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Evocan sucesos Embajada Dominicana en Colombia

BOGOTA.- Si en algún momento de su vida política el ex presidente Julio César Turbay Ayala demostró su talante de conciliador, fue durante la toma de la Embajada de República Dominicana por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril, M-19. El día de la toma, el 27 de febrero de 1980, 17 diplomáticos, entre ellos el embajador de E.U., Diego Asencio, y el Nuncio Apostólico, Angelo Acerbi, celebraban en la sede diplomática los 163 años de fundación de la isla caribeña.

Apenas escuchó la noticia en radio sobre el asalto, Turbay alertó a su ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leiva, para que se obviara el uso de la fuerza y para notificarle que él asumía el control.

"Este asunto lo voy a manejar personal y directamente. No puedo tolerar ninguna participación de la fuerza pública. Soy yo el que da las órdenes", les dijo a sus subalternos, según recordaba el periodista Plinio Apuleyo Mendoza, en una carta abierta a los dirigentes políticos, escrita en febrero de 1990.

Turbay manejó con serenidad los 61 días que duró la toma. Conformó un comité de consulta con algunos de sus ministros conservadores y liberales para discutir los avances y dificultades de la negociación.

"Vamos a ver quién se desespera primero, si ellos o nosotros. La situación es grave, pero más para ellos que están presos en una casa", solía repetirles a sus colaboradores para tranquilizarlos.

Eso sí, no abandonó su línea firme para hacerles entender a los insurgentes del M-19, comandados por Rosemberg Pabón, que de presentarse un solo herido en el interior de la sede diplomática, se ordenaría la intervención militar.

"Me impresionó por el manejo tranquilo, mesurado, en la toma de la embajada. Una vez pude hablar con él en el Capitolio y me dijo: "Rosemberg, hubiera querido conocerlo en otra circunstancia", recordó ayer el ex comandante guerrillero. Fueron días de tensión para Turbay, tantos que dicen que dormía poco y perdió 10 kilos de peso.

La liberación de los rehenes terminó con el traslado de los insurgentes a Cuba, el pago de una suma de dinero, y el compromiso de que la OEA vigilaría los consejos verbales de guerra que se seguían contra los detenidos políticos.