Juez pide investigar a dos expresidentes salvadoreños

SAN SALVADOR (AP) — Un juez ordenó al Ministerio Público que investigue a dos expresidentes salvadoreños, a dos exministros y a dirigentes de partidos políticos por su supuesta participación en negociaciones con las pandillas.

En su resolución del caso denominado “Operación Cuscatlán” --entregada el viernes a la prensa-- el juez Godofredo Salazar ordena a la Fiscalía que amplíe las investigaciones contra los exmandatarios Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, contra el exministro de la Defensa, general David Munguía Payés, y el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, y contra líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y contra los integrantes de una red de pastores.

Recientemente Salazar proceso y condenó a penas de hasta 74 años de cárcel a 373 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre ellos 17 cabecillas, por los delitos de homicidio, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas.

En el juicio, que se desarrolló por casi cuatro semanas, comparecieron los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS 13) Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”; Saúl Antonio Turcios, alias “El Trece”; Arístides Dionisio Umanzor, alias “El Sirra”, y Carlos Tiberio Valladares, “El Snayder”, entre otros. Todos están aislados en una cárcel de máxima seguridad.

Según el documento, “resulta difuso identificar quien ejercía materialmente la administración (del dinero), pues los miembros de pandillas asignaban según su voluntad, incluso el recurso humano que laboraba la alcaldía”. También especifica que antes de los comicios presidenciales de 2014, los partidos Arena y FMLN, entregaron recursos en varias oportunidades a las pandillas.

Se afirma que el FMLN hizo seis entregas de dinero y que antes de las elecciones municipales y legislativas de 2015, el partido Arena entregó a las pandillas 69.000 dólares.

En la sentencia el juzgado certifica el documento a la Fiscalía “para que investigue los hechos y delitos que pueden configurarse según la prueba valorada” para cada uno de los mencionados en el desarrollo del juicio.

AP

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