Bonao condena a políticos de la pasada gestión por supuesta corrupción

A 30 años de prisión de manera simbólica, fueron condenados este domingo varios dirigentes políticos de la gestión de gobierno pasado, acusados de haber propiciado la quiebra en las finanzas públicas de Monseñor Nouel, mientras se le ordenó devolver los recursos supuestamente sustraídos irregularmente.

Se trata de una alegoría al reclamo social de justicia contra la corrupción, que han acuñado los movimientos sociales Marcha Verde y el Comité de Defensa de Monseñor Nouel.

Estos colectivos, junto a sus representantes en distintas provincias del país, se manifestaron al pie del Monumento a los Héroes de Bonao, en la calle que honra a la líder campesina Aniana Vargas. Llevando toga y birrete, el activista Pablo Martínez dictó y motivó la sentencia en la que sostuvo que los alegados culpables violaron la Constitución de la República, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y otras legislaciones.

Los llevados al banquillo de acusados fueron el exsenador de esa provincia, Félix María Paulino Nova; Diego Martínez, exdirector ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel; Valentín de Jesús Marte, tesorero de ese consejo; Orlando Jorge Mera, actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el doctor Darío Rodríguez, exalcalde de Bonao, quienes recibieron una condena de 30 años y que cumplirían en la cárcel del 15 de Azua.

La ex diputada nacional, Guadalupe Valdez, recordó cuando el verde esperanza que simboliza a Marcha Verde, anhelando un cambio en el proceder político, aglutinó en 2017 a mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, también a campesinos, empresarios, comerciantes, amas de casa y obreros, para reclamar por primera vez, de manera masiva, el cese de la corrupción y la impunidad.

Deploró que en Monseñor Nouel, a pesar de sus riquezas naturales y del trabajo de mujeres y hombres, solo el 68 % de la población recibe agua potable, lo cual atribuye a la corrupción rampante de los pasados gobiernos. Detalló que, en 2019, Monseñor Nouel fue la provincia número 24 de 32 en inversión pública con un indicador per cápita de 2,628 pesos.

Adalgisa Jiménez, activista de Marcha Verde, dijo que esa provincia ha sido una de las más afectadas por el despilfarro del dinero público. Reclamó a las autoridades pasadas ofrecer al pueblo información sobre el gasto de más de $2,000 millones de pesos en la restauración de La Voz del Yuna, Bellas Artes, en Ecoturismo y el hospital móvil, cuyos recursos fueron manejados por el Consejo de Desarrollo.

Las sendas comunicaciones que enviaron al exsenador no recibieron respuesta alguna durante todos los períodos que tuvo como representante en el Congreso, indicó Pablo Martínez, quien resaltó que la condena social que le imponen es un mensaje al gobierno de Luis Abinader para que accione en defensa del pueblo.

Monseñor Nouel, que dicen fue saqueada, debe vivir un cambio a nivel de sus actores en la justicia, reclamaron, a fin de que se le dé respuesta a la muerte de 33 personas, cuyas investigaciones han quedado en el limbo.

“Que no solo se sometan los casos del Distrito Nacional, queremos que esa justicia independiente llegue a todas las provincias del país, para entonces tener garantizada una nueva vida, porque estamos cansados de lo mismo” dijo la activista Ramona Frías.

Comisiones del movimiento llegaron en respaldo a la manifestación desde las provincias Peravia, Espaillat, La Vega, Santiago y otros pueblos.

“En Bani somos la cuna de la corrupción más grande que ha pasado en nuestro país y fue Punta Catalina” planteó Salvador Soto.

El movimiento también expresó su respaldo a la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, por su coherencia y respuesta atinada al reclamo de justicia, destacó el dirigente de Marcha Verde y del Movimiento Los Peregrinos de Moca, Juan Comprés.

Sin embargo, el 31 de mayo Moca saldrá a las calles a manifestarse contra los tropiezos que, dicen, Germán Brito tiene en las instancias judiciales. Adelantó que se pronunciarán contra esos fiscales que atropellan y violan los derechos de la ciudadanía en Espaillat.

Yomaira del Rosario