Indígenas ecuatorianos vuelven a calentar calles de Quito

QUITO (AP) — En otras circunstancias las calles de Quito estarían más tranquilas que de costumbre, con ecuatorianos que disfrutan de un día de descanso por feriado nacional. Este viernes, sin embargo, la capital lucía un semblante descompuesto: mostraba hombres cojeando, cubriéndose las cabezas y las bocas para protegerse del polvo y levantando los brazos en alto para fracturar piedras contra el piso que, una vez despedazadas, eran lanzadas a los policías que se mantenían en guardia al otro lado de una barricada.

La imagen lleva varios días de la semana repitiéndose y reitera la furia detrás de las protestas indígenas contra las medidas económicas tomadas recientemente por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Durante la jornada actual, en que cientos de inconformes volvieron a salir al centro-norte quiteño, los gritos, banderas, palos y gases no dieron tregua.

Tras un par de horas de enfrentamiento, la confrontación había dejado un saldo de varias personas con problemas de asfixia, contusiones y heridas de diversa magnitud que reciben atención por parte de personal de asistencia médica de las universidades y de la Cruz Roja.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se quejó de la represión y acusó al gobierno de que “mandan a asesinar a la gente que lucha por sus derechos... nos dan (agreden) con balines de goma y esto vamos a entregar a Naciones Unidas, para que no digan que es mentira”.

El indígena Jorge Lizuma, de 27 años y que llegó del centro del país, aseveró que “la gente está cabreada (con ira), porque este gobierno es sordo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y nosotros no nos vamos a ir ni nos vamos a cansar”.

Los indígenas buscaban tomar la Asamblea, que esta semana ya habían logrado controlar momentáneamente, y avanzar al palacio de gobierno, ambos sin funcionarios.

El presidente Moreno transfirió su gobierno de Quito a Guayaquil en días pasados a causa de la turbación,

En las últimas horas llegó a la capital un millar de indígenas de la Amazonía para aumentar la presión sobre el gobierno de Moreno, que desató la tensión al decretar un paquete económico con duros ajustes fiscales, entre ellos una sustancial elevación de los precios de los combustibles.

Los enfrentamientos del viernes se produjeron al inicio de un feriado nacional de tres días en medio de una virtual paralización y con incertidumbre política debido a las protestas sociales que se han extendido por más de una semana.

Fuera de las zonas de choques entre manifestantes y autoridades, la capital y otras ciudades lucían desoladas, no solo por el feriado, sino por la casi nula actividad de esta semana, a lo que se sumó la suspensión de actividades en escuelas, colegios y universidades debido a las violentas manifestaciones.

Jenny Poveda, 51 años, dueña la tienda de abasto, La Morlaca, dijo a The Associated Press que han sido días muy duros. “Casi ocho días sin trabajar, hemos cerrado y ahora no se vende nada, no hay derecho al vandalismo, tenemos derecho a trabajar a que nos dejen trabajar. Las medidas han sido drásticas, pero debemos seguir trabajando”.

Miles de indígenas aún permanecen concentrados en la Casa de la Cultura y universidades católicas cercanas para seguir protestando, aunque en el resto de la capital se registran esporádicas paralizaciones de vías y algunas llantas quemadas.

La administradora del restaurante La Llama, Paulina Gándara, de 50 años, comentó que “estoy de acuerdo con el retiro del subsidio para empezar a sincerar la economía ecuatoriana, aunque las protestas nos ha afectado tremendamente. Han sido días enteros sin trabajar y otros días a medias. Si seguimos así el personal está en peligro porque no podremos mantenerles los trabajos, nuestras ventas son casi nulas”.

Los indígenas han causado estragos mínimos en esta ciudad, pero su poder real está en el campo y las carreteras, a las que con bloqueos con árboles y piedras logran paralizar y suspender el tráfico interprovincial.

El estudiante de cine Jorge Lozano, de 27 años, dijo que apoya a las protestas contra el gobierno, porque “mi familia es del campo, lucho porque mi familia de clase media baja, a veces no hemos tenido ni para comer. Y con eso todo va a subir sin que suban el sueldo, para compensar, el sueldo básico (394 dólares) no alcanza ni para comer”.

En las principales terminales de autobuses de Guayaquil, Quito y otras ciudades hay una reducida concurrencia de usuarios para desplazarse aprovechando el feriado nacional de tres días, mientras las empresas de transportes no ofrecen garantías de que los viajes como suele estar previsto a causa de bloqueos en las vías alentados por grupos indígenas.

Marlon Vargas, dirigente de los indígenas de la Amazonía, dijo que “nos hemos tomado las instituciones (estatales) así como también los pozos petroleros y hemos dicho que no habrá nada ni para Guayaquil ni para Quito”.

Los ataques a los pozos de producción y las instalaciones del principal oleoducto obligaron a la empresa estatal Petroecuador a declarar en todas sus operaciones situación de fuerza mayor, contemplada en sus contratos, lo que significa una advertencia a sus socios y proveedores de posibles retrasos e incumplimientos de entregas, evitando así multas o sanciones.

Las protestas iniciaron el 3 de octubre con un paro de transportistas que dejó al país sin servicio urbano e interprovincial, poco después los estudiantes se unieron y finalmente los indígenas llegaron por miles desde el lunes a la capital para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.

El saldo de los incidentes es de cinco fallecidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque el gobierno ha reconocido dos muertos y no producto de la represión, sino de un atropellamiento y una caída.

El gobierno ha señalado que hay cerca de 700 detenidos y que muchos ya fueron liberados.

Ante la situación, Moreno --que empezó a gobernar en mayo de 2017 y debe terminar su mandado en mayo del 2021-- trasladó la sede del gobierno a Guayaquil para reducir tensiones.

AP

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