Gobierno y organizaciones rechazan informe ONU sobre racismo en el país

SANTIAGO.- El gobierno dominicano y diversas organizaciones civiles de la zona norte de República Dominicana rechazaron hoy que en el país exista racismo en contra de las personas de origen haitiano, africanos y negros, como alertó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 “Esa denuncia llega en momentos en que se visualiza aquí y fuera una actitud solidaria nunca vista en la historia dominicana hacia Haití, reconocida a nivel internacional, que se resaltó en la Conferencia Técnica Preparatoria, es el principal desmentido”, ripostó el ministro dominicano de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás.

El funcionario dice que "una demostración evidente de que no hay discriminación contra los vecinos haitianos en el país fue ver a una dominicana amamantando a varios niños haitianos" en un hospital dominicano, pocos días después del terremoto que afectó al vecino país.

Además, Afirma Montás,  en la sociedad civil, el empresariado y los sectores laborales de República Dominicana, "hay una actitud de colaboración hacia Haití”.

En tanto que el Comité de los Derechos Humanos y Civiles, el Núcleo de Defensa Popular de Santiago, el antiguo presidente de la sociedad cultural Alianza Cibaeña de esa ciudad y el ex director de Migración en la zona norte figuraron entre el grupo de organismos que rechazaron el informe.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizó y adoptó hoy el Examen Periódico Universal de República Dominicana, una evaluación sobre derechos humanos a la que están sometidos todos los países miembros del organismo internacional.

Una de las recomendaciones señala que República Dominicana debería "considerar la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación racial y reconocer a los africanos y a los afrodescendientes como parte" de su sociedad.

Al respecto, el historiador y comunicador Ramón Cabral de la Torre, ex presidente de la Alianza Cibaeña, una de las sociedades culturales más influyentes del norte del país, dijo que el informe está lleno de inexactitudes.

"Hasta donde tengo entendido, en República Dominicana la emigración africana es poca, por no decir ninguna, aunque sí comprendo que hay una masiva inmigración de haitianos indocumentados, los cuales pese a su estatus migratorio reciben a veces más privilegios que los propios dominicanos", afirmó.

Por su parte, el abogado Carlos Galván, presidente del Comité de los Derechos Humanos y Civiles de Santiago, sostuvo que no compartía el concepto de que exista discriminación racial en contra de los haitianos, en su mayoría residentes irregulares.

No obstante, explicó que, debido a la irresponsabilidad del Gobierno, el país se ha llenado de ciudadanos de Haití que carecen de documentos y ahora, como salida a la situación de ese país, que se ha agravado después del devastador sismo del 12 de enero, los organismos internacionales están presionando para que República Dominicana asuma sola una carga, a su juicio, "bien pesada".

En tanto, el ex responsable de Migración Sabás Burgos indicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene también que pedirle a la clase política, empresarial e intelectual de Haití que tome medidas para controlar la corrupción y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Aseguró que en Haití existe más racismo que en República Dominicana porque los haitianos "blancos" y mulatos rechazan a los negros, que son mayoría, y éstos a su vez hacen lo mismo con los ciudadanos con la piel más clara que ellos.

Burgos denunció que "se está creando una imagen extremadamente negativa del país para preparar el terreno y luego presionar para que República Dominicana asuma a más de millón de damnificados que dejó el terremoto de enero pasado" en Haití.

Agregó que, después del sismo que afectó a Haití, sólo a la ciudad dominicana de Santiago, la segunda del país, han llegado unos 80.000 haitianos indocumentados, los cuales comparten con los dominicanos un espacio que cada vez se hace más estrecho.

El ex responsable de Migración aseveró que "en Petionville, un suburbio donde vive la clase media de Haití, a los haitianos pobres se les trata como extraños y la mayor parte de la vigilancia policial está centrada en ese lugar, porque viven los ricos".

"Hay personas que, por no darle de comer a los hambrientos que hay allí, prefieren botar los residuos de sus alimentos en los basureros, entonces los organismos internacionales no dicen nada de eso", añadió.

En ese contexto, opinó que República Dominicana no está obligada a aceptar presiones de nadie y mucho menos de extranjeros que evalúan la situación migratoria de los haitianos en este país valiéndose de informes alterados que les proporcionan organizaciones no gubernamentales cuyo único trabajo es "calumniar al país".

Mientras, el abogado Juan Peña, representante del Núcleo de Defensa y de Organizaciones Populares y Barriales de Santiago, dijo que, cuando haya un informe pormenorizado que revele los crímenes, robos, asaltos, violaciones sexuales, estafa y otros hechos delictivos que cometen haitianos indocumentados residentes en el país, le dará crédito a ese tipo de denuncia.

Peña se quejó porque, aparentemente, los organismos y organizaciones no gubernamentales de defensa de los haitianos indocumentados le han declarado desde hace años una "guerra injusta" al país, la cual, al parecer, están ganando porque desde la oficialidad nadie les responde.