TSA rechaza solicitud de medida cautelar contra la Cámara de Cuentas
La decisión del TSA está contenida en la sentencia 00191-2021
Diario Libre
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar incoada por la firma Inteligencia Legal, SRL, representada por Julio Cury y por Francisco Franco, con el objeto de que se suspendieran los efectos de la Resolución ADM-2021-0007 dictada por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, mediante la cual se ordenaba suspender los efectos de la resolución DEC-X-2021-001 que, a su vez, autorizaba la contratación de sus servicios legales.
Una nota de prensa de la Cámara de Cuentas reseña que mediante la sentencia 00191-2021, tiene la facultad de suspender contratos de servicios o de gestión, cuando considere que existen razones justificadas de interés público.
“El objeto principal de la medida cautelar era perseguir la aplicación de una cláusula penal incluida en los contratos, en la que se dispone el pago del duplo del monto por el que original e irregularmente, fueron contratados los servicios para obstaculizar la labor investigativa del Ministerio Público. El monto se aproximaría a los 12 millones de pesos, sin contar los aproximadamente 6 millones de pesos que ya les habían sido abonados en violación a la norma vigente”, indica el comunicado.
En este sentido, la presidencia del TSA consideró que no hay peligro en la demora, puesto que los honorarios fueron pagados y la institución hizo uso de su derecho a desistir de las acciones jurisdiccionales que habían sido iniciadas por los abogados.
Antecedente del caso
En noviembre de 2021, la actual Cámara de Cuentas declaró lesiva para el interés público la decisión DEC-X-2021-001, mediante la cual los anteriores titulares de esa institución aprobaron la contratación de los servicios legales de la firma de abogados de Cury y Franco Soto para defenderlos ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra en el denominado caso Caracol.
Por el servicio de estos abogados, la institución pagó a Francisco Franco Soto y a Inteligencia Legal S. R. L. 6,435,000 pesos por la representación legal de titulares y empleados involucrados en la investigación.
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