Nueva ley estadounidense pone en libertad a dominicano acusado de estafa
El hombre fue acusado de estafar con un millón de dólares a trabajadores de la construcción
Miguel Cruz Tejada
Una nueva ley de fianza aprobada por la legislatura estatal de Nueva York puso en libertad a un empleador de trabajadores de la construcción, de nacionalidad dominicana, acusado de estafar con un millón de dólares a 100 obreros a los cuales dejó sin seguro de compensación.
La medida fue tomada por el juez Maxwell Wiley, quien utilizó por adelantado la ley que entraría en vigencia en enero del 2020 para favorecer al acusado Salvador Almonte Junior, de 38 años de edad, a quien los fiscales estatales le habían impuesto una fianza de USD$100 mil dólares.
El magistrado expresó que acogió la medida por adelantado “para no esperar a enero” alegando que como juez tiene la potestad para hacerlo.
La legislatura estatal aprobó un conjunto de leyes a principios de este año que benefician a los acusados de delitos menores y algunos graves con la finalidad de corregir injusticias dentro del sistema penal estadounidense. Esta normativa ha sido criticada estas medidas catalogándolas como “demasiado flexibles y de plazos muy cortos”.
Almonte fue acusado de evadir información sobre sus compañías para obtener tasas de seguro más bajas lo cual dejo a aproximadamente cien trabajadores desprotegidos.
“El acusado engañó a las compañías de seguros para reducir los costos en una de las industrias más peligrosas de la ciudad en perjurio de la vida de sus empleados”, dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Junior.
Por la evasión impuestos realizada por Almonte varios obreros que sufrieron lesiones durante su trabajo no pudieron obtener la compensación para los trabajadores.
Uno de los empleados de Almonte, Juan Chonillo, perdió la vida luego de desplomarse de un edificio con 29 pisos y murió cuando fue derribado de una plataforma en Manhattan el 21 de septiembre de 2017.
Asimismo, un hombre sufrió una lesión en la cabeza que lo obligó a dejar el trabajo, pero tuvo que esperar 14 meses para recibir el pago por discapacidad. Pese a esto, Almonte se negó a cooperar cuando la Junta de Compensación de Trabajadores del Estado le ordenó comparecer a una audiencia.
Almonte se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Chonillo y pagó alrededor de USD$842,000 como compensación y una multa corporativa de USD$10,000 dólares.
Miguel Cruz Tejada
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