Interior y Policía investiga legalidad contrato US$22.7 millones

Un contrato grado a grado por US$22,789,920.00 para la construcción y administración del laboratorio balístico que captura las huellas de las armas de fuego del país y maneja informaciones sensitivas del Estado y de los ciudadanos está en la mira de las autoridades, junto a una serie de irregularidades detectadas en el Ministerio de Interior y Policía.

Los hallazgos que involucran a la empresa Lionbridge Capital SRL, fueron puestos en manos de la comisión de abogados designada por el presidente de la República para la recuperación patrimonial de bienes del Estado, reveló el ministros Jesús Vásquez.

“Desde el año 2014 a la fecha, los beneficiarios de dicho contrato han recibido aproximadamente la suma de RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas. Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado dominicano y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado dominicano”, precisó.

Sostuvo que cuando el Estado otorga una concesión siempre procura que el beneficiario sea quien asuma íntegramente todos los gastos de ejecución del contrato. Sin embargo, en este caso, aseguró que el Estado asumió el 100% del costo, y para colmo, recibe menores beneficios que la empresa.

“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió el costo total de esa inversión por US$22,789,920.00 que son equivalentes a la suma de RD$1,273,956,528.00, de los cuales ya el Estado dominicano le ha pagado un aproximado de 19 millones de dólares, que equivalen a RD$1,062,100,000.00, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso. El contrato lo firmó el exministro José Ramón Fadul.

Al hablar ante el pleno del Senado, donde fue requerido para que presente la situación encontrada en el Ministerio, el funcionario también denunció que una mafia operaba en los viceministerios de Control y Regulación de Armas y Municiones, Gestión Migratoria y Naturalización, donde había una serie de programas fantasmas y cientos de “botellas”.

Vásquez consideró un escándalo mayúsculo la venta de servicios, extorsión, tráfico de influencias, sustracción de expedientes, expediciones de carnet con datos falsos, entre otras irregularidades en el viceministerio de Armas.

Esa situación provocó a finales del pasado año el cierre definitivo del viceministerio y la exclusión de nómina de 51 personas.

Destacó que tras una auditoría a la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), detectaron acciones ilícitas en la venta de servicios, extorsión, tráfico influencias, falsificación de permisos, por lo que también se desvinculó a las 557 empleados.

Respecto al departamento de Naturalización, Vásquez afirmó que se realizaban procesos al margen de la Ley, por lo que se cobraba hasta US$45,000.00 por la naturalización.

Adelantó que los casos han sido sometidos a investigaciones internas, en procura de obtener las pruebas suficientes para proceder ante la justicia.

Plan de austeridad

El ministro de Interior y Policía informó que puso en marcha un pla de austeridad y control del gasto público que conlleva la reducción del 50% de las compras.

“Solo para citar algunos ejemplos, la licitación para combustible que para el año 2020 fue realizada por RD$75 millones para este año solo se está realizando por el monto de RD$40 millones; para el año 2020 se compraron 5,000 libras de café, este año sólo vamos a realizar compras por 2,500 libras de café, así como en los demás rubro”, enfatizó el funcionario.

Indicó que parte de una revisión del personal conforme a los expedientes se decidió excluir 617 empleados que cobraban sin prestar un servicio y mensualmente recibían sus salarios.

El funcionario también manifestó que encontraron programas con asignaciones presupuestarias por concepto de voceros, becados y flautistas que no realizaban una función a favor del Ministerio y que implicaba un gasto mensual por RD$3,138,698.00.

Explicó a los senadores que pretenden mejorar y homogeneizar el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana, para que a nivel nacional se pueda ofrecer un servicio de calidad, eficiente, en tiempo oportuno, y dotados de las herramientas y equipamiento que permita mitigar las emergencias que se producen. El pleno del Senado se constituyó ayer en comisión general para escuchar al ministro con el objetivo de que explique el estado en que encontró esa institución.

Acerca de las armas ilegales, Vásquez indicó que en esa dependencia hay 238 mil armas de fuego registradas y que en los últimos siete años solo el 50% de esos ciudadanos ha renovado su licencia de arma.

“Cada año, cincuenta mil personas renuevan su licencia de arma de fuego. En la República Dominicana, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana el 85% de las personas son impactadas con armas de fuego no registradas”, explicó Vasquez.

Sostuvo que, cuando se habla de desarme a la población, se habla de atacar esas armas ilegales que son utilizadas para impactar a seres humanos. Dijo que son esas armas las que desean recuperar y destruir para que no vuelvan a las calles.

Niza Campos

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Periodista dominicana, uasdiana, escribe sobre política, elecciones y más.

Wilder Páez

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Periodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.