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Operación Calamar
Operación Calamar

Imputados en Operación Calamar usaron empresas carpeta para cobros y las disolvieron después de elecciones

Imputados buscaban no dejar rastros ni asumir responsabilidades frente a los hechos, según MP

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Imputados en Operación Calamar usaron empresas carpeta para cobros y las disolvieron después de elecciones
Imputados en Operación Calamar. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)

Los involucrados en el caso de corrupción Operación Calamar utilizaron cuatro empresas de carpeta para cobros fraudulentos por procesos de expropiación tras declaratorias de utilidad pública y compras de terreno, según el Ministerio Público

Estas cuatro empresas en carpeta fueron disueltas semanas después de las pasadas elecciones presidenciales, tres de estas dos semanas antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 31 de julio de 2020, según se desprende del expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados. 

Se recuerda que el Gobierno de Luis Abinader tomó posesión el 16 de agosto de 2020.

Disolvían empresas

Según el Ministerio Público, la estrategia de disolver las empresas era usada por la organización criminal a los fines de no dejar rastros ni asumir responsabilidades frente a los hechos.

Se trata de las empresas Rediux Consulting, SRL., Axionova Group, S.R.L, Prominex Multiservicios, S.R.L y BXT Dominicana, S.R.L.

Mismo domicilio

Otra característica de estas supuestas empresas de carpeta era que dos de ellas (Rediux Consulting SRL. y Axionova Group, S.R.L) tenían un mismo domicilio: avenida 27 de Febrero, núm. 328, Torre RS, 4to. nivel, sector Bella Vista, Distrito Nacional. 

Las otras dos empresas (Prominex Multiservicios, S.R.L y BXT Dominicana, S.R.L) también tenían un mismo domicilio: avenida Tiradentes esquina Fantino Falco, suite 39-A, Plaza Naco, Ensanche Naco, Distrito Nacional. 

“Valiéndose de esta vía fue que se efectuaron la mayor cantidad de cobros fraudulentos que resultaron pagados de los procesos de expropiación por declaratorias de utilidad pública y compras de terreno”, detalla el expediente de solicitud de medida de coerción.

¿Cómo funcionaba el esquema?

El Ministerio Público asegura que a los fines de poder distraer fondos del Estado, la estructura se valió de la compra de varios vehículos societarios, utilizando como intermediario a uno de los que figuraba como mayor beneficiario de las cesiones de créditos, “es decir, el ciudadano Fernando Crisóstomo Herrera, quien para estos fines contactó al ciudadano Joan Manuel Senra Osser, socio propietario de la empresa Legal Express, S.R.L (Legalex), una sociedad jurídica especializada en la creación de empresas de carpeta, con el cual se concertó la venta de las personas jurídicas: Prominex Multiservicios, S.R.L, BXT Dominicana, S.R.L, Axionova Group, S.R.L y Rediux Consulting, SRL”.

“Para concretar la maniobra de ocultamiento del verdadero dueño de las empresas: Prominex Multiservicios S.R.L, BXT Dominicana S.R.L, Axionova Group S.R.L y Rediux Consulting S.R.L., que en hecho eran el ciudadano Fernando Crisóstomo Herrera, este último autorizó al ciudadano Joan Manuel Senra Osser, para que en las actas de asamblea de estas figurara como gerente su primo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, y que permanecieran como accionistas nominales los hermanos Luis Antonio Peguero Cabrera y Amauris Peguero Cabrera”, indica.

Asegura el Ministerio Público que “esas entidades empresariales fueron usadas de forma exclusiva para la firma de las cesiones de créditos vinculadas a los expedientes de pago por expropiación de terreno, previa y oportunamente identificados por la estructura criminal de corrupción, y es que valiéndose de esta vía fue que se efectuaron la mayor cantidad de cobros fraudulentos que resultaron pagados de los procesos de expropiación por declaratorias de utilidad pública y compras de terreno, que surgieron desde la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD); todo esto bajo la creación de la necesidad del pago de los expedientes y la supervisión directa del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz”.

Las empresas en carpeta

  • Rediux Consulting, S.R.L.

El Minsterio Público asegura que durante el periodo comprendido entre el 27 de enero hasta 23 de julio del 2020, a través de Rediux Consulting, S.R.L., representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo, la estructura criminal de corrupción logró obtener pagos fraudulentos, por expedientes de pago provenientes tanto del CEA como en Bienes Nacionales por valor total de RD$ 874,932,065.

Indica que “posterior a la estructura criminal de corrupción realizar los cobros indebidos a través de las cesiones de créditos en fecha 31 de julio del 2020 se produjo un Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad comercial, Rediux Consulting, S.R.L, en cuya primera resolución se declaró la disolución de esta, por lo cual declaró clausurada la sociedad y rescindido el contrato de sociedad que existía entre los socios”.

Destaca que “en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Rediux Consulting, S.R.L, de fecha 17 de agosto de 2020, se aprobó el Informe de Liquidación realizado por el socio nominal Luis Antonio Peguero Cabrera, estrategia esta usada por la organización criminal a los fines de no dejar rastros, ni asumir responsabilidades frente a los hechos penales”.

  • Axionova Group, S.R.L.

El Ministerio Público establece que durante el periodo comprendido entre el 23 de enero hasta el 15 de julio del 2020, a través de la entidad Axionova Group, S.R.L., la estructura criminal de corrupción logró obtener pagos fraudulentos, por expedientes de expropiación provenientes tanto de Bienes Nacionales, del CEA, como del IAD, por valor total de RD$ 1,794,457,310.

“Es en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Axionova Group, S.R.L, de fecha 17 de agosto del 2020, que se aprobó el Informe de Liquidación realizado por el socio nominal Luis Antonio Peguero Cabrera”, indica.

  • Prominex Multiservicios, S.R.L.

El Ministerio Público asegura que a través de la entidad Prominex Multiservicios, S.R.L, la estructura criminal de corrupción, durante el periodo comprendido entre el 23 de enero hasta el 15 de julio del 2020, logró obtener pagos fraudulentos por expedientes de expropiación procedentes tanto de Bienes Nacionales, como del CEA y el IAD, por valor total de RD$ 532,949,582.

“Posterior a la estructura criminal de corrupción realizar los cobros indebidos a través de las cesiones de créditos, se produjo un Acta de Asamblea General Extraordinaria de la entidad comercial Prominex Multiservicios, S.R.L, de fecha 31 de julio del 2020, en cuya primera resolución se declaró la disolución de esta”, indica.

Agrega que “luego, es en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la entidad Prominex Multiservicios, S.R.L, de fecha 17 de agosto del 2020, que se aprobó el Informe de Liquidación”.

  • BXT Dominicana, S.R.L.

“A través de la sociedad BXT Dominicana, S.R.L., representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo, la estructura criminal de corrupción, en el periodo comprendido entre el 23 de enero hasta el 15 de julio del 2020, logró obtener pagos fraudulentos procedentes de Bienes Nacionales, por valor un total de RD$ 5,118,513,620”, asegura el Ministerio Público.

Indica además que luego de que la estructura criminal de corrupción realizó los cobros indebidos vía las cesiones de créditos, se produjo un Acta de Asamblea General Extraordinaria de la entidad comercial BXT Dominicana, S.R.L., de fecha 31 de julio del 2020, en cuya primera resolución se declaró la disolución de la misma.

“Más tarde, con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad BXT Dominicana, S.R.L, de fecha 14 de agosto del 2020, se aprobó el Informe de Liquidación”, agrega.

Operación Calamar

La red de corrupción de la Operación Calamar logró sustraer aproximadamente RD$ 12,000 millones por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, según estableció el Ministerio Público.

El caso, denominado Operación Calamar, señala a una supuesta red mafiosa de estafa al Estado por más de 19,000 millones de pesos, dijo el Ministerio Público.

Coerción

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los detenidos mediante la Operación Calamar.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de  Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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