Tras reunión de familias migrantes en EEUU, el foco está en padres deportados sin sus hijos

SAN DIEGO. Con más de 1,800 niños migrantes entregados a sus padres, un juez estadounidense dio este viernes por “completado” el proceso de reunificación que ordenó al gobierno del presidente Donald Trump y puso su atención en encontrar a los 400 padres deportados sin sus hijos.

Dana Sabraw, de una corte federal de San Diego, indicó que el gobierno “merece un gran reconocimiento” por cumplir la orden antes del plazo que terminó el jueves.

“El gobierno solo puede reunificar familias bajo su control”, resaltó.

Sin embargo, insistió en que el “foco ahora son los padres deportados sin sus niños” y que se diseñe un “protocolo” para que no se repitan estas polémicas separaciones, que comenzaron en mayo como parte de la política de “cero tolerancia” impulsada por Trump.

Los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo, y eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.

Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.

El gobierno entregó un balance correspondiente a 2.551 niños de entre 5 y 17 años.

De los 1.820 “considerados elegibles para reunificación”, 1.420 fueron reunidos en instalaciones de la policía migratoria ICE con sus padres, que en su mayoría obtuvieron después la libertad condicional. Algunos de ellos salieron con tobilleras electrónicas.

Otros 378 fueron liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

El abogado del gobierno, Scott Stewart, dijo que esos números habían aumentado “en la docenas” sin poder consolidar la cifra.

Los otros 711 fueron considerados “no elegibles” porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.

Los 20 menores en custodia restantes entraron a Estados Unidos solos, sin el acompañamiento de un familiar.

“Estamos contentos con el resultado en el sentido que hay familias que están de nuevo juntas”, dijo a la AFP Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que antes había criticado la forma “unilateral” en la que el gobierno decidió esas categorías.

“Pero seguiremos luchando para que todas las familias sean reunidas, el gobierno no ha arreglado el desastre que causaron aún”.

Más información

Stewart informó al tribunal que había 1.000 familias con órdenes de deportación “ejecutables”, de las cuales 400 estaban bajo custodia y serían las primeras en ser expulsadas.

Muchas otros habían sido puestas en libertad en el momento de la reunificación, agregó, pero estarán sujetas a deportación tan pronto como Sabraw levante una prohibición de deportación que impuso recientemente.

Por otro lado, ACLU pidió al juez que fijara un plazo para que el Ejecutivo entregara más información sobre los padres deportados sin sus hijos.

“Hemos hecho lo mejor que hemos podido, les hemos entregado una tremenda cantidad de información”, señaló Stewart, asegurando que entregaron un cuadro con datos como fecha de deportación, país de destino y fecha de arresto.

Pero Gelernt, que cuenta con ONGs en el terreno para buscarlos, pidió acceso a los llamados A-Files, que contienen información detallada de cada inmigrante que entra a Estados Unidos. Stewart se opuso.

ACLU insistió además, basado en el testimonio de 27 padres deportados, que muchos firmaron, sin entenderlo, el formulario en el que renunciaban a la custodia de sus niños.

“Lo mínimo es que hablemos con todos” lo que lo hicieron para verificar que no hubo “manipulación o coerción”, dijo Galernt.

El juez debe pronunciarse también sobre el plazo de siete días desde la reunificación pedido por ACLU, para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.

Los abogados del gobierno lo consideran injustificado, pues afirman que han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado detenidos.

Para el martes -antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer- el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11,500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).

por Javier TOVAR

AFP