Inversiones millonarias para un transporte desorganizado
Un estudio de la OPRET establece que en los últimos años se han adquirido 11,360 unidades de transporte, entre autobuses y minibuses y "pollitos" y "garzas"
Niza Campos
Santo Domingo. A pesar de que en los últimos 35 años los problemas del transporte público han consumido más de RD$28 mil millones de las arcas del Estado, todavía el país no cuenta con una acertada política que regule y organice al sector.
La negligencia con que por años han actuado las autoridades ha dado pie a que los sindicatos, en un exceso de funciones, sean los que gobiernen en el transporte, situación que se da no obstante la existencia de las oficinas Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la de Tránsito y de Transporte de los Municipios, la del Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la Autoridad Metropolitana de Santiago (AMETRASAN) y la Dirección de Tránsito Terrestre.
La diversidad y duplicidad de funciones de esas entidades ha reflejado, al paso de los gobiernos, una falta de planificación y de coordinación que en vez de solucionar el problema ha contribuido a agravarlo.
Para el experto y asesor en materia de transporte José Gómez Cerda, estos desaciertos administrativos obedecen a la falta de interés y de voluntad gubernamental.
"No hay una política para regular los vehículos de transporte ni de carga, entonces las regulaciones la determinan los sindicatos y quienes tienen que establecer las políticas no son ellos sino el Estado que es al que le corresponde", advierte.
A entender del experto, las rutas de circulación de los vehículos así como la regulación de las tarifas son prerrogativas del Gobierno, pero actualmente las ejercen los sindicatos.
Asimismo, sostiene que las diferentes entidades gubernamentales vinculadas al transporte trabajan cada cual por su lado, cuando lo ideal es concentrar todos los esfuerzos en una sola cartera.
El informe
Un estudio realizado por la OPRET evidencia que por más de tres décadas los gobiernos han subsidiado el sector transporte a través de exoneraciones a los impuestos y aranceles de importación de flota vehicular nueva y usada, así como mediante rebajas a los combustibles.
Aduce que desde 1997 se está aplicando una subvención al gas licuado de petróleo, combustible que utilizan las mayorías de los microbuses y carros del concho.
El levantamiento denominado "Política Nacional del Transporte Terrestre", preparado por un equipo de técnicos bajo la asesoría del experto colombiano Juan Gabriel Cajiaó, revela que el Estado ha adquirido 7,860 autobuses y minibuses, 1,000 "pollitos" y 2,500 "garzas". Las unidades han transportado en 35 años a unos 10 mil millones de pasajeros.
"Los operadores, al ser transportistas individuales afiliados a un sindicato o asociación, y al carecer por completo de estructuras empresariales, con muy pocas excepciones, no conocen su estructura de costos, no hacen previsiones para mantenimiento de sus vehículos o para su reposición y proveen un servicio cada vez de menor calidad en una flota cada vez más deteriorada y obsoleta", refiere el estudio.
Cita como dos principales factores que sustentan el problema actual y futuro del transporte, el incremento del parque automotor que en los últimos 6 años creció en un 30%. En el 2006 a nivel nacional habían 1,010 rutas y 38,416 unidades, de ellas 24,244 carros, 5,569 microbuses y 4,827 minibuses, entre otros.
Partiendo de ONATRATE
Mucho ha llovido desde 1979, cuando el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, con una inversión de RD$200 millones, inició un ambicioso proyecto tendente a mejorar el servicio del transporte público, calificado en esa fecha como caótico.
Para tales fines fue creada mediante el decreto 1280-79 la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE) con el objetivo de implementar un sistema colectivo que ayudara a obtener ahorros en el consumo de combustible ante la subida de los precios del petróleo. Un promedio de 500 autobuses fueron puestos al servicio de los usuarios, agregándose en 1983 una partida de otros 150.
Para 1987, otros vientos soplaron y en la presidencia de Joaquín Balaguer fue creada el 21 de septiembre de ese mismo año la OTTT, para planificar, regular y controlar el transporte público. En ese entonces se importaron desde Estados Unidos 250 autobuses tipo escolar que fueron conocidas popularmente como las "guaguas banderitas".
Diez años después, en 1997, durante el primer mandato del presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 393-97, fue creada la AMET como organismo dependiente de la Presidencia de la República que también se encargaría de regular todo lo relativo a la oferta y la demanda del transporte en el área metropolitana de Santo Domingo. Posteriormente la AMET fue pasada al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, con la función de fiscalizar y controlar el tránsito en todas las ciudades del país, además de realizar el levantamiento e investigación de accidentes.
También en 1997, con el decreto 448-97 el Poder Ejecutivo dejó constituida la OMSA y disolvió la ONATRATE, argumentando la necesidad de mejorar el sistema, garantizar el nivel de servicio, de seguridad y comodidad de los autobuses. Ese mismo año se compraron 300 autobuses por US$25 millones.
En el período 2002-2004 se importaron más de 4,000 unidades destinadas al transporte público y de carga.
El concho, un mal servicio que carece de seguridad
Desplazarse en un vehículo público a cualquier punto de la ciudad es un seguro "dolor de cabeza", pues en un vehículo con capacidad para cinco personas son montadas siete, apiñadas como sardinas en lata.
La mayoría de las unidades del concho están destartaladas, con sus asientos destruidos y sucios, y en algunos casos sin ventanillas.
Ni hablar de los ruidos que provoca la falta del muffler que durante el trayecto va emanando humo.
"Los servicios de transporte público urbano en República Dominicana evidencian en general una deficiente integración y jerarquización modal, así como un muy bajo nivel de servicio, caracterizado por unidades en su mayoría con poca capacidad, poco confortables y con condiciones de higiene y seguridad precarias, que operan en forma anárquica (frecuencias aleatorias y horarios caprichosos), con una cobertura diseñada en función de la mayor rentabilidad y con ausencia de un sistema de paradas, terminales formales e información al público", indica un informe de la OPRET.
La negligencia con que por años han actuado las autoridades ha dado pie a que los sindicatos, en un exceso de funciones, sean los que gobiernen en el transporte, situación que se da no obstante la existencia de las oficinas Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la de Tránsito y de Transporte de los Municipios, la del Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la Autoridad Metropolitana de Santiago (AMETRASAN) y la Dirección de Tránsito Terrestre.
La diversidad y duplicidad de funciones de esas entidades ha reflejado, al paso de los gobiernos, una falta de planificación y de coordinación que en vez de solucionar el problema ha contribuido a agravarlo.
Para el experto y asesor en materia de transporte José Gómez Cerda, estos desaciertos administrativos obedecen a la falta de interés y de voluntad gubernamental.
"No hay una política para regular los vehículos de transporte ni de carga, entonces las regulaciones la determinan los sindicatos y quienes tienen que establecer las políticas no son ellos sino el Estado que es al que le corresponde", advierte.
A entender del experto, las rutas de circulación de los vehículos así como la regulación de las tarifas son prerrogativas del Gobierno, pero actualmente las ejercen los sindicatos.
Asimismo, sostiene que las diferentes entidades gubernamentales vinculadas al transporte trabajan cada cual por su lado, cuando lo ideal es concentrar todos los esfuerzos en una sola cartera.
El informe
Un estudio realizado por la OPRET evidencia que por más de tres décadas los gobiernos han subsidiado el sector transporte a través de exoneraciones a los impuestos y aranceles de importación de flota vehicular nueva y usada, así como mediante rebajas a los combustibles.
Aduce que desde 1997 se está aplicando una subvención al gas licuado de petróleo, combustible que utilizan las mayorías de los microbuses y carros del concho.
El levantamiento denominado "Política Nacional del Transporte Terrestre", preparado por un equipo de técnicos bajo la asesoría del experto colombiano Juan Gabriel Cajiaó, revela que el Estado ha adquirido 7,860 autobuses y minibuses, 1,000 "pollitos" y 2,500 "garzas". Las unidades han transportado en 35 años a unos 10 mil millones de pasajeros.
"Los operadores, al ser transportistas individuales afiliados a un sindicato o asociación, y al carecer por completo de estructuras empresariales, con muy pocas excepciones, no conocen su estructura de costos, no hacen previsiones para mantenimiento de sus vehículos o para su reposición y proveen un servicio cada vez de menor calidad en una flota cada vez más deteriorada y obsoleta", refiere el estudio.
Cita como dos principales factores que sustentan el problema actual y futuro del transporte, el incremento del parque automotor que en los últimos 6 años creció en un 30%. En el 2006 a nivel nacional habían 1,010 rutas y 38,416 unidades, de ellas 24,244 carros, 5,569 microbuses y 4,827 minibuses, entre otros.
Partiendo de ONATRATE
Mucho ha llovido desde 1979, cuando el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, con una inversión de RD$200 millones, inició un ambicioso proyecto tendente a mejorar el servicio del transporte público, calificado en esa fecha como caótico.
Para tales fines fue creada mediante el decreto 1280-79 la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE) con el objetivo de implementar un sistema colectivo que ayudara a obtener ahorros en el consumo de combustible ante la subida de los precios del petróleo. Un promedio de 500 autobuses fueron puestos al servicio de los usuarios, agregándose en 1983 una partida de otros 150.
Para 1987, otros vientos soplaron y en la presidencia de Joaquín Balaguer fue creada el 21 de septiembre de ese mismo año la OTTT, para planificar, regular y controlar el transporte público. En ese entonces se importaron desde Estados Unidos 250 autobuses tipo escolar que fueron conocidas popularmente como las "guaguas banderitas".
Diez años después, en 1997, durante el primer mandato del presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 393-97, fue creada la AMET como organismo dependiente de la Presidencia de la República que también se encargaría de regular todo lo relativo a la oferta y la demanda del transporte en el área metropolitana de Santo Domingo. Posteriormente la AMET fue pasada al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, con la función de fiscalizar y controlar el tránsito en todas las ciudades del país, además de realizar el levantamiento e investigación de accidentes.
También en 1997, con el decreto 448-97 el Poder Ejecutivo dejó constituida la OMSA y disolvió la ONATRATE, argumentando la necesidad de mejorar el sistema, garantizar el nivel de servicio, de seguridad y comodidad de los autobuses. Ese mismo año se compraron 300 autobuses por US$25 millones.
En el período 2002-2004 se importaron más de 4,000 unidades destinadas al transporte público y de carga.
El concho, un mal servicio que carece de seguridad
Desplazarse en un vehículo público a cualquier punto de la ciudad es un seguro "dolor de cabeza", pues en un vehículo con capacidad para cinco personas son montadas siete, apiñadas como sardinas en lata.
La mayoría de las unidades del concho están destartaladas, con sus asientos destruidos y sucios, y en algunos casos sin ventanillas.
Ni hablar de los ruidos que provoca la falta del muffler que durante el trayecto va emanando humo.
"Los servicios de transporte público urbano en República Dominicana evidencian en general una deficiente integración y jerarquización modal, así como un muy bajo nivel de servicio, caracterizado por unidades en su mayoría con poca capacidad, poco confortables y con condiciones de higiene y seguridad precarias, que operan en forma anárquica (frecuencias aleatorias y horarios caprichosos), con una cobertura diseñada en función de la mayor rentabilidad y con ausencia de un sistema de paradas, terminales formales e información al público", indica un informe de la OPRET.
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