×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Inundaciones
Inundaciones

Inundaciones en RD: ¿Quién protege a los ciudadanos antes de la adquisición de una vivienda?

Las recientes lluvias causaron inundaciones y problemas de filtraciones en torres de apartamentos.

El expresidente del Codia, Teodoro Tejada, explica que las inundaciones en torres responden a fallas estructurales y de diseño en el manejo del drenaje pluvial.

Expandir imagen
Inundaciones en RD: ¿Quién protege a los ciudadanos antes de la adquisición de una vivienda?
Zona de apartamentos inundada tras las recientes lluvias en el Gran Santo Domingo. (ARCHIVO)

Vivir en la ciudad de Santo Domingo no garantiza a sus residentes quedar exentos de los efectos de las intensas lluvias, especialmente en sus viviendas, que pueden sufrir daños como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de las aguas.

Esta situación se ha vuelto recurrente y afecta tanto a sectores vulnerables como a comunidades del polígono central cuando el territorio nacional es impactado por fuertes aguaceros.

Tras las persistentes lluvias del miércoles 8 de abril, se volvieron a registrar edificaciones anegadas, especialmente en el Distrito Nacional, donde múltiples parqueos soterrados quedaron completamente inundados, ocasionando daños en cientos de vehículos.

A esto se suman reportes de filtraciones en apartamentos, donde el agua logró penetrar hasta los espacios habitables.

Según el ingeniero Teodoro Tejada, las inundaciones en torres responden a fallas estructurales y de diseño en el manejo del drenaje pluvial en la ciudad, la cual, a su juicio, carece de un sistema general de interconexión que limite los efectos de las lluvias.

"Este es el único país del mundo donde el polígono central se inunda", expresó el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia). Al conversar con periodistas de Diario Libre, destacó además que muchos edificios, a pesar de contar sistemas de filtrantes internos, colapsan con facilidad debido a la acumulación de basura.

En ese sentido, afirmó que las torres habitacionales carecen de un sistema de drenaje eficiente que garantice la correcta circulación del agua.

"Se está dejando que toda el agua baje directamente a la torre, y hay edificaciones con hasta cuatro niveles de parqueos soterrados. Cuando se acumula toda esa agua junto con la basura, se evidencia un alto nivel de deficiencia", enfatizó.

Tejada también señaló que los imbornales no reciben un mantenimiento eficaz para prevenir situaciones de inundación.

En ese sentido, consideró que se requiere una actualización urgente del diseño urbano y de la infraestructura pluvial, que se adapte a los efectos del cambio climático.

El experto sostuvo que la problemática no solo representa pérdidas materiales, sino también riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, debido a la proliferación de enfermedades asociadas a las inundaciones.

¿Quién protege a los ciudadanos antes de la adquisición?

Ante los daños producidos por las lluvias en edificios habitacionales, el ingeniero Teodoro Tejada afirmó que el Estado está fallando en su tarea de fiscalización para garantizar la seguridad y sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo.

El especialista recordó que la Ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), establece en su artículo 6 que esta entidad no solo tiene la facultad de aprobar licencias de construcción, sino también la responsabilidad de supervisar y hacer cumplir los reglamentos correspondientes.

Asimismo, subrayó que la propia Constitución dominicana garantiza la dignidad humana, la cual, a su parecer, se ve afectada cuando las inversiones en viviendas y propiedades resultan dañadas por fenómenos atmosféricos.

Pro Consumidor puede ordenar reparación de apartamentos afectados 

Las quejas relacionadas con vicios de construcción en torres de apartamentos se reciben de manera constante ante el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), no sólo durante eventos de lluvias intensas, sino como parte de denuncias recurrentes dentro del período de garantía de los inmuebles.

Así lo explicó a Diario Libre el titular de la entidad, Eddy Alcántara, quien detalló que el proceso suele iniciar con una fase de conciliación entre el comprador y la constructora, en la cual, según afirmó, "en el 90 % de los casos las partes logran llegar a un acuerdo".

No obstante, en caso de no lograrse conciliación, explicó que la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor puede emitir una resolución que, si determina responsabilidad del desarrollador, ordena la reparación de los daños en el inmueble.

"En caso contrario, pues la Dirección Ejecutiva emite pues una resolución dirimente, en la que, si ha lugar y ciertamente corresponde a responsabilidad del desarrollador, se ordena reparar el daño del inmueble o la afectación que presente", expresó.

Ante las quejas por fallas estructurales en obras habitacionales, Pro Consumidor recomienda a la población asistirse de un especialista al momento de la entrega del inmueble, a fin de verificar que cumple con los estándares de construcción. Eddy Alcántara destacó que esto permite detectar a tiempo posibles fallas que puedan generar problemas en el futuro.

Ley prohíbe construir apartamentos en zonas vulnerables

En materia legal, la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos establece disposiciones que instan a evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo, como las que están propensas a inundaciones.

La normativa dispone que la asignación de suelos para edificaciones debe garantizar que no se incrementen los niveles de vulnerabilidad ni se ponga en peligro la vida y la propiedad de las personas.

En ese sentido, el artículo 44 establece que estas obras no deben ubicarse en lugares que constituyan peligro para la vida y la propiedad.

La ley también otorga la potestad de invalidar cualquier permiso concedido en estas zonas, a constructores que ignoren los riesgos de inundación y otras eventualidades.

Desafiar esta norma implica multas severas que pueden alcanzar hasta los 1,000 salarios mínimos del sector público. Además, dispone que el Estado dominicano está legalmente facultado para reubicar o reasentar a comunidades que se encuentren en lugares de alta vulnerabilidad y riesgo.

Diario Libre constató al Ministerio de Edificaciones y Vivienda (Mived) para la elaboración de este artículo, siendo la institución rectora. Todavía estamos esperando respuestas.

TEMAS -

Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.