Constructores de viviendas se oponen a topes fijos en precios de alquileres

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas propuso este miércoles la creación de un “fondo de garantía”, a través de un fideicomiso, “cuyo objetivo será asegurar el repago de los montos aportados” en oposición a lo planteado en el proyecto de Ley General de Alquileres que mantiene lo dispuesto en la legislación actual de que los depósitos de los alquileres vayan al Banco Agrícola.

La presidenta de Acoprovi, Susi Gatón, argumentó que no se debería capitalizar al Banco Agrícola con los depósitos de los alquileres, como dispone la ley actual, cuando, según afirma, hay un “déficit de un millón quinientos mil unidades” de viviendas.

Gatón sostuvo una reunión con la Comisión Permanente de Justicia del Senado, que preside Arístides Victoria Yeb, del Partido de la Liberación Dominicana, a la que le propuso esos fondos sean manejados por el Instituto Nacional de la Vivienda o mediante fideicomiso en el Banco de Reservas, pero que les den un informe cada seis meses sobre el dinero.

“De no efectuarse el depósito de los pagos por concepto de alquiler en el plazo indicado, el propietario pagará un recargo de un diez por ciento por cada mes de retraso. El importe de este recargo pasará a formar parte de engrosar los fondos del Banco Agrícola, distanciándose del objetivo de que se fortalezcan las finanzas del sector vivienda”, propuso Acoprovi, en un documento entregado a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos.

El proyecto que se conoce en el Senado, aprobado ya en la Cámara de Diputados, plantea el cobro de 20 por ciento por cada mes de retraso al monto por recargo a aquellos propietarios que no depositen ante el Banco Agrícola.

Gatón insistió en que las viviendas en alquiler pueden provocar “mayor dinamismo” en la economía y en el sector financiero y que la legislación actual no permite que los puestos de bolsas se intereses en el mercado inmobiliario.

Incremento del precio de la vivienda

Acoprovi recomendó que el incremento anual de la renta fijado en un máximo de un 7 por ciento en el proyecto de Ley de Alquileres, “sea fijado a partir de los niveles de inflación, sin ser un establecimiento porcentual fijo”.

“Estas medidas, de ser incluidas y aprobadas, se constituyen en una de las principales razones del aumento del déficit habitacional”, justificó el gremio empresarial en relación a cómo s fijar un límite al incremento en el precio de alquiler.

Desalojo

El gremio de constructores de viviendas consideró que debe incluirse en el proyecto de ley un proceso ejecutorio para que los desalojos sean competencia de los juzgados de paz bajo el alegato de que en la actualidad este proceso no está estipulado y alarga “un proceso legal que perjudica a las partes”.

Carlos Reyes