El diálogo social, recurso de resolución de conflictos aplicado desde el siglo pasado
Ha servido para resolver crisis y pactar sobre importantes temas nacionales
También Abinader recurre a la concertación
Emilia Pereyra
La República Dominicana acumula importantes experiencias en la resolución de conflictos políticos y sociales que han trabado la gobernabilidad y el desarrollo desde finales del siglo XX.
Las experiencias del diálogo social empezaron en los años 80 de la pasada centuria, cuando sobresalió monseñor Agripino Nuñez Collado como figura mediadora infaltable en esos largos y complicados procesos de discusiones.
Al respecto, el sociólogo Carlos Dore Cabral planteó en una publicación titulada Diálogo Nacional en la República Dominicana que los llamados diálogos nacionales se han convertido en un sujeto de las ciencias sociales.
Recordó que ese mecanismo de resolución de conflictos de gobernabilidad adquiere cada vez más importancia en las áreas socioeconómica y política de las sociedades de América Latina y del Caribe.
En abril de 2002 se realizó el primer gran evento para analizar los diálogos nacionales de diversos países de la subregión latinoamericana y caribeña, denominado Seminario Internacional sobre Experiencias Comparadas de Diálogos Nacionales en América Latina, organizado por la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional del gobierno de Perú con la colaboración de reputadas entidades internacionales.
La primera gran experiencia del llamado Diálogo Nacional de la República Dominicana se registró entre el 19 de noviembre de 1997 y el 8 de marzo de 1998, en el gobierno de Leonel Fernández.
Antecedentes
Desde finales de los ochenta y principios de los noventa, en el país se tenido tenido experiencias de discusiones y consultas sobre puntos fundamentales para el desarrollo nacional.
Especialmente se discutían temas referidos a la agenda empresarial, sindical, las ONG, políticas sociales y reformas políticas y económicas, promovidas por los centros académicos nacionales.
Para el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, encabezado por Rafael Toribio, el diálogo social iniciado en el año 1985 fue un ejercicio de diálogo tripartito, gobierno, trabajadores y empresarios, que culminó con la promulgación de la Ley 16-92, el nuevo Código de Trabajo que estableció un marco jurídico laboral más justo y equitativo.
Además, se produjeron otras experiencias en cuanto a la temática política, en las que participaron representaciones de los tres partidos mayoritarios (Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano y Partido de La Liberación Dominicana).
Dore Cabral evocó que las líneas de concertación aumentaron su importancia de cara a las elecciones (presidenciales y congresuales) de 1994 y a las elecciones extraordinarias (presidenciales) de 1996, convocadas a raíz de la paralización institucional y política que se originó después que se acusara de cometer un fraude electoral al gobernante Partido Reformista, liderado por Joaquín Balaguer, en 1994.
“Ese callejón sin salida se resolvió por un gran pacto entre los partidos políticos y la sociedad civil, que estuvo precedido de grandes debates. Los aspectos centrales de ese acuerdo fueron que el gobierno elegido en 1994 limitara su gestión a dos años, que se prohibiera constitucionalmente la reelección presidencial sucesiva y que se celebraran elecciones generales en dos años. Éste fue un gran debate”, escribió el investigador.
Dijo que, en sentido estricto, el factor que precipitó el Diálogo Nacional fue “la realidad sociopolítica de amenazas significativas a la gobernabilidad democrática”, que se fue creando y cobrando fuerzas meses antes del inicio de ese proceso de participación social, y que culminó con el paro general del 11 y 12 de noviembre de 1997, una semana antes de que se emitiera el decreto en el que se anunciaba al país la creación de una comisión organizadora del Diálogo Nacional.
Organización del diálogo de 1997
Mediante el Decreto 489-97, dado a conocer el 19 de noviembre de 1997, fue creada la Comisión Organizadora del Diálogo Nacional, que incluía a personalidades de la vida nacional representativas de una diversidad de sectores tales como universidades, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial y medios de comunicación, entre otros.
Se buscaba entonces organizar una amplia discusión sobre los retos que enfrentaría la República Dominicana en el próximo siglo y unificar las propuestas de soluciones presentadas públicamente.
Sobre esa experiencia, Dore Cabral dijo que el diálogo se adoptó no simplemente como un proceso que termina, sino como una nueva forma de gobernar.
“Por ello se instaló una Casa del Diálogo al frente de la cual se pusieron personas que no pertenecían al gobierno -integrantes de la Comisión Organizadora-; y este mismo mecanismo serviría para solventar los conflictos que se dieran en el país. El acuerdo final, firmado en el año de clausura del Diálogo Nacional, comprometía a los sectores participantes a seguir trabajando y uniendo esfuerzos en ese sentido”, afirmó.
A juicio de Dore Cabral, el Diálogo Nacional no sustituyó, sino que complementó esfuerzos pasados y presentes de democratización y descentralización del poder en la República Dominicana. “Muy por el contrario, contribuyó a potenciarlos en tanto mecanismo de consulta global y permanente referido a un mayor cúmulo de experiencias y actores involucrados”, enfatizó.
Recordó que después de finalizar la gestión de Leonel Fernández, el gobierno del PRD, encabezado por Hipólito Mejía, que se había opuesto desde su inicio a ese proceso, disolvió los mecanismos formales a que el proceso había dado lugar, como la Casa del Diálogo, y se desconocían los acuerdos alcanzados.
El liderazgo de la iglesia católica
En los procesos de diálogo de finales del pasado siglo era frecuente que figuras de la iglesia encabezaran las actividades como mediadoras entre las partes.
En el 2005 el Poder Ejecutivo creó el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), a través del Decreto 13-05, y en el mismo año el presidente Leonel Fernández designó como presidente del Consejo Económico, Social e Institucional a monseñor Agripino Núñez Collado, de reconocida trayectoria como educador y conciliador en temas relativos al desarrollo y a la preservación del sistema democrático en la República Dominicana.
Núñez Collado dirigió desde 1985 el llamado el Diálogo Tripartito, por medio del cual se creó un nuevo Código de Trabajo, promulgado en 1992.
Además, el religioso tuvo una relevante participación en los diálogos para propiciar las reformas al sistema electoral y las concertaciones sobre los códigos Arancelario y Tributario.
Entre los logros obtenidos por el Consejo Económico y Social se cuentan la concertación para la aprobación de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2010 y las consultas y búsquedas de consenso para el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en el 2014.
El 12 de agosto de 2015, el presidente Danilo Medina promulgó la Ley Nº 142-15 que instituyó el Consejo Económico y Social de la República Dominicana y, el 31 de julio de 2020 emitió el Decreto 291-20 que reglamenta la elección de los miembros del pleno y la Comisión Ejecutiva de la entidad.
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Emilia Pereyra
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