentas confirman faltas de exservidores públicos

Castillo no respetó normas en compra de AC-30; fueron halladas “botellas” y nepotismo en Fonper

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Auditorías de Cámara de Cuentas confirman faltas de exservidores públicos
La Cámara de Cuentas realizó las auditorías a solicitud de la Pepca. (DIARIO LIBRE)

Las recientes auditorías de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) muestran las supuestas aberraciones de los exservidores públicos en las instituciones que administraron, como el Ministerio de Obras Públicas, que fue administrada por Gonzalo Castillo y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a cargo de Fernando Rosa.

El órgano supervisor de los recursos públicos colgó en su página web las anomalías en los contratos para la adquisición del material asfáltico AC-30 con la empresa General Supply Corporation.

Según la investigación, hubo una variación entre AC-30 importado en comparación con el facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, a un costo de RD$359,712,488. Además, se encontró anomalía en el pago, sin evidencia, RD$3,500,000,000, por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.

Mal manejo del Fonper

Entre las faltas de Fernando Rosa en el Fonper la Cámara de Cuentas verificó que durante el 2012 y 2020, se pagaron RD$259,515,730 a empleados que no asistieron a la institución, así como el hallazgo de una diferencia en las nóminas físicas subidas al portal del Fonper con las suministradas a las auditorías, lo que muestra una variación de RD$150,517,816.

En el caso específico del personal militar, se verificó que se pagó RD$29,418,470 a 37 militares que no acudieron a trabajar.

Además, el presidente Fernando Rosa y la vicepresidenta Carmen Magalys Medina, quienes están vinculados al caso Antipulpo, se autoliquidaron con RD$6,042,264 y RD$3,931,156, respectivamente, una franca violación a la Ley 41-08 de Función Pública, que señala que al presidente y vicepresidente no les tocan prestaciones laborales. Además, se detectaron otras faltas.

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De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.