Fiscalía del DN presenta acusación en contra de alegados sicarios Agosto
El Ministerio Público dijo que uno de los sicarios dirigió por teléfono el asesinato de Omar Antigua
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional instrumentó formalmente su acusación en el juicio de fondo que se le sigue a nueve presuntos sicarios al servicio del capo boricua José David Figueroa Agosto.
Los fiscales adjuntos Cándida Ramos, Isidro Vásquez y Denny Silvestre dieron la calificación al expediente de asesinato, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia que están a cargo del proceso son Pilar Rufino, presidenta, Daira Medina y Daniel Julio Nolasco.
Los procesados por sicariato son Gian Enrique Rojas Matos, José Miguel Rodríguez Almonte, José Aníbal Hidalgo García, Diómedes Moya Durán, Winston Antonio Rodríguez Tavárez, Ricardo Pérez Mateo, Wilhen Ortiz de los Santos, Yoel Antonio Féliz Medina y José Alberto de la Cruz Paredes.
Al grupo se le atribuye el asesinato del coronel José Amado González González, Omar Antigua Polanco y Rubén Soto Hayet, entre otros.
La acusación plantea que los imputados se dedicaban al asesinato de personas por encargo, uso ilegal de armas de fuego (incluyendo armas de guerra), robo de vehículos y planificación de tramas terroristas. Asimismo, que Figueroa Agosto ordenara la planificación y ejecución de los asesinatos de otras personas relacionadas con esta red criminal.
Detalla que Moya Durán se encargó de verificar los movimientos en la escena donde ejecutaron a González González, desde las 12:13 p.m., informando a Rojas Matos y Rodríguez Taveras que "el objetivo estaba totalmente muerto", sustentado por los registros de llamadas del número de teléfono 809-601-4003 y la mapificación que lo ubican directamente en el lugar del hecho. También se ubican en la misma escena a Rojas Matos y Pérez Mateo, como parte integral de la ejecución de la operación criminal.
Diez números telefónicos mapificados en la escena del crimen y mediante la relación de mensajes de textos enviados y recibidos por los usuarios describen la forma cómo planificaron este hecho, la suma de dinero acordado, que ascendía regularmente a US$30,000.00, y los seguimientos y vigilancia a las víctimas, tanto a la casa como a los vehículos utilizados por el occiso.
Los fiscales adjuntos Cándida Ramos, Isidro Vásquez y Denny Silvestre dieron la calificación al expediente de asesinato, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia que están a cargo del proceso son Pilar Rufino, presidenta, Daira Medina y Daniel Julio Nolasco.
Los procesados por sicariato son Gian Enrique Rojas Matos, José Miguel Rodríguez Almonte, José Aníbal Hidalgo García, Diómedes Moya Durán, Winston Antonio Rodríguez Tavárez, Ricardo Pérez Mateo, Wilhen Ortiz de los Santos, Yoel Antonio Féliz Medina y José Alberto de la Cruz Paredes.
Al grupo se le atribuye el asesinato del coronel José Amado González González, Omar Antigua Polanco y Rubén Soto Hayet, entre otros.
La acusación plantea que los imputados se dedicaban al asesinato de personas por encargo, uso ilegal de armas de fuego (incluyendo armas de guerra), robo de vehículos y planificación de tramas terroristas. Asimismo, que Figueroa Agosto ordenara la planificación y ejecución de los asesinatos de otras personas relacionadas con esta red criminal.
Detalla que Moya Durán se encargó de verificar los movimientos en la escena donde ejecutaron a González González, desde las 12:13 p.m., informando a Rojas Matos y Rodríguez Taveras que "el objetivo estaba totalmente muerto", sustentado por los registros de llamadas del número de teléfono 809-601-4003 y la mapificación que lo ubican directamente en el lugar del hecho. También se ubican en la misma escena a Rojas Matos y Pérez Mateo, como parte integral de la ejecución de la operación criminal.
Diez números telefónicos mapificados en la escena del crimen y mediante la relación de mensajes de textos enviados y recibidos por los usuarios describen la forma cómo planificaron este hecho, la suma de dinero acordado, que ascendía regularmente a US$30,000.00, y los seguimientos y vigilancia a las víctimas, tanto a la casa como a los vehículos utilizados por el occiso.
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