España multará las protestas
El proyecto de ley ha sido criticado duramente por la oposición
Diario Libre
MADRID.-- El gobierno español aprobó el viernes el borrador de un proyecto de ley que establece multas de hasta 30.000 euros (40.800 dólares) por cometer ofensas como quemar la bandera nacional, insultar al Estado o provocar disturbios graves frente al Parlamento.
El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido criticado duramente por partidos de oposición, grupos judiciales y sociales como un intento del gobierno conservador de acallar las protestas por el manejo de la grave crisis económica que azota al país.
Las medidas, que actualizan una ley de 1992, también incluyen multas de hasta 1.000 euros por insultar o amenazar a policías durante las manifestaciones. Se planean multas similares por difundir fotografías de agentes policiales que los pongan en peligro o de operaciones de la policía.
Las ciudades españolas han sido escenario de protestas semanales, la gran mayoría de ellas pacíficas, desde que la crisis económica estalló en 2008.
El Partido Popular del jefe de gobierno español Mariano Rajoy, de corte conservador, ascendió al poder en 2011 y emitió una serie de medidas de austeridad y recortes en la salud y la educación, así como reformas laborales y financieras, en un intento por sacar a flote la economía y evitar que tenga que ser rescatada. La medida desató un incremento en las manifestaciones callejeras, incluidos varios intentos de rodear el Parlamento, algunos de los cuales terminaron en enfrentamientos con la policía. También se les prendió fuego a contenedores de basura.
Alejandro Touriño, socio y especialista en información en la firma de abogados Ecija, consideró que, con un desempleo de 20%, no cree que esta legislación sea lo que el país necesite.
En su mayor parte, el borrador de la ley no define nuevas infracciones u ofensas, sino que más bien establece las directrices para fijar las multas que podrán imponer los jueces. Hasta ahora le correspondía a un juez determinar el nivel de una multa.
Sin embargo, sí incluye cuatro ofensas nuevas, que están clasificadas como muy graves y podrían acarrear consigo multas de hasta 600.000 euros. Estas son: manifestaciones que interfieran con procesos electorales, protestas no autorizadas o prohibidas en estalaciones estratégicas como aeropuertos o plantas nucleares, apuntar luces cegadoras -como rayos láser, por ejemplo- contra el transporte público, y también la determinación de que cualquier persona que cometa tres ofensas menores en un período de dos años será candidato a una multa máxima.
Aún falta que el Parlamento apruebe el proyecto de ley, y podría hacerle modificaciones. Sin embargo, su aprobación está prácticamente garantizada, ya que el partido gobernante tiene mayoría absoluta en ambas cámaras.
El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido criticado duramente por partidos de oposición, grupos judiciales y sociales como un intento del gobierno conservador de acallar las protestas por el manejo de la grave crisis económica que azota al país.
Las medidas, que actualizan una ley de 1992, también incluyen multas de hasta 1.000 euros por insultar o amenazar a policías durante las manifestaciones. Se planean multas similares por difundir fotografías de agentes policiales que los pongan en peligro o de operaciones de la policía.
Las ciudades españolas han sido escenario de protestas semanales, la gran mayoría de ellas pacíficas, desde que la crisis económica estalló en 2008.
El Partido Popular del jefe de gobierno español Mariano Rajoy, de corte conservador, ascendió al poder en 2011 y emitió una serie de medidas de austeridad y recortes en la salud y la educación, así como reformas laborales y financieras, en un intento por sacar a flote la economía y evitar que tenga que ser rescatada. La medida desató un incremento en las manifestaciones callejeras, incluidos varios intentos de rodear el Parlamento, algunos de los cuales terminaron en enfrentamientos con la policía. También se les prendió fuego a contenedores de basura.
Alejandro Touriño, socio y especialista en información en la firma de abogados Ecija, consideró que, con un desempleo de 20%, no cree que esta legislación sea lo que el país necesite.
En su mayor parte, el borrador de la ley no define nuevas infracciones u ofensas, sino que más bien establece las directrices para fijar las multas que podrán imponer los jueces. Hasta ahora le correspondía a un juez determinar el nivel de una multa.
Sin embargo, sí incluye cuatro ofensas nuevas, que están clasificadas como muy graves y podrían acarrear consigo multas de hasta 600.000 euros. Estas son: manifestaciones que interfieran con procesos electorales, protestas no autorizadas o prohibidas en estalaciones estratégicas como aeropuertos o plantas nucleares, apuntar luces cegadoras -como rayos láser, por ejemplo- contra el transporte público, y también la determinación de que cualquier persona que cometa tres ofensas menores en un período de dos años será candidato a una multa máxima.
Aún falta que el Parlamento apruebe el proyecto de ley, y podría hacerle modificaciones. Sin embargo, su aprobación está prácticamente garantizada, ya que el partido gobernante tiene mayoría absoluta en ambas cámaras.
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