EEUU reconoce RD se esfuerza en eliminar trata de personas, pero no cumple normas para lograrlo

REDACCIÓN. El reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, correspondiente al año 2017 sobre la trata de personas, dado a conocer este jueves, reconoce que el país realiza “esfuerzos significativos, comparado con períodos anteriores”, para enfrentar este problema, pero aclara que la nación no cumple las normas mínimas para la eliminación del ilícito.

Los esfuerzos de las autoridades para combatir la trata de personas, de acuerdo con Estados Unidos, se tradujeron en un incremento de las penas contra los imputados en estos hechos, y un fortalecimiento de la investigación.

“El gobierno demostró un esfuerzo creciente en comparación con el período de informe anterior; por lo tanto, la República Dominicana permaneció en el Nivel 2. El gobierno demostró aumentar sus esfuerzos al aumentar las condenas, las directrices de capacitación e investigación de la República Dominicana para el personal policial y las protecciones a las víctimas durante las investigaciones y procedimientos judiciales, además de presentar cargos penales contra funcionarios cómplices”, dice el documento.

Añade el documento que otro factor favorable fue que el gobierno también volvió a convocar su comisión de tráfico e incrementó sus campañas de concientización pública.

No obstante, precisó que, pese a estos esfuerzos, el Gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas.

“Aunque la Policía Nacional informó un aumento significativo en las investigaciones, la Oficina del Fiscal General informó menos investigaciones e informó una disminución en los procesamientos. El gobierno no aprobó un nuevo plan de acción nacional, no financió un refugio para víctimas a tiempo completo o proporcionó servicios integrales a las víctimas”, detalló.

Por tal razón, recomienda a las autoridades dominicanas fortalecer la persecución contra los traficantes y los oficiales envueltos como cómplices, además de que se implementen protocolos para identificar la trata de niños y adultos. “Enjuiciar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en el trabajo forzado y el tráfico sexual, incluidos los funcionarios gubernamentales cómplices; implementar completamente protocolos para identificar víctimas de trata de adultos y niños, incluso en el sexo comercial, la servidumbre doméstica y los sectores de la agricultura y la construcción, y remitirlos a servicios de protección”.

También pide a las autoridades “detectar de forma proactiva los indicadores de tráfico entre los venezolanos, los niños que trabajan y las personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación, incluidos los de ascendencia haitiana, para identificar a las víctimas, remitirlas a la atención y prevenir la reincidencia”.

Igualmente, le pide aprobar e implementar un nuevo plan de acción nacional; financiar adecuadamente y capacitar a las fuerzas del orden, incluso sobre cómo identificar mejor a las víctimas de trabajo forzoso, particularmente en áreas fuera de Santo Domingo; enmendar la ley contra la trata de personas de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de trata sexual menores de 18 años y de conformidad con el derecho internacional; financiar adecuadamente y proporcionar servicios integrales para las víctimas; y realizar campañas de concientización sobre el trabajo forzado y el tráfico sexual en español y criollo.

Lo positivo

Entre los esfuerzos realizados por el Gobierno dominicano el informe del Departamento de Estado cita que aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento. “La ley ley dominicana criminalizó el tráfico sexual y laboral. La Ley de tráfico y tráfico de personas de 2003 (Ley 137-03) tipificó como delito todas las formas de tráfico de mano de obra y algunas formas de tráfico sexual y prescribió penas de entre 15 y 20 años de prisión y multas”, detalla.

También señala que en el 2017, la Fiscalía inició 17 investigaciones y enjuició a 20 supuestos traficantes, en comparación con 25 investigaciones y 40 procesamientos en 2016 y 15 investigaciones y 49 procesamientos en 2015. La Procuraduría General obtuvo condenas de 16 acusados ??en 13 casos, en comparación con 13 demandados condenados en siete casos en 2016 y 20 acusados ??condenados en siete casos en 2015; las sentencias variaban de dos a 20 años de prisión. Un traficante convicto recibió una sentencia suspendida. Además de lo anterior, el departamento de lucha contra la trata de personas de la policía nacional, con asistencia de ONG, informó que inició 83 investigaciones.

“La Policía Nacional también realizó siete redadas en casos de tráfico sexual en 2017, contra tres en 2016 y ninguna en 2015. La Oficina del Fiscal General también acusó a 12 extranjeros (estadounidenses, canadienses, alemanes y venezolanos) de turismo sexual infantil y condenó a cuatro de ellos ; los otros ocho casos estaban pendientes.”., explica el texto.

Otro punto citado como positivo fue que el gobierno mejoró la capacitación en investigación y enjuiciamiento en la unidad antitrata del fiscal general y mejoró la protección de las víctimas durante las investigaciones y el proceso judicial permitiendo el testimonio a través de video de circuito cerrado. Para mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley, el gobierno aumentó el número de agentes capacitados en tráfico y que trabajan bajo el fiscal especial nacional, de 15 en 2016 a 41 en 2017. La Policía Nacional llevó a cabo 14 sesiones de capacitación, que incluyeron cuatro capacitaciones internacionales y cuatro talleres sobre el tráfico y la identificación en diferentes regiones policiales; un total de 300 oficiales de policía fueron entrenados.

Sandra Guzmán