El combate al feminicidio requiere respuestas más rápidas

Cuba, Haití y República Dominicana, con mayores atrasos que otros en sus políticas contra la violencia de género, deben apurar la respuesta que ofrecen como Estado a las denuncias por maltrato hacia la mujer. 

Así lo cree la Red Regional de Estudio de Violencia basada en género, que advierte múltiples fallas en la manera en que se aborda una problemática que cada año apaga la vida de cientos de mujeres.

La dificultad para acceder a los datos estadísticos es una de esas fallas, con su consecuente debilidad al momento de establecer estrategias efectivas para enfrentar la temática. También sigue siendo un lastre la poca comprensión que muestran los actores del sistema respecto a la necesidad de la atención a los casos de violencia de manera efectiva y rápida. 

La red, formada en 2020 (en medio de la pandemia del Covid-19), se reunió la semana pasada en el país durante tres días para, además de afinar cuestiones propias de su estructura y funcionamiento interno, definir las líneas de trabajo que enfocaran en lo adelante desde un enfoque académico.  

Los estudios que han realizado hasta el momento han revelado cuestiones ya denunciadas: “Podemos contar con todas las estructuras jurídicas, pero como no hay cambio cultural en quienes aplican la ley, la aplicación no es efectiva”, señala Iyamira Hernández, presidente de la red.

Habla, igual que Nahum Lefleur, de Haití, y Altagracia Balcácer Molina, de República Dominicana, de que, en la práctica, muchas mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas tienen una o varias denuncias previas ante la justicia.

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Hernández pone a Cuba como ejemplo, de que “tenemos un código muy revolucionario, pero tenemos dificultades para que se implemente, porque lo que tenemos es que cambiar esos imaginarios culturales (en los que aplican la ley) y eso es un proceso de desconstrucción a largo plazo”.

Luego pasan balance a la situación de la violencia de género en sus países. 

De Cuba, Hernández destaca lo tardío en que, desde el Estado, se reconoce el feminicidio y la violencia contra la mujer.  

Recuerda que fue apenas en 2016 cuando empiezan organizaciones civiles a visibilizar la problemática y apenas en 2020 cuando se estableció una estratégica para hacerle frente. Todavía no hay estructuras de respuestas de parte del Estado para dar atención a las víctimas, y resalta el hecho de que aún no existen las casas de acogida ni un observatorio de género.

 “El tema de la violencia basada en género en Cuba no era vinculante al Estado, no era reconocida la existencia del fenómeno…Con la estrategia se empezó a implementar una serie de acciones como: diseño de protocolos institucionales y ministeriales, pero como hablamos de un tema cultural, hemos tenido que desplegar acciones de comunicación, pues hoy todavía nos encontramos con muchas dificultades de comprensión de los decisores (los que deben aplicar los protocolos). Los operadores de derecho no están preparados para abordar e implementar la estrategia”, recalca.

A la fecha, ya en Cuba están encaminados a crear el observatorio de género que le permitirá seguir indicadores para medir violencia y, en la actualidad se discute si llamarle feminicidio o no al asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja. La discusión ya es un avance, dice Hernández.

Aunque manejan datos estimados de unos 20 casos de feminicidios en lo que va de año, el país tampoco cuenta con estadísticas oficiales para estimar la magnitud de la problemática.

“Todavía tenemos muchas dificultades para acceder a los datos, a las estadísticas, una situación que se da en los tres países y tenemos que trabajar en ello. Los estudios de prevalencia están siendo puntuales en estos momentos en los tres países, porque hay dificultad en cuanto a tener claridad de la prevalencia del fenómeno en los tres países por la dificultad de acceder a los datos”.

Hay muchos casos, pero no hay estructura de estadísticas específicas sobre cuántos, asegura Nahum Lefeur, al repasar el tema de la violencia basada en género de su país.

“La situación de Haití está así, siempre hay violencia basada en género, en el tema laboral, en los homicidios, sin embargo, falta estructura que aporte datos confiables”, dice quien también es rector de la Universidad Pública del Centro, en Haití.  

El país cuenta con el Ministerio de las Condiciones Femeninas, ONU-Mujeres, y algunas organizaciones civiles que intervienen en el tema, pero Lefeur insiste en que a todas les falta el rigor al momento de compilar y presentar los datos, porque no hay un seguimiento riguroso a los casos. 

También cuestiona que la población tampoco conoce los planes estratégicos que, desde el Estado, y el propio Ministerio, tienen para hacer frente a la situación.

Lefeur cree que, con la entrada de las academias en el tema, podría lograrse el acceso a datos más confiables. “Nuestra presencia aquí es poder reforzar los trabajos para tener estructuras y mejorar los datos y que se puedan tomar mejores decisiones”, enfatiza.

República Dominicana acumula décadas trabajando el tema de la violencia de género y el que se reconozca que eso es también un problema de salud pública, político y social. 

En sus políticas ha hecho importantes inversiones, tanto en recursos humanos como monetarios e institucionales, según consideraciones de Altagracia Balcácer Molina, del Instituto de Investigación y Estudio de Género y familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La activista destaca el trabajo que se realiza desde la Procuraduría y las unidades especializadas de las fiscalías, además de las unidades integrales de atención a la violencia en distintos puntos del país.  En términos de legislación, el país cuenta con buen apartado, aunque no se ha logrado la voluntad política suficiente para aprobar la propuesta de ley especial de violencia basada en género.

Otro punto a favor es la cantidad importante de organizaciones sociales que trabajan el tema y varios observatorios que siguen la temática y que permiten tener acceso a datos estadísticos. 

“República Dominicana tiene varios pasos adelante respecto a la situación en Cuba y en Haití, aunque no estamos en el punto ideal”, comenta Balcácer Molina.

Un tema queda pendiente en el que se debe seguir insistiendo y es que: “nos falta el que actuemos con la velocidad requerida, el que las autoridades responsables de atención y prevención a la violencia basada en género actúen con celeridad en el momento que corresponde”, plantea.

Critica que todavía el país se encuentra con la situación de que una persona (violentada) va y pone una denuncia y no pasa nada.

“Hay que tener una reacción más adecuada y más oportuna en el momento en que se identifica que hay un peligro. Evidentemente que todavía tenemos lagunas, la herencia de quienes tienen que ejercer la ley y la justicia”, insiste Balcácer Molina.

Explica que, aun con las normativas que existen, permanece el tema cultural y de construcción social, en el que “los hombres siguen con el mismo esquema de funcionamiento patriarcal, no solo el abusador sino también quien ejecuta (las normas)”.

Tania Molina

Es periodista en Diario Libre.