Guatemala: Retrasan resolver situación de opositores presos

CIUDAD GUATEMALA (AP) — A petición de la fiscalía, un juez guatemalteco decidió el jueves no conocer el caso de cinco personas acusadas de falsedad en la creación de un partido político, entre ellas dos abogados, y enviarlo a otro juzgado, asunto que muchos creen se trata de una venganza contra opositores.

Debido a la petición del fiscal Rafael Curruchiche y aceptada por el togado, los procesados pasaran más días en prisión sin que sean escuchados por un juez y rindan su primera declaración, aun cuando están detenidos desde el 19 de mayo.

Los abogados arrestados son Juan Francisco Solórzano Foppa, crítico de la gestión gubernamental y extitular del ente recaudador de impuestos que durante su gestión investigó y llevó a la justicia a grandes empresarios evasores de impuestos, y Aníbal Argüello, exinvestigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La CICIG, un ente financiado por Naciones Unidas, investigó durante 12 años al crimen organizado en Guatemala logrando desarticular más de 60 estructuras delincuenciales.

Ambos abogados también participaron del proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, que renunció al cargo y está preso por corrupción.

Su detención fue duramente criticada pues para ello se utilizaron vehículos con vidrios polarizados y sin placas. El vocero del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, confirmó entonces a The Associated Press la utilización de ese tipo de vehículos como en anteriores casos de crimen organizado.

Diversos activistas han criticado el accionar del fiscal debido a que en dos procesos distintos contra el expresidente Jimmy Morales y grandes empresarios del país por financiar ilegalmente al partido FCN Nación, que lo llevó al poder, no hay nadie detenido.

Lo mismo ocurre en denuncias públicas contra el partido Unidad del Cambio Nacional, UCN, aliado al oficialismo señalado de financiarse por el narcotráfico y cuyo fundador y excandidato presidencial Mario Estrada está preso en Estados Unidos por narcotráfico, aquí tampoco hay detenidos.

Más de 800 académicos, activistas, estudiantes y particulares, de 20 países han pedido su liberación acusando a la fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, de montar una campaña de venganza por la lucha anticorrupción en la que participaron los acusados.

AP

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