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Caso Medusa
Caso Medusa

Recusan a juez tras ratificar participación de abogados del Estado en caso Medusa

Jurista alega que los abogados del Estado no tienen calidades

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Recusan a juez tras ratificar participación de abogados del Estado en caso Medusa
El magistrado Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en caso Medusa (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El abogado Bécquer Dukaski Payano, defensor público de Félix Antonio Rosario, implicado en el caso Medusa, recusó al juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, bajo el alegato de que el magistrado está evitando tomar una decisión sobre la participación de los abogados del Estado en este proceso.

El juez mantuvo la decisión de enviar a diferido la solicitud de exclusión de los abogados del Estado del caso Medusa, lo que implica que este decidirá en la resolución final de la audiencia preliminar, si estos deben o no participar como querellantes en el caso donde el principal implicado es Jean Alain Rodríguez.

Por esta decisión, el abogado impuso la recusación a la ratificación del fallo del magistrado, alegando que los abogados del Estado, impuestos por el presidente Luis Abinader mediante decreto para que defienda al gobierno dominicano, no tienen calidades, por lo que su intervención como querellantes contaminaría el proceso. 

Posterior a la recusación del defensor, el magistrado otorgó un receso para almorzar para luego continuar debatiendo la incidencia.

Además, de Payano, otros abogados defensores habían solicitado al juez la exclusión de los abogados del Estado, indicando que no era procedente porque para hacer esta representación deben tener un contrato de una oficina de abogados, que si pasa de más de 200 salarios mínimos, entonces tiene que ir al Congreso Nacional, según establece el artículo 128 de la Constitución.

Más sobre el caso

La operación Medusa es un caso de corrupción en el que figura cómo implicado el exprocurador del la República Jean Alain Rodríguez y otras 41 personas físicas y 22 empresas, señaladas por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa al Estado por más de 6,000 millones de pesos. 

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Periodista, graduada de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo