Historia DL. - Procesos judiciales impiden inversión en Bahía Aguilas
La Suprema tiene pendiente de conocer cinco recursos de casación
Federico Méndez
SANTO DOMINGO. El conflicto derivado de un proceso penal y una litis sobre terreno registrado mantienen estancadas las gestiones del Estado en procura de recuperar para entregar saneados miles de metros de terrenos que fueron expropiados en Bahía de las Aguilas.
Los inversionistas franceses solicitaron al Gobierno facilitar la disponibilidad de los terrenos para la movilización de los fondos, con los cuales se procura la construcción de cuatro hoteles ecológicos. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderada de cinco recursos de casación interpuestos por personas físicas y morales contra una decisión del Tribunal Superior de Tierras, que rechazó acoger una solicitud de incompetencia de la jueza apoderada del litigio, Lusnelda Solís Taveras, mientras que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene pendiente el conocimiento de un recurso de apelación a la decisión penal contra imputados de expropiación de los terrenos.
La información está contenida en un informe actualizado remitido por el Abogado del Estado, Nelson Montás, al presidente Leonel Fernández, copia del cual posee Diario Libre.
En el aspecto litigioso, plantea que hasta tanto la Suprema no emita una sentencia sobre los recursos de casación, la jueza Solís Taveras, del Tribunal de Jurisdicción Original, "no podrá fijar audiencia para seguir conociendo de la litis sobre derechos Registrados con relación a las parcelas en cuestión".
Explica que luego de las investigaciones y sometimientos de lugar, por el expediente relativo a la expropiación de terrenos de la parcela 215-A y 40, del Distrito Catastral No.3, del municipio de Enriquillo, Pedernales, el 17 de julio del 2003 el Segundo Juzgado de la Instrucción decidió el envío a juicio de una parte de los acusados, un auto de No Ha Lugar a otra y el desglose del expediente contra 13 imputados. Con relación al litigio de los precios, detalla el informe que el 28 de octubre de 1997 el Estado apoderó al Tribunal Superior de Tierras, a fin de que ordenara administrativamente la cancelación de todos los certificados de títulos expedidos dolosamente a inexistentes parceleros de la Reforma Agraria.
Precisa que dicho tribunal, "actuando con gran prudencia y sentido legalista decidió desestimar este pedimento, en el entendido, claro está, de que existiendo títulos y constancias anotadas en certificados de títulos en manos de particulares, lo concreto era reconocer el asunto solicitado de manera contradictoria y no de manera administrativa", como había solicitado el entonces Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe.
De esta forma, ofreció la oportunidad a los ocupantes de presentar sus medios de defensa, designándole a la jueza de Jurisdicción Original, Fe Vargas, para conocer el caso, sustituida posteriormente por la jueza Solís Tavera.
Los reclamantes y sus abogados
José Luis Guzmán Bencosme, Miguel Nelson Fernández Mancebo, Aquilino Antonio Méndez, Manuel Carvajal y Antonio Féliz Perez tienen como abogado a Manuel de Jesús Morales Hidalgo. Mantenimientos y Servicios Fernández, S.A. DICSA a Jottin Cury, Jottin Cury hijo y Morales Hidalgo. Evangelista Céspedes López y José de los Santos López tienen como abogado a Frank Reynaldo Fermín.
José Altagracia Marrero Nova y Juan Bautista Henríquez representan a José Alberto de la Cruz Ramírez, Guzmán, Santos Eusebio Matos, Ramón Díaz Santana, José Fernández, José Antonio Castellanos Fernández, José Eligio Fernández, Claudio Fernández, Teófilo Ventura Díaz, Santiago Carrasco Féliz, Rubén Bretón y José Valerio Monestina García.
Aguilas Dominico-Internacional, Alquimia del Este, Meadowland Dominicana, están representadas por Mario Read Vittini y Héctor Rafael Tapia Acosta.
Los inversionistas franceses solicitaron al Gobierno facilitar la disponibilidad de los terrenos para la movilización de los fondos, con los cuales se procura la construcción de cuatro hoteles ecológicos. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderada de cinco recursos de casación interpuestos por personas físicas y morales contra una decisión del Tribunal Superior de Tierras, que rechazó acoger una solicitud de incompetencia de la jueza apoderada del litigio, Lusnelda Solís Taveras, mientras que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene pendiente el conocimiento de un recurso de apelación a la decisión penal contra imputados de expropiación de los terrenos.
La información está contenida en un informe actualizado remitido por el Abogado del Estado, Nelson Montás, al presidente Leonel Fernández, copia del cual posee Diario Libre.
En el aspecto litigioso, plantea que hasta tanto la Suprema no emita una sentencia sobre los recursos de casación, la jueza Solís Taveras, del Tribunal de Jurisdicción Original, "no podrá fijar audiencia para seguir conociendo de la litis sobre derechos Registrados con relación a las parcelas en cuestión".
Explica que luego de las investigaciones y sometimientos de lugar, por el expediente relativo a la expropiación de terrenos de la parcela 215-A y 40, del Distrito Catastral No.3, del municipio de Enriquillo, Pedernales, el 17 de julio del 2003 el Segundo Juzgado de la Instrucción decidió el envío a juicio de una parte de los acusados, un auto de No Ha Lugar a otra y el desglose del expediente contra 13 imputados. Con relación al litigio de los precios, detalla el informe que el 28 de octubre de 1997 el Estado apoderó al Tribunal Superior de Tierras, a fin de que ordenara administrativamente la cancelación de todos los certificados de títulos expedidos dolosamente a inexistentes parceleros de la Reforma Agraria.
Precisa que dicho tribunal, "actuando con gran prudencia y sentido legalista decidió desestimar este pedimento, en el entendido, claro está, de que existiendo títulos y constancias anotadas en certificados de títulos en manos de particulares, lo concreto era reconocer el asunto solicitado de manera contradictoria y no de manera administrativa", como había solicitado el entonces Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe.
De esta forma, ofreció la oportunidad a los ocupantes de presentar sus medios de defensa, designándole a la jueza de Jurisdicción Original, Fe Vargas, para conocer el caso, sustituida posteriormente por la jueza Solís Tavera.
Los reclamantes y sus abogados
José Luis Guzmán Bencosme, Miguel Nelson Fernández Mancebo, Aquilino Antonio Méndez, Manuel Carvajal y Antonio Féliz Perez tienen como abogado a Manuel de Jesús Morales Hidalgo. Mantenimientos y Servicios Fernández, S.A. DICSA a Jottin Cury, Jottin Cury hijo y Morales Hidalgo. Evangelista Céspedes López y José de los Santos López tienen como abogado a Frank Reynaldo Fermín.
José Altagracia Marrero Nova y Juan Bautista Henríquez representan a José Alberto de la Cruz Ramírez, Guzmán, Santos Eusebio Matos, Ramón Díaz Santana, José Fernández, José Antonio Castellanos Fernández, José Eligio Fernández, Claudio Fernández, Teófilo Ventura Díaz, Santiago Carrasco Féliz, Rubén Bretón y José Valerio Monestina García.
Aguilas Dominico-Internacional, Alquimia del Este, Meadowland Dominicana, están representadas por Mario Read Vittini y Héctor Rafael Tapia Acosta.
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