BC acusa a dos ejecutivos de Bancrédito y GFN de mantener un banco paralelo
La querella establece que los valores distraídos hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 MM
Diario Libre
Santo Domingo. El equipo de abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyó ayer en parte civil contra Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, representantes del Grupo Financiero Nacional y de Bancrédito, respectivamente. Pellerano es presidente de Omnimedia que edita este diario y la revista Rumbo.
De acuerdo con los argumentos de la querella, ambos ejecutivos habrían incurrido en falsedad de escritura pública, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza, alteración y manipulación de datos y documentos para desviar la fiscalización e investigación monetaria, entre otros delitos.
El traspaso de Bancrédito y algunas de sus subsidiarias al Banco Profesional,S.A., permitió, según argumentan los abogados, trasparentar informaciones que supuestamente fueron falseadas por la anterior directiva del banco.
Pellerano y Mendoza habían garantizado al Banco Central, que proporcionó RD$20,000 millones en facilidades y recursos, que los montos respaldados que se derivaban de la cartera vinculada del Grupo Financiero Nacional no excedería los RD$10,600 millones y los US$156 millones.
Los ejecutivos del Banco Profesional, S.A, adquirientes de las acciones del Grupo Bancrédito, S.A., encontraron un activo defectuoso de US$298.1 millones.
La firma de auditores KPMG, en un informe contable entregado el 3 de octubre señaló 26 puntos de reserva a Bancrédito y reveló que no pudo cumplir con el cometido de la investigación porque los ejecutivos no le suministraron las informaciones requeridas. KPMG había sido elegida y contratada por el Grupo Financiero Nacional durante el proceso de traspaso.
[b]- Las vinculadas[/b]
Las autoridades Monetarias cuestionan que las operaciones de financiamiento de Bancrédito a favor de sus empresas vinculadas ascendieran durante los primeros cinco meses de 2003 a RD$10,321 millones. "De acuerdo a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2002, Bancrédito sólo registra créditos a vinculadas por RD$278.4 millones", argumenta el consejo de abogados.
La querella señala que los activos y pasivos de Bancrédito, a pesar de su crítica situación financiera, se incrementaron considerablemente.
Entre el 12 y el 14 de junio de 2003, sus activos pasaron de RD$16,864.6 millones a RD$25,546.2 millones, mientras que sus pasivos crecieron RD$10,976.2 millones. "Esto evidencia que los antiguos ejecutivos de Bancrédito procedieron a registrar los activos y pasivos que tenían fuera de libro", afirman.
De igual manera, la cartera de crédito y algunos de los activos incrementaron sus balances en RD$3,080.4 millones, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2003, para favorecer a empresas vinculadas a los principales ejecutivos de Bancrédito: Tricom, Segna, S.A. y Telecable.
[b]- En un día.[/b]
Los abogados destacan que el mismo día en que se anunciaron las negociaciones con el Banco Profesional, el 13 de junio de 2003, los activos se incrementaran en RD$1,609.2 millones. Según los abogados, Bancredicayman, LTD fue beneficiada con desvíos fraudulentos de fondos de RD$4,542.1 millones, el Bancrédito Panamá, S.A., con RD$1,408.7 millones y Segna, S.A., con RD$1,646 millones.
[b]-Lazos con Panamá[/b]
El 1 de septiembre de 2003 las autoridades panameñas cancelaron la licencia en virtud de la cual operaba en ese territorio Bancrédito Panamá, S.A., parte de la denominada banca "off shore" ligada a Bancrédito.Estas argumentaron que en julio de 2003 la cartera de préstamos clasificados con la categoría de "subnormal, dudosos e irrecuperables" en Bancrédito Panamá, S.A. aumentaron un 163% y los préstamos vencidos se incrementaron en 795%.
Según la querella, los valores distraídos fraudulentamente del banco hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 millones. "Ese monto era otorgado a través de sobregiros en cuentas de cheques, desprovistas de fondos y evidentemente de cualquier garantía", comentan. El 30 de octubre de 2003, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a adquirir de Bancrédito, S.A. activos provenientes de empresas vinculadas a los antiguos propietarios por un monto de hasta US$101 millones.
Las negociaciones entre el Grupo León Jimenes y Bancrédito concluyeron el 12 de junio con la adquisición de la entidad crediticia por el Banco Profesional. Las negociaciones estuvieron precedidas de reuniones entre los antiguos propietarios, los adquirientes y los organismos regulatorios del sistema. Como consta en un comunicado emitido por el Grupo León Jimenes, el resultado del proceso es la conformación del Grupo Profesional-Bancrédito, integrado por las empresas Bancrédito, Bancredicard, Compañía Nacional de Arrendamiento (CONARESA), Puesto de Bolsa Acciones y Valores (ACYVAL), Compañía Nacional de Seguridad (CONASE) y Recaudadora de Valores Tropical (RVT).
[b]Las acusaciones del Banco Central y la Superintendencia de Bancos[/b]
[b]n 1. Falsedad en escritura pública. [/b]
a) Alteración de informaciones en los estados financieros presentados por los ex funcionarios de Bancrédito a las autoridades monetarias y financieras.
b) Reconocimiento de activos ocultos o no registrados y contingencias que implican la existencia de un banco paralelo para encubrir operaciones dolosas.
(Art. 147 del Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de trabajos públicos)
[b]n 2. Uso de documentos falsos. [/b]
Uso, con fines lucrativos, de estados financieros e informes contables falseados a través de sociedad comerciales constituidas en y fuera del país.
(Art. 148 del Código Penal establece pena de prisión)
[b]n 3. Crimen de estafa calificada.[/b]
Maniobras fraudulentas para ocultar la real situación financiera de Bancrédito induciendo a errores de apreciación a las autoridades monetarias y financieras.
(Art. 405 del Código Penal establece prisión correccional de seis meses hasta dos años, y multa de RD$20,000 a RD$200,000)
[b]n 4. Abuso de confianza.[/b]
Distracción de más de RD$20,000 millones de los adelantos y redescuentos del Banco Central para capitalizar a sus empresas vinculadas.
(Art. 408 del Código Penal establece penas de prisión correccional de uno a dos años y multas no menores de RD$50,000)
[b]n 5. Alteración de datos para desviar la fiscalización e investigación de las autoridades bancarias, financieras y monetarias.[/b]
(Art. 80 de la Ley 183-02 establece penas de tres a 10 años y multas de RD$500,000 a RD$2.5 millones)
De acuerdo con los argumentos de la querella, ambos ejecutivos habrían incurrido en falsedad de escritura pública, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza, alteración y manipulación de datos y documentos para desviar la fiscalización e investigación monetaria, entre otros delitos.
El traspaso de Bancrédito y algunas de sus subsidiarias al Banco Profesional,S.A., permitió, según argumentan los abogados, trasparentar informaciones que supuestamente fueron falseadas por la anterior directiva del banco.
Pellerano y Mendoza habían garantizado al Banco Central, que proporcionó RD$20,000 millones en facilidades y recursos, que los montos respaldados que se derivaban de la cartera vinculada del Grupo Financiero Nacional no excedería los RD$10,600 millones y los US$156 millones.
Los ejecutivos del Banco Profesional, S.A, adquirientes de las acciones del Grupo Bancrédito, S.A., encontraron un activo defectuoso de US$298.1 millones.
La firma de auditores KPMG, en un informe contable entregado el 3 de octubre señaló 26 puntos de reserva a Bancrédito y reveló que no pudo cumplir con el cometido de la investigación porque los ejecutivos no le suministraron las informaciones requeridas. KPMG había sido elegida y contratada por el Grupo Financiero Nacional durante el proceso de traspaso.
[b]- Las vinculadas[/b]
Las autoridades Monetarias cuestionan que las operaciones de financiamiento de Bancrédito a favor de sus empresas vinculadas ascendieran durante los primeros cinco meses de 2003 a RD$10,321 millones. "De acuerdo a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2002, Bancrédito sólo registra créditos a vinculadas por RD$278.4 millones", argumenta el consejo de abogados.
La querella señala que los activos y pasivos de Bancrédito, a pesar de su crítica situación financiera, se incrementaron considerablemente.
Entre el 12 y el 14 de junio de 2003, sus activos pasaron de RD$16,864.6 millones a RD$25,546.2 millones, mientras que sus pasivos crecieron RD$10,976.2 millones. "Esto evidencia que los antiguos ejecutivos de Bancrédito procedieron a registrar los activos y pasivos que tenían fuera de libro", afirman.
De igual manera, la cartera de crédito y algunos de los activos incrementaron sus balances en RD$3,080.4 millones, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2003, para favorecer a empresas vinculadas a los principales ejecutivos de Bancrédito: Tricom, Segna, S.A. y Telecable.
[b]- En un día.[/b]
Los abogados destacan que el mismo día en que se anunciaron las negociaciones con el Banco Profesional, el 13 de junio de 2003, los activos se incrementaran en RD$1,609.2 millones. Según los abogados, Bancredicayman, LTD fue beneficiada con desvíos fraudulentos de fondos de RD$4,542.1 millones, el Bancrédito Panamá, S.A., con RD$1,408.7 millones y Segna, S.A., con RD$1,646 millones.
[b]-Lazos con Panamá[/b]
El 1 de septiembre de 2003 las autoridades panameñas cancelaron la licencia en virtud de la cual operaba en ese territorio Bancrédito Panamá, S.A., parte de la denominada banca "off shore" ligada a Bancrédito.Estas argumentaron que en julio de 2003 la cartera de préstamos clasificados con la categoría de "subnormal, dudosos e irrecuperables" en Bancrédito Panamá, S.A. aumentaron un 163% y los préstamos vencidos se incrementaron en 795%.
Según la querella, los valores distraídos fraudulentamente del banco hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 millones. "Ese monto era otorgado a través de sobregiros en cuentas de cheques, desprovistas de fondos y evidentemente de cualquier garantía", comentan. El 30 de octubre de 2003, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a adquirir de Bancrédito, S.A. activos provenientes de empresas vinculadas a los antiguos propietarios por un monto de hasta US$101 millones.
Las negociaciones entre el Grupo León Jimenes y Bancrédito concluyeron el 12 de junio con la adquisición de la entidad crediticia por el Banco Profesional. Las negociaciones estuvieron precedidas de reuniones entre los antiguos propietarios, los adquirientes y los organismos regulatorios del sistema. Como consta en un comunicado emitido por el Grupo León Jimenes, el resultado del proceso es la conformación del Grupo Profesional-Bancrédito, integrado por las empresas Bancrédito, Bancredicard, Compañía Nacional de Arrendamiento (CONARESA), Puesto de Bolsa Acciones y Valores (ACYVAL), Compañía Nacional de Seguridad (CONASE) y Recaudadora de Valores Tropical (RVT).
[b]Las acusaciones del Banco Central y la Superintendencia de Bancos[/b]
[b]n 1. Falsedad en escritura pública. [/b]
a) Alteración de informaciones en los estados financieros presentados por los ex funcionarios de Bancrédito a las autoridades monetarias y financieras.
b) Reconocimiento de activos ocultos o no registrados y contingencias que implican la existencia de un banco paralelo para encubrir operaciones dolosas.
(Art. 147 del Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de trabajos públicos)
[b]n 2. Uso de documentos falsos. [/b]
Uso, con fines lucrativos, de estados financieros e informes contables falseados a través de sociedad comerciales constituidas en y fuera del país.
(Art. 148 del Código Penal establece pena de prisión)
[b]n 3. Crimen de estafa calificada.[/b]
Maniobras fraudulentas para ocultar la real situación financiera de Bancrédito induciendo a errores de apreciación a las autoridades monetarias y financieras.
(Art. 405 del Código Penal establece prisión correccional de seis meses hasta dos años, y multa de RD$20,000 a RD$200,000)
[b]n 4. Abuso de confianza.[/b]
Distracción de más de RD$20,000 millones de los adelantos y redescuentos del Banco Central para capitalizar a sus empresas vinculadas.
(Art. 408 del Código Penal establece penas de prisión correccional de uno a dos años y multas no menores de RD$50,000)
[b]n 5. Alteración de datos para desviar la fiscalización e investigación de las autoridades bancarias, financieras y monetarias.[/b]
(Art. 80 de la Ley 183-02 establece penas de tres a 10 años y multas de RD$500,000 a RD$2.5 millones)
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