Guatemala enfrenta batalla judicial por cierre de misión anticorrupción de ONU

El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

“La decisión unilateral de presidente Morales (...) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.

Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.

Tensión acumulada

La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.

Este martes, el gobierno publicó en la gaceta oficial la decisión que da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, cuyo mandato terminaba el 3 de setiembre.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Apoyo a la Cicig

Igualmente, el ombudsman local Jordán Rodas consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.

Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.

Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.

Rechazo a la Cicig

La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoya el retiro de la Cicig, a la que han denunciado por “graves faltas al debido proceso”.

“La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución” del país, agregó la Cacif en un comunicado.

Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada “de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Por su lado, la agrupación derechista Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.

“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (...) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, consideró el dirigente José Luis González.

por Edgar CALDERON

AFP

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