A 10 años del primer condenado por terrorismo en la República Dominicana
Las autoridades judiciales conocen en la actualidad el caso del Intrant, donde el "sabotaje" a los semáforos, considerado un acto de terrorismo
A propósito de las recientes acusaciones de supuesto terrorismo en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), conocido como operación Camaleón, este mes de octubre se cumplen 10 años del primer hecho condenado como acto terrorista en el país.
Fue el 27 de octubre de 2014, cuando unas 18 personas resultaron con quemaduras y heridas en medio de un atentado ocurrido en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, por el cual dos años más tarde (2016) fue condenado Frank Kelin Holguín Medina, siendo considerado el primer dominicano sentenciado por violación a la Ley 267-08 sobre terrorismo, el cual contempla la pena máxima de entre 30 y 40 años de prisión.
Ese 27 de octubre, apenas iniciaba el día. Eran las 8:30 de la mañana, cerca de la estación Ramón Cáceres y la Mauricio Báez cuando el ciudadano Frank Kelin Holguín, dentro de un vagón, prendió fuego a su mochila, que contenía material inflamable, ocasionando quemaduras a siete personas, dos de ellas de gravedad, y más de una decena de heridos indirectos por daños colaterales.
En marzo de 2016, hace ocho años, Holguín Medina fue condenado a 35 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por violar la Ley 267-08, convirtiéndose en el primer dominicano en ser condenado por terrorismo. Desde que fue apresado, en octubre de 2014, a la fecha el condenado lleva 10 años en prisión.
También fue sentenciado a pagar una indemnización de 241,160.61 euros o su equivalente en pesos a favor de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) por los daños causados a uno de los vagones del Metro.
En la parte civil, fue obligado a pagar una indemnización de 15 millones de pesos a Francis González; 5 millones de pesos a Merilin de León; 2 millones de pesos a Mario Emilio Salas y 2 millones de pesos a Carlos Alejandro Radhamés. Además, 1 millón de pesos a Leoncio de la Cruz, Catalina Perdomo y María Altagracia Díaz, respectivamente, además del pago de las costas civiles del proceso.
¿Por qué condena al acusado del atentado al Metro supera la pena máxima del Código Penal?
La condena de 35 años de prisión dictada a Frank Kelin Holguín está amparada en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, legislación que no entra en conflicto con el Código Penal Dominicano, que establece una pena máxima de 30 años de reclusión.
El alegado terrorismo en el caso del Intrant
En el caso del Intrant y la operación Camaleón, el sabotaje a los semáforos, ocurrido a finales de agosto pasado, sería uno de los delitos cometido por la red y calificado como "terrorismo" por el Ministerio Público.
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El Código Penal define el terrorismo como la ejecución de actos que provoquen un gran temor en la población, con el objetivo de alterar el orden público o coaccionar a los poderes estatales.
El Ministerio Público señaló a Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Intrant, como la persona que dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas, durante el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Así lo establece el expediente de solicitud de medida de coerción, de 304 páginas, contra Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canáan -Jochi Gómez- y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción.
Gómez Canaán es sindicado como el beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de la empresa Aurix S.A.S. y el principal beneficiario económico del alegado esquema de corrupción.
También se le imputa ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica, ocurrida a finales de agosto de 2024, en el gran Santo Domingo, así como de actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Es investigado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros cargos.
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