Juntas de revisión de la Iglesia fallan a víctimas de abuso

Ante los miles de casos de abuso sexual y encubrimiento por parte del clero, los líderes de la Iglesia católica de Estados Unidos abordaron su mayor crisis de la era moderna con lo que ellos llamaron una reforma clave: las juntas de revisión obligatorias.

Estos paneles independientes, formados por personas laicas en cada diócesis, revisarían las acusaciones de manera justa y benévola. Y ayudarían a los obispos a asegurar que ningún sacerdote abusivo permaneciera en el ministerio.

Pero casi dos décadas después, una investigación de The Associated Press acerca de las juntas de revisión en todas las diócesis de Estados Unidos muestra que, en general, no han cumplido estos compromisos. En cambio, las juntas designadas por los obispos, y que con frecuencia operan en secreto, han socavado de forma rutinaria las acusaciones de abuso sexual de las víctimas, protegido a los sacerdotes acusados y ayudado a la Iglesia a evitar indemnizaciones.

La AP también encontró docenas de casos en todo el país en el que las juntas de revisión rechazaron las denuncias de las víctimas, que después fueron validadas por autoridades seculares. Y en algunos casos, los propios miembros de las juntas eran clérigos acusados de abuso.

Muchas de las víctimas dijeron a la AP que sufrieron hostilidad y humillación por parte de estas entidades.

Cuando una víctima de Florida se presentó ante una junta, el abogado defensor de la Iglesia lo interrogó sobre su abuso hasta que lloró. Cuando otro hombre en Ohio se preparaba para contarle a un panel de extraños cómo un sacerdote lo había violado, uno de ellos, para su incredulidad, estaba tejiendo un suéter rosa. Y cuando una aterrada mujer de Iowa se presentó ante una junta para contar su historia de abuso, uno de los miembros del panel estaba dormido; a diferencia de la junta de revisión, un tribunal falló después a su favor.

AP buscó información en las aproximadamente 180 diócesis de Estados Unidos, revisó miles de páginas de expedientes eclesiásticos y judiciales, y entrevistó a más de 75 víctimas de abuso, miembros de las juntas y otros para descubrir un proceso contaminado en el que la jerarquía eclesiástica tiene las riendas del poder en cada etapa.

Los obispos designaron a abogados defensores y asesores de alto nivel para las juntas. Además eligen qué casos van a la junta, qué evidencia ven los miembros y qué criterios se utilizan para decidir si una acusación está “fundamentada” o es “creíble”. Y la AP encontró que, a veces, aun cuando las juntas encontraron que los casos eran creíbles, los obispos se ponían del lado del sacerdote e ignoraban las conclusiones.

“Es un fraude. Es una farsa. Es un encubrimiento”, dijo David Lasher, de 56 años, dueño de una empresa de diseño de muebles que en abril contó a la junta de revisión en St. Petersburg, Florida, los abusos sexuales que sufrió por parte de un sacerdote. “No hay nadie en la junta a quien le importe la víctima. Todo es para proteger a la Iglesia”.

El organismo falló contra Lasher y la diócesis dejó de pagar su terapia. La AP no suele revelar el nombre de víctimas de abuso sexual, pero Lasher y otros optaron por ser identificados.

Varios obispos contactados por la AP, incluyendo Gregory Parkes, de St. Petersburg, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Algunos refirieron a la AP a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que tampoco respondió las solicitudes de entrevista.

Otros, como el arzobispo William Lori, de Baltimore, dijeron que aunque se pueden mejorar, las juntas de revisión cumplen con las promesas de las reformas ordenadas en 2002.

“Son fundamentales para recuperar la confianza de nuestra gente, que con razón cree en una mayor participación de personas laicas en estas cuestiones”, dijo Lori, quien trabajó en el comité sobre abusos sexuales de la conferencia cuando se aprobaron las reformas.

La arquidiócesis de Baltimore nombra a los miembros de la junta, lo que, según Lori, “inspira confianza en el proceso” y no incluye a funcionarios de alto nivel de la Iglesia. Un informe anual realizado por la entidad bajo la dirección de Lori no dice cómo dictaminaron los miembros pero apunta que, en 11 casos, un sacerdote fue destituido y otros 10 fueron sancionados o fallecieron. A las víctimas se les ofreció terapia.

“Las Juntas de Revisión Diocesanas han avanzado mucho”, agregó el obispo Timothy Doherty, de Lafayette, Indiana, quien ha actuado como jefe del comité de protección infantil de la conferencia. “Nuestro nivel de profesionalismo ha aumentado enormemente”.

Sin embargo, al menos una docena de informes de investigadores gubernamentales y consultores externos con acceso a documentos de la Iglesia han cuestionado la independencia de las juntas, el trato dado a las víctimas o su minuciosidad. Entre ellos se incluyen al menos siete reportes de jurados investigadores y fiscalías estatales.

En Illinois, por ejemplo, donde la investigación del fiscal general sigue abierta, los investigadores encontraron evidencias de que las diócesis revisaron la vida personal de las víctimas para desacreditarlas. En Colorado, un investigador designado conjuntamente por el estado y la Iglesia dijo que la junta de Denver mostraba demasiados prejuicios en favor de la Iglesia y poca comprensión de los abusos y el trauma que generan. Y en Pensilvania, un jurado investigador de 2016 que examinaba a la diócesis de Altoona-Johnstown calificó el trabajo de la junta de encubrimiento “disfrazado de defensoría” y dijo que sus miembros estaban centrados en la “búsqueda de hechos para litigar” en caso de que la víctima demandara.

La junta de revisión fue un intento de convencer a la población de que “los días en que un obispo misterioso decidía cómo manejar un informe escandaloso y atroz de abuso sexual infantil y sodomía habían terminado”, escribió el jurado. “En la realidad (una junta es) tan verdadera como el obispo quiera que sea”.

Incluso los informes de la Conferencia Episcopal han criticado a las diócesis por ignorar a las juntas _ a veces dejándolas inactivas durante más de un año _ y han advertido repetidamente sobre la “complacencia”. Miembros pasados y presentes de juntas de revisión contaron a la AP cómo las diócesis influían en el proceso, desde evitando mantenerlos informados hasta usando a asistentes para dirigir sus deliberaciones.

“Todo es interno. Ese es el problema”, dijo el reverendo James Connell, que trabajó casi una década en una junta en Milwaukee. “Es la Iglesia pensando que la Iglesia va a arreglar a la Iglesia. No es que la junta de revisión no haya hecho lo que se le pidió. Es que todo el enfoque está equivocado”.

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ESCOGIENDO LAS JUNTAS

Los abusos sexuales cometidos por el clero han costado más de 4.000 millones de dólares e implicaron al menos a 5.100 sacerdotes, de acuerdo con el propio conteo de la Iglesia desde 2002, cuando estalló la crisis en el país. A pesar de las promesas de rendición de cuentas, el año pasado la Iglesia tuvo que evaluar de nuevo los abusos después de que un informe condenatorio de un jurado investigador sobre generaciones de abusos y encubrimientos en Pensilvania incentivó investigaciones en todo el país.

Se supone que la junta de revisión debe dar a las víctimas la oportunidad de ser validadas por la Iglesia, especialmente en casos tan antiguos que han prescrito y no pueden ser juzgados en los tribunales. Aunque supuestamente las diócesis deben reportar los posibles delitos a las autoridades, las juntas de revisión y sus hallazgos son completamente independientes de la ley secular.

La confidencialidad característica de muchas juntas empieza en la forma en la que obispos y administradores eligen a los miembros. Es ahí donde quizás ejercen la mayor influencia.

Más de la mitad de las diócesis en el país no revelan los nombres de los miembros de sus juntas de revisión en sus páginas web. Algunas los publicaron en el Directorio Católico Oficial, un grueso libro de listados de iglesias que se vende en casi 400 dólares. Unas, como la de St. Louis, dijeron que no identificaban a los miembros por “cortesía profesional”, y otras, como la de Dallas, señalaron que los miembros pueden hacerlo público si quieren.

“¿Ellos conocen mi secreto más profundo y yo no puedo siquiera saber sus nombres y puestos?”, dijo Becky Ianni, quien no pudo obtener detalles sobre los miembros de la junta en Arlington, Virginia. “Si no conoces sus nombres, es como adentrarte en la oscuridad”.

A Ianni le permitieron hablar ante una junta diferente en Richmond, Virginia, donde se revelaron las identidades de sus miembros. Describió el calvario que enfrentó en 2007, cuando un miembro se quedó dormido y otro ojeaba una revista, como un “puro infierno”.

Incluso los nombres oficiales de las juntas pueden enmascarar lo que hacen: la “Junta de Revisión de Aptitud Independiente”, el “Equipo de Respuesta a Conducta” y la “Junta de Revisión de Ética e Integridad en el Ministerio” son algunos de ellos.

Cuando se conocen las identidades de los miembros de estas entidades, suele haber motivo de preocupación.

En 2002, cuando se anunciaron las juntas obligatorias durante una reunión de obispos en Dallas, la propuesta estipulaba “cinco o más personas de buen juicio e integridad sobresalientes”, la mayoría de ellas no empleadas por la diócesis. Pero esa política cambió cuando el Vaticano dictó que deben ser “confidenciales”, deben tener al menos a cinco miembros “en plena comunión con la Iglesia” y sus deberes “pueden” incluir aconsejar a los obispos sobre las acusaciones.

A lo largo del siguiente año, hubo quienes presagiaron problemas. Frank Keating, exgobernador de Oklahoma y director de un grupo de asesoría laico creado a nivel nacional por los obispos para monitorear las reformas, advirtió: “Veremos de mala manera en la junta a un abogado de la diócesis, a un jefe de las Caridades Católicas —a cualquiera que parezca estar unido al obispo”.

Sin embargo, al menos 40 obispos han puesto en las juntas a asistentes de alto rango y a abogados que defendieron a la Iglesia o a sus sacerdotes en casos de agresión sexual, con base en las revisiones de AP de las casi 80 diócesis que identificaron a sus miembros. Eso significa que la misma persona que reporta al obispo, y posiblemente maneja los casos de abuso, puede estar escuchando las acusaciones de las víctimas, creando un potencial conflicto de interés. La AP encontró las conexiones viendo demandas, biografías en internet y archivos de noticias.

En la arquidiócesis de Dubuque, Iowa, el panel del siete miembros incluye a dos sacerdotes y dos diáconos. En Montana, un miembro con derecho a voto maneja la mayoría de los asuntos legales de la diócesis de Helena y en 2014 la dirigió durante una bancarrota por una avalancha de denuncias de abuso sexual. En Virginia Occidental, otro abogado diocesano con poder de voto defendió este año al exobispo Michael Bransfield, de Wheeling-Charleston, contra las acusaciones de abuso de un empleado.

La AP encontró incluso tres casos de clérigos que servían en juntas de revisión aunque enfrentaban acusaciones de abuso sexual. Dos habían dejado el organismo antes de ser acusados públicamente, pero uno se unió después de que una junta de revisión en la misma diócesis declaró que la denuncia en su contra era “no creíble”, e integró el comité hasta que fue acusado en una demanda años después.

Algunos obispos y miembros de las juntas de revisión niegan que tener abogados y asistentes involucrados sea un conflicto de interés.

Este año, un consultor instó a la arquidiócesis de Louisville, Kentucky, _ donde cuatro de nueve miembros de la junta eran funcionarios eclesiásticos o clérigos _ a reducir el número de empleados de la Iglesia para “enfatizar la independencia de la junta”. El arzobispo Joseph Kurtz dijo a través de un portavoz que no veía ningún problema, especialmente porque un miembro del clero había servido recientemente como defensor de las víctimas y otro era una víctima. Pero dijo que seguiría la recomendación y reemplazaría a uno de los dos funcionarios eclesiásticos.

John Laun, presidente de la junta de revisión en Louisville y juez estatal retirado, dijo que los funcionarios de la Iglesia no dirigen la conversación y señaló que el consultor descubrió que la arquidiócesis no se había callado nada. Estimó que la junta maneja de cuatro a cinco casos al año y la considera muy creíble.

“Siempre hemos sido independientes”, dijo Laun. “Los miembros laicos son personas de convicciones férreas desde el inicio”.

Esa no fue la experiencia de Matt Connolly, víctima y antiguo miembro de la junta de revisión de Covington, Kentucky. Connolly dijo que vio un cambio en el enfoque de la junta sobre los casos una vez que la diócesis fue objeto de una demanda colectiva. Su abogado comenzó a intervenir, interrumpiendo las discusiones y advirtiendo a los miembros que no abordaran temas que la diócesis temiera que pudieran mencionarse en la corte.

A los miembros también se les desaconsejó escribir notas o llevarse documentos. La AP encontró que, en muchas diócesis, sus integrantes tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad y algunas políticas no les permiten tomar o mantener minutas detalladas de las reuniones.

“Tienen personas que van a seguir órdenes y mantenerlas en secreto”, dijo Connolly. “Todos ellos son herramientas para el obispo”.

Al final, por razones que Connolly desconoce, él y sus colegas fueron remplazados al mismo tiempo alrededor de 2009.

La AP solicitó a la diócesis de Covington una respuesta del obispo Roger Foys, pero fue remitida a Bill Burleigh, un exejecutivo de medios que preside la junta. Covington es una de las diócesis que no publica los nombres de sus miembros, pero Burleigh los describió como de “pensamiento independiente” añadiendo que su descripción de peones de la jerarquía “no son la junta con la que estoy familiarizado”.

Burleigh calificó a Foys de obispo fuerte y agregó que algunos católicos laicos han tratado de hablar con la mayor franqueza posible con la jerarquía de la iglesia, pero reconoce que el juicio final depende de los obispos, “algunos de los cuales se han absuelto a sí mismos”.

Algunos abogados y asistentes en las juntas tienen voto, mientras que otros son consultores. Pero, de cualquier manera, su presencia en las reuniones puede ser una experiencia extenuante para las víctimas.

Lasher, el dueño de la compañía de diseño de muebles, dijo que la presidenta de la junta lo interrumpió cuando intentaba contar cómo un sacerdote había abusado de él cuando era adolescente en su propia casa, lo llevo a baños públicos y lo obligó a practicar sexo oral.

“Ya lo sabemos”, dice que respondió ella.

Después, el abogado de la Iglesia comenzó a bombardearlo con preguntas: ¿Recordaba el color de las paredes de los baños públicos? ¿Podía darles el nombre de alguien allí?

Otros hicieron lo mismo. Y la situación se volvió tan intensa que Lasher lloró.

“Era como una reunión corporativa”, recordó. “Y yo era a quien estaban despidiendo”.

Casi al final, según Lasher y otras tres personas en la sala, el abogado de la Iglesia dijo a los miembros de la junta que no había evidencia de que el sacerdote ya fallecido hubiera abusado de otros y un asistente del obispo llamó al clérigo “amado”.

Un mes después, una carta del abogado decía que la junta pensaba que su testimonio era articulado y creíble, pero que sus miembros “no podían concluir nada para corroborar la acusación”. La diócesis dejó al sacerdote fuera de su lista de clérigos acusados “creíblemente”.

“David va y desnuda su alma pensando... Jesús es misericordioso y Jesús quiere lo mejor para todos”, dijo su defensor, Peter Schweitzer, un exsacerdote que trabaja con docenas de víctimas de abusos y estuvo presente en la reunión. “Y eso no sucede”.

El abogado de la diócesis de St. Petersburg, Joseph DiVito, dijo que no podía discutir los detalles específicos del caso de Lasher, pero que la junta no lo trató mal.

“Mi recuerdo es muy distinto”, apuntó DiVitto. “Mire, la junta de revisión se reunió a las 6:30. Todos son voluntarios. No habían ido a casa a cenar. Quizás él vio algunos platos y comida, pero le aseguro que no era una fiesta”.

DiVitto explicó que cuando el acusado está muerto se considera un caso sin fundamento porque no hay manera de determinar qué pasó.

Algunas víctimas de abuso dicen que el clero no es siempre un obstáculo para la justicia en las juntas de revisión. Ann Phillips Browning presentó una queja formal en 2010 ante la diócesis de Kalamazoo, Michigan, sobre los abusos que sufrió hace décadas, cuando era adolescente, por parte de un sacerdote de India que estaba de visita. Señaló que un cura que también era terapeuta informó a los miembros de la junta sobre el trauma, influyó positivamente en el obispo y “marcó toda la diferencia del mundo”.

“Sin excepción, todos los que hicieron preguntas fueron muy muy amables, estaban muy informados sobre el trauma”, dijo Browning.

La diócesis consideró que su relato era creíble, según los registros. El sacerdote fue acusado penalmente hace meses dentro de una investigación del fiscal general de Michigan.

El doctor Jim Richter, una víctima de abusos clericales, también elogió a la junta de St. Paul-Minneapolis en la que participa. Sin embargo, dijo que se ha convencido de que algunas juntas están llenas de miembros “no cualificados, bien intencionados, pero en última instancia incompetentes”.

“Es completamente posible que te estés metiendo, en el peor de los casos, en una guarida de lobos”, dijo.

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CONTROLANDO EL PROCESO

Los obispos y sus asistentes deciden si investigar una denuncia en función de una “apariencia de verdad”, un término que se interpreta de forma diferente por las diócesis y les permite descartar casos, según muestran los expedientes.

En Illinois, por ejemplo, el proceso usado en las seis diócesis del estado va de demasiado complejo a demasiado general, es un “misterio” para los sobrevivientes y deja que las diócesis operen de una “manera no transparente”, según los hallazgos preliminares de una investigación del fiscal general. Los sacerdotes fallecidos suelen librarse, aunque sus víctimas sigan sufriendo, y los casos contra los acusados por una sola persona no son perseguidos de forma agresiva aunque haya “razones para creer a la víctima”.

En Missouri, la diócesis de Kansas City-St. Joseph no siempre informa a la junta de revisión de las denuncias contra los sacerdotes ni les da todas las pruebas, de acuerdo con un informe externo comisionado por la diócesis en 2011. Estas fallas permitieron que un sacerdote siguiese en activo durante meses luego de que trabajadores de la Iglesia encontraron pornografía infantil en su computadora. Al final, se le encontró más pornografía y arrestado, y el obispo, Robert Finn, fue declarado culpable de un delito menor por no informar sobre el abuso infantil a las autoridades seculares. Finn fue sentenciado a dos años en libertad condicional.

En Filadelfia, la entonces presidenta Ana Maria Catanzaro dijo que se sorprendió cuando en 2011 un jurado investigador nombró a 37 sacerdotes acusados que seguían ejerciendo y criticó a su junta por hacer caso omiso de “evidencia muy convincente”, lo que llevó a decisiones “carentes de sentido común”. Según Catanzaro, la arquidiócesis había enviado a la junta acusaciones contra sólo 10 sacerdotes y no compartió información como las evaluaciones psicológicas de los curas. Dejó la junta en 2012.

“No sabía que me mentían de frente”, dijo Catanzaro sobre la jerarquía eclesiástica. “Me mintieron a mí como le mintieron a todos los demás”.

La arquidiócesis no respondió a las peticiones de comentarios.

La evidencia presentada ante la junta es clave para el resultado de un proceso, dijo Jennifer Haselberger, una abogada de derecho canónico y exfuncionaria de tres diócesis del centro norte de Estados Unidos. Se mostró preocupada por si los responsables en la arquidiócesis de St. Paul-Minneapolis contaban a la junta todo lo que sabían sobre las acusaciones, lo que permitía que algunos sacerdotes en problemas continuaran trabajando.

Renunció en 2013 después que sus gestiones resultaron infructuosas. Un grupo de trabajo creado meses después por la arquidiócesis emitió un reporte que respaldaba muchas de sus inquietudes, incluida la de que los funcionarios eclesiásticos “a veces no informaban a las juntas de revisión sobre las acusaciones”.

Las juntas siguen a merced de la diócesis, dijo Haselberger, y “ese es realmente el problema”.

La forma en la que los obispos ejercen su poder sobre la junta varía de una diócesis a otra.

Algunos usan investigadores profesionales para estudiar los casos y han exigido expedientes de terapeutas, escuelas, bancos y ginecólogos de las víctimas, junto con información sobre la frecuencia con la que asistían a misa. Algunos restringen el interrogatorio de los miembros de las juntas a las víctimas. Al menos una diócesis, la de Springfield, Massachusetts, prohíbe explícitamente que los sobrevivientes involucrados en demandas legales lleven a sus abogados a las reuniones de la junta.

Los obispos pueden decidir incluso qué victimas comparecen ante ese organismo.

A Riley Kinn le aseguraron que tendría esa oportunidad después de presentar su reporte de abusos cometidos por un sacerdote en su escuela secundaria ante la diócesis de Toledo, Ohio, en 2017. Un trabajo para el que lo contrataron en 2015 lo llevó de regreso a la rectoría donde todo ocurrió, lo que le provocó un ataque de pánico. Sufrió una pesadilla recurrente en la que el religioso lo esperaba en un pasillo del centro tratando de llevarlo a un aula vacía.

La diócesis envió a un detective de policía retirado a entrevistarlo y el investigador tomó los nombres de otros que pudieran respaldar su versión. Kinn reiteró que quería hablar con la junta. Pero meses después se enteró por carta que la junta calificó sus acusaciones como “sin fundamento”, sin escuchar su relato ni el de las otras posibles víctimas que nombró.

“¿En serio? ¿Sin fundamento?”, dijo Kinn. “Me pregunté: ‘¿Qué clase de investigación realizaron?’”.

La decisión fue especialmente desconcertante porque ese sacerdote ya había sido acusado de forma creíble en otro caso de 2003, y la diócesis había pagado un acuerdo. En una reunión en enero, el obispo Daniel Thomas dijo que “no podía entrar en detalles”, según una grabación que Kinn realizó en secreto y que compartió con la AP.

“Es como si no les importara” dijo Kinn, quien cayó en una espiral emocional y dos meses después se internó en un hospital con pensamientos suicidas. “Ahora estoy todavía más traumatizado”.

El obispo declinó comentar el caso. En una declaración escrita, la portavoz de la diócesis de Toledo, Kelly Donaghy, dijo que la junta de revisión no promete a las víctimas que puedan testificar, pero examina cada caso que recibe.

Cuando los sobrevivientes se presentan a el organismo, suelen salir marcados del proceso. Joseph Capozzi, que reportó su caso en 2005, fue presionado por la junta en Newark, Nueva Jersey, sobre todo: desde el color de la alfombra hasta la apariencia de las píldoras con las que lo drogaron y los detalles de la pornografía que le mostró el sacerdote.

“La Iglesia necesita mantenerse al margen de todo esto”, dijo Capozzi. “Ha mostrado una y otra vez, que no puede lidiar con la verdad”.

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RESULTADOS CUESTIONABLES

Los criterios que utilizan los miembros de la junta para fundamentar una acusación están establecidos por los obispos y varían: “creíble y plausible”, “más probable que no” o “fuerte sospecha”. Es difícil saber con qué frecuencia las juntas dictaminan a favor o en contra de las víctimas por su hermetismo. La conferencia de obispos recopila algunas estadísticas nacionales sobre las juntas, que son aportados por las diócesis, pero no publica la información y declinó compartir las cifras con la AP.

En un reporte preliminar el año pasado, el fiscal general de Illinois halló que tres de cada cuatro acusaciones en el estado no fueron investigadas o corroboradas por las juntas. Investigadores externos encontraron este año que la arquidiócesis de Denver tampoco investigó o corroboró docenas de reportes.

A través de entrevistas y documentos, la AP encontró docenas de casos más rechazados por estas entidades que después fueron confirmados por tribunales y autoridades.

En Pittsburgh, un sacerdote que seguía en activo a pesar de múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra no fue apartado hasta que un jurado investigador lo identificó como criminal en 2018.

En Filadelfia, miembros de un jurado investigador de 2011 citaron el caso de un exmonaguillo que describió su abuso con precisión, respaldado por el testimonio de otros, un año después de presentar su denuncia. La junta de revisión, que no estaba convencida, calificó el caso como “sin fundamento”. Pero la conclusión de los jurados fue sencilla: “Credibilidad obvia”.

Menos de un año después de la decisión de la junta, el exmonaguillo se suicidó. Su madre dijo que tras toda una vida marcada por el dolor, el fallo fue determinante para su hijo.

Y en Iowa, el caso de Katie Bowman ejemplifica cómo una revisión secular puede llegar a una conclusión diferente a partir de los mismos hechos.

Los padres de Bowman recibieron en su hogar a tres sacerdotes que abusaron de ella, según contó, desde que tenía unos 4 años.

El horror la llevaría más tarde a morderse la lengua hasta sangrar y a hacerse cortes. Las cicatrices persisten a día de hoy. Su brazo izquierdo está marcado por quemaduras de cigarrillos y en la muñeca lleva tatuada la palabra “resiliente” en letras negras. Ha sobrevivido a cuatro intentos de suicidio y no querer morir sigue siendo un sentimiento nuevo para ella, explicó.

En 2011, esta trabajadora social de 54 años reportó el abuso a la Iglesia. Un investigador de la diócesis de Davenport entrevistó a sus terapeutas y una amiga aseguró que le había contado los abusos una década antes. También firmó más de una docena de papeles permitiendo acceso a los registros de su pediatra, escuela y empleo.

“Creí que estaban investigando al sacerdote, no a mí”, recordó haber pensado.

En enero de 2012, Bowman y su esposo fueron a la sede diocesana para reunirse con la junta de revisión. Pasaron ante un monumento a las víctimas de abusos sexuales.

Como Davenport se había declarado en bancarrota, Bowman tuvo que reunirse también con Richard Calkins, un mediador designado por la corte, quien evaluó las reclamaciones de unas 1.000 víctimas en todo el país y encontró una “preponderancia de evidencia” que probaba que sufrió abusos. Autorizó la indemnización máxima bajo el acuerdo de bancarrota: 83.114,53 dólares.

“Cuando trabajas en suficientes (casos), casi puedes sentir cuándo son ciertos”, dijo Calkins en una entrevista.

Dos meses después, en el buzón de Bowman había una carta de la presidenta de la junta de revisión de Davenport.

“No hay duda en la mente de ninguno de nosotros en la junta de revisión de que sufrió abusos”, decía el texto. “No estamos diciendo que no la creamos, lo hacemos”.

Pero la junta falló en su contra. Fue necesario que un juez obligara a la diócesis a incluir a los tres sacerdotes involucrados en su lista de clérigos con acusaciones creíbles en su contra, como parte del proceso de quiebra.

La presidenta de la junta, Chris McCormick Pries, se reiteró en su decisión durante una entrevista. Dijo que Bowman era la única acusadora y que cuando los sacerdotes estaban muertos, como en su caso, la diócesis aplica un estándar más alto: “Claro y convincente”.

McCormick Pries, que presidió la junta durante casi 15 años, dijo que a ella también le repugna el problema de los abusos en la Iglesia. Estas entidades son un paso positivo y, como otros miembros, trata el trabajo como “una misión sagrada”.

“¿Puede alguien vigilarse desde dentro? Creo que la respuesta es sí”, dijo. “¿Quién mejor para resolver los problemas de la Iglesia que quienes aman la Iglesia?”.

Joey Piscitelly discrepa. La junta de San Francisco consideró que sus acusaciones de abuso no eran creíbles en 2004 sin siquiera ponerse en contacto con él. Tras cuestionar el resultado, le dijeron que la investigación se había reabierto pero volvió a ocurrir lo mismo. Más tarde, un jurado le dio 600.000 dólares.

“Están jugando a ser juez, jurado y Dios, ¿y quién les da esa autoridad?”, preguntó. “¿Sabe quién puede ser juez y jurado? Un tribunal de verdad”.

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VETO DE LA IGLESIA

Aunque una junta de revisión confirme el caso de una víctima, el obispo no tiene porqué seguir su decisión.

Erin Brady fue violada por un sacerdote cuando estudiaba tercer grado y recibió dos millones de dólares de la arquidiócesis de Los Ángeles como parte de un acuerdo extrajudicial. En 2009, cuando el sacerdote fue trasladado a Santa Rosa, California, Brady presionó para que lo sacaran de allí. La junta estaba impresionada por su claridad y precisión, recuerda uno de los miembros, y recomendó la expulsión del sacerdote.

“Ella era sumamente creíble”, dijo el psicólogo Tony Madrid. “Decía la verdad”.

Pero el obispo Daniel Walsh no hizo nada. Se retiró en 2011 y el mensaje dejado en la iglesia de San Francisco donde vive no obtuvo respuesta.

El sucesor de Walsh, el obispo Robert Vasa, dijo que su junta era “extremadamente receptiva y atenta” y no sabía por qué su predecesor tomó esa decisión.

“Es un proceso de decisión difícil y la justicia y equidad tienen que ser parte de él”, señaló.

El abusador de Brady continuó siendo un sacerdote de buena reputación hasta que se retiró dos años más tarde. No fue hasta enero, cinco años después de su muerte, cuando Santa Rosa publicó una lista de clérigos acusados “creíblemente” en la que aparecía su nombre.

“Sabía que no harían nada”, dijo Brady.

Cuando un obispo acepta la recomendación de la junta, la ley canónica permite que el cura lleve su caso ante el Vaticano.

A Browning, la mujer que elogió a la junta de revisión de Kalamazoo por fallar a su favor en 2010, sufrió luego un revés en el Vaticano. En Roma, las autoridades dijeron que el sacerdote estaba mal de salud y le ordenaron rezar una oración por las víctimas cada viernes, según Browning.

“No quiero sus oraciones, muchas gracias”, dijo Browning. “Quería vomitar”.

A pesar de la intervención de la diócesis de Kalamazoo en la Santa Sede en favor de Browning, el sacerdote siguió oficiando celebraciones y realizando apariciones públicas en los últimos ocho años, como muestran videos en internet. El Vaticano no hizo nada.

“Me da la impresión de que no es una prioridad”, dijo Browning.

AP

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