Dictan medidas de coerción a dueños de negocios por explotación sexual
La mayoría de estos lugares supuestamente retenían mujeres venezolanas en contra de su voluntad
Franklin Cordero
La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana impuso prisión preventiva contra cuatro imputados y garantía económica a otros dos, acusados de trata de personas con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de mujeres y menores de edad.
La jueza Franchesca Silvestre dictó las medidas de coerción acogiéndose a una solicitud del Ministerio Público en contra de propietarios y administradores de varios centros de diversión.
La privativa de libertad recayó en Juan Pablo Ferreras Mateo, del establecimiento “La Chama”; Luis Rafael Gutiérrez, de “Wanda Diversión”; Julissa Laureano y Cristian Humberto de los Santos Félix (Barrabás), de “Bar Dubai”.
Mientras que se impuso fianza a María Perdomo Guzmán y Juan Pablo Ferreras Segura, de “El Nuevo Ambiente” y “La Chama”.
Dichos negocios han sido clausurados por las autoridades. El grupo afronta acusaciones por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Las imputaciones, en su mayoría, tienen su origen en la presencia de venezolanas que supuestamente son retenidas en los centros de diversión.
Recientemente, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas en coordinación con distintas fiscalías del país realizó un operativo en ocho provincias del país.
El órgano informó que en la operación hecha de manera simultánea fueron rescatadas más 171 personas de nacionalidad dominicana, venezolana y haitiana, víctimas de ese delito, entre ellos, varios menores de edad.
Franklin Cordero
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