México: Ataque a titular de Seguridad deja pocas opciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El dramático intento de asesinato del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana fue sólo la señal más reciente y clara de que el poderoso elemento criminal de México está llevando la violencia que ha desatado en la población en general directamente a la puerta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más de 35.000 mexicanos fueron asesinados el año pasado, el número más alto del que se tenga registro y una grave amenaza a la ambiciosa agenda del mandatario.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, estuvo cerca de sumarse el viernes a la cifra de homicidios de este año luego que más de una decena de hombres armados llevaron a cabo al amanecer un plan cuidadosamente coordinado para atacar su vehículo blindado con granadas, fusiles semiautomáticos y un fusil calibre .50 en una de las principales avenidas de la capital mexicana. García sobrevivió con tres heridas de bala y en cuestión de horas culpó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del intento de asesinato en que murieron dos de sus escoltas y una transeúnte.

El atentado se produjo menos de dos semanas después del ataque contra un juez federal y su esposa, quienes fueron abatidos en su casa, en el estado occidental de Colima. Las autoridades sospechan que el CJNG también está detrás de ese hecho.

“El cártel le declaró la guerra al gobierno de López Obrador”, afirmó Samuel González, analista de seguridad y extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la entonces Procuraduría General de la República —hoy en día Fiscalía General de la República.

El presidente “no tiene otra opción que ir contra ellos”, pues de lo contrario los ataques contra funcionarios gubernamentales de alto rango podrían continuar, señaló.

La cuestión es si López Obrador aceptará la declaratoria de guerra.

En octubre, un operativo fallido para capturar al hijo del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa, resultó en la liberación del joven narcotraficante luego que los miembros del cártel de Sinaloa causaron estragos en la ciudad. López Obrador dijo hace unas semanas que ordenó la liberación para evitar un mayor derramamiento de sangre.

En ese entonces, López Obrador hizo a un lado las críticas sobre que se trataba de una muestra de debilidad que el crimen organizado seguiría explotando. El mandatario respondió que su gobierno no emprendería una guerra contra el narcotráfico.

“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, señaló en ese entonces. Pidió un año más para cambiar por completo las cosas.

Ocho meses después aquí estamos.

El 17 de junio, Raúl Rodríguez, columnista de El Universal —uno de los diarios más grandes de México— escribió que funcionarios de inteligencia mexicanos habían interceptado una conversación entre los operadores del cártel de Jalisco en la que quedó claro que planeaban atacar a alguien importante de la capital.

Rodríguez escribió que dos funcionarios de seguridad no identificados habían confirmado la información y que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) había confirmado la autenticidad de esa conversación. No se dieron a conocer nombres, pero los analistas determinaron que los cuatro posibles blancos eran tres miembros del gabinete de López Obrador y García.

“Es una forma en la que los mafiosos se comunican con los estados para decirles, ‘me tocas y te vamos a asesinar a los funcionarios más importantes’”, aseveró Edgardo Buscaglia, experto de crimen organizado en la Universidad de Columbia.

“Cuando esto ocurre, la delincuencia organizada entiende que el Estado está tomando medidas que les van a dañar su negocio y comienzan a asesinar a miembros de la élite política”, añadió Buscaglia.

Hace unas semanas, Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, anunció que la unidad congelaría, en colaboración con la DEA, casi 2.000 cuentas que se cree son utilizadas por el CJNG. Nieto fue mencionado como uno de los posibles blancos del cártel dentro del gabinete. También hay casi una decena de extradiciones pendientes de socios del cártel, señaló Buscaglia.

El gobierno debería seguir presionando al cártel al tiempo que aumenta la seguridad para proteger a su élite política, comenzando con López Obrador, quien sigue viajando en vuelos comerciales y con poca seguridad, agregó.

El sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió una foto en que aparece con García sonriendo en una cama de hospital y aseveró que él se encontraba bien y que tenía “más energía que nunca”. Elogió a la policía de la capital mexicana por una rápida respuesta que probablemente salvó su vida.

Desde el ataque, las autoridades han realizado 19 arrestos relacionados con el caso, añadió Sheinbaum, incluido el del supuesto autor intelectual del incidente. López Obrador no ha hecho comentarios al respecto desde el viernes por la mañana.

Posteriormente, Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó las detenciones y dio a conocer el armamento que fue decomisado en los operativos, que incluyó 34 fusiles, un lanzagranadas y cinco fusiles calibre .50.

La estrategia de seguridad de México —que es cuestionada en torno a si es lo suficientemente coherente para merecer ese nombre— se parece poco al eslogan de “abrazos, no balazos” sobre el cual López Obrador hizo campaña.

La alta tasa de homicidios del año pasado ya había desafiado su objetivo a largo plazo de atacar las causas profundas de la violencia. La devastación económica agravada por la pandemia de COVID-19 dejó claro que esas políticas tendrán pocas probabilidades de funcionar a medida que más mexicanos sean empujados a la pobreza.

“Todo lo que está implementado ahora no es una estrategia de seguridad coherente e integrada, sino que depende casi exclusivamente de la fuerza, específicamente de la fuerza militarizada”, dijo Franko Ernst, principal analista de la organización International Crisis Group. Ernst advirtió que una creciente presión militar sobre el CJNG, que ya ha sufrido disputas internas y divisiones, podría conducirlo a separarse en facciones, tal como ha ocurrido con otros cárteles dominantes en los últimos años.

Ernst apuntó que el mes pasado el gobierno decretó que el ejército seguiría realizando tareas policiales en el país, una labor que la recién creada Guardia Nacional de López Obrador iba a asumir pero se ha mostrado incapaz de hacerlo. Ahora, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, 'finalmente se ha establecido de manera contundente como el inevitable enemigo público de la Cuarta Transformación', el término que López Obrador utiliza para su gobierno.

“Simplemente va tener que impulsar otras políticas de seguridad más integradas y más sólidas en el futuro”, puntualizó Ernst.

AP

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