Guajimía y el dilema de muchos por retornar a zonas vulnerables

Más de 300,000 personas residentes en El Abanico, Buenos Aires, El Palmar y otros barrios de Santo Domingo Oeste, se benefician de los trabajos de saneamiento de la cañada Guajimía y reubicación de casas

Adalberto de la Rosa

Santo Domingo Oeste - may. 15, 2018 | 04:00 a. m.

Los distintos gobiernos que ha tenido el país durante los últimos 52 años, han hecho esfuerzos por reubicar a familias de las zonas más vulnerables de lo que es hoy el Gran Santo Domingo, principalmente de las riberas de los ríos Ozama e Isabela y de algunas cañadas, pero en muchos casos la gente retorna a su lugar de origen y el problema se mantiene por la falta de un plan de seguimiento.

La Nueva Barquita, La Nueva Isabela, son algunos de los pocos proyectos de asentamiento humano ejecutados por gobiernos en los que ninguno de los reubicados ha retornado al lugar de donde fueron sacados, y modelos de soluciones a estos problemas.

La Ley 472 sobre bien de familia prohíbe que las personas que han sido beneficiadas con viviendas construidas por el Estado las vendan, pero pocas veces se aplica la rigurosidad de la legislación, sobre todo en los proyectos que buscan preservar la vida de la gente y el medio ambiente.

Guajimía

La histórica cañada de Guajimía es uno de los lugares de donde se ha logrado sacar de zonas vulnerables a casi 900 familias, aunque una parte ha regresado a su hábitat, pero en menor condición de peligro que antes.

Durante los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández fueron construidos cuatro proyectos habitacionales, conocidos como Guajimía I, II, III y IV, que sacaron de la zona de influencia de la cañada a alrededor de 856 familias en gran parte de los 13.58 kilómetros cuadrados que tiene la cañada, pero parte de los beneficiados han retornado.

Los proyectos construidos con fondos del gobierno de Canadá y contrapartida dominicana, no solo incluyen la construcción de viviendas, también el saneamiento de cañadas.

Guajimía I fue entregado en 2007 y viven 208 familias, aquí no hay problema de inundación, aunque la cañada a cielo abierto pasa cerca y como dice Bethet Pérez Mella, presidenta de la junta de vecinos, tienen los principales servicios para vivir dignamente. Dice que sacarlos de la cañada fue una muy buena iniciativa: “Pienso que el cambio fue radical, valió la pena, tenemos muy buenos servicios, agua, energía, se recoge la basura y Salud Pública nos da seguimiento”.

En Guajimía II la realidad no es tan buena, algunos de los apartamentos tienen filtraciones y “las malas costumbres”, de algunos vecinos no han permitido vivir en la paz que anhelaban.

Aquí fueron reubicadas 352 familias, pero parte de los beneficiados vendió o alquiló sus apartamentos y retornó a su antiguo hábitat, alegando que allí tienen fuentes de empleo y otras facilidades. Raúl Acosta, presidente de la junta de vecinos de ese proyecto, dijo que otro factor que influye para que la gente vuelva a vivir cerca de la cañada es evitar el pago de servicios como energía eléctrica, cuya tarifa promedia entre RD$800 y RD$1,400.

“A la mayoría de los que les dieron aquí vendieron por chilata y fueron y compraron allá otra vez, incluso algunos de los desalojados tenían patios y lo que hicieron fue que derribaron las casas pero el patio les quedó y construyeron en lo que les sobró”, dijo.

Asegura que pese a las precariedades, están mejor ahora, aunque no era lo que quería el gobierno de Canadá.

En Guajimía III, colindante con la II y la IV, cerca de la avenida prolongación 27 de Febrero, es donde peor se vive, los apartamentos solo tienen una habitación para padres e hijos y una pequeña sala que incluye cocina.

Félix Arturo Morillo Medina, vicepresidente de la junta de vecinos y Pablo Mojica, también dirigente de la organización, cuentan que además del poco espacio que tienen para vivir, las viviendas carecen de ventilación.

“Nosotros aquí no nos podemos quejar por las condiciones de vida en que estábamos cuando llovía y la cañada subía, pero no es una diferencia del cielo a la tierra, aquí se tapa el drenaje sanitario y algunos edificios se están destruyendo”, narra Morillo Medina.

Explican que quedan familias que no han sido desalojadas por la calle Colón y la 3, cerca de la escuela renovación. “Sí, eso allá está limpio y está bonito el 75% de lo que era la cañada, pero queda de un 15 a un 20 por ciento que vive mal”, sostuvo.

Sus vecinos de la IV etapa son los que viven mejor, los edificios están mejor construidos, constan de tres habitaciones, parqueos, cisternas y arbolado. Esa etapa evidencia otro nivel económico de sus ocupantes respecto a los tres restantes proyectos.

De canales a calles

Como el proyecto integral no era solo sacar y reubicar a las familias de los bordes de Guajimía, en la administración del presidente Medina se ha trabajado en la rehabilitación de la cañada.

Lo que antes era un canal por donde corría constantemente agua cloacal, basura y descargaban cientos de sanitarios, hoy son calles por donde nunca sus moradores se imaginaron que llegarían vehículos.

La cañada fue cubierta por todos los lados, los malos olores y las plagas de insectos disminuyeron. Cuando llueve la gente ya no está en riesgo de ser arrasada como antes por las enfurecidas y pestilentes aguas, aunque aún quedan algunos tramos por rehabilitar.

Las áreas intervenidas fueron Guajimía con sus afluentes de las cañadas El Indio I y II, Buenos Aires y La Ureña. En la actualidad las partes más críticas están en Villa Aura y Las Caobas, un total de 9.43 kilómetros cuadrados.

Aquí el peligro es latente y cada vez que llueve las familias que viven alrededor de la cañada son inundadas de agua mal oliente y basura.

Pronto la fase II

Esta segunda parte comprende una extensión de 8.2 kilómetros, la construcción de unas 500 nuevas soluciones habitacionales, la colocación de 50.93 kilómetros cuadrados de redes para agua potable y alcantarillado sanitario.

También la construcción de una planta de tratamiento para las aguas residuales que generan cerca de 300,000 habitantes, de un emisor submarino que transportaría las aguas desde la planta de tratamiento hacia el mar a una profundidad de 30 metros. Estos trabajos tendrían un costo de unos US$130,000,000 (RD$6,400 millones) que serían aportados en su mayor parte por el gobierno de Canadá.

Proyectos similares

Uno de esos esfuerzos por sacar a la gente de zonas vulnerables fue la construcción del proyecto Las Caobas, donde el gobierno de Joaquín Balaguer reubicó a cientos de familias, luego de sacarlas de las zonas vulnerables de La Ciénaga y Los Guandules a mediados de los años 70. Otro esfuerzo fue la construcción del proyecto Puerto Isabela en 1988 por el mismo mandatario que reubicó cerca de 600 familias que fueron sacadas del histórico “Hoyo de Chulín”. Después del huracán George, en 1998, los gobiernos de Leonel Fernández construyeron los proyectos“Villa Liberación” en algunas provincias.