Tribunal otorga ocho meses al Ministerio Público para presentar acusación en caso Senasa
Siete imputados cumplirán 18 meses de prisión preventiva en los centros de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, mientras que tres permanecen bajo arresto domiciliario
Diario Libre
El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para completar la investigación del caso conocido como Operación Cobra, que involucra a diez imputados por presuntos delitos de corrupción, estafa, desfalco, falsificación, soborno y lavado de activos en perjuicio del Estado y del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión está contenida en la resolución 0668-2025-SMDC-02421, firmada el 14 de diciembre de 2025.
El tribunal declaró el proceso como caso complejo, lo que activa los plazos extendidos previstos en el Código Procesal Penal y permite al Ministerio Público desarrollar una investigación de mayor alcance, incluidas trazas financieras, vínculos societarios y análisis de la documentación que forma parte del expediente.
Ocho meses para presentar la acusación
El juez Rigoberto Sena Ferreras advirtió que la Fiscalía cuenta con ese plazo para presentar el requerimiento conclusivo, que definirá quiénes serán finalmente acusados, por cuáles cargos y bajo qué estructura jurídica. La advertencia aparece de forma expresa en el dispositivo de la resolución, donde el tribunal recuerda que el vencimiento del plazo obliga a presentar acusación o solicitar archivo, según corresponda.
- La decisión también establece que las medidas de coerción de arresto domiciliario impuestas a tres imputados tienen una duración máxima equivalente a ese período, salvo que el tribunal competente decida sustituirlas por medidas más gravosas si cambian las circunstancias del proceso.
Medidas de coerción vigentes
Siete imputados cumplirán 18 meses de prisión preventiva en los centros de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, mientras que tres permanecen bajo arresto domiciliario, impedimento de salida y, en dos casos, garantía económica. El tribunal ordenó además la inmovilización de varios inmuebles vinculados al expediente.
Revisión fijada para marzo
La revisión obligatoria de las medidas de coerción para quienes se encuentran en prisión preventiva fue pautada para el 11 de marzo de 2025, fecha en la que el tribunal evaluará si se mantienen los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida.
Próximos pasos
Con el plazo judicial ya en curso, el Ministerio Público deberá consolidar la investigación sobre el presunto esquema que habría afectado fondos destinados a servicios de salud. Durante estos ocho meses se espera la realización de peritajes financieros, entrevistas ampliadas, análisis de transacciones y la depuración de responsabilidades individuales antes de someter la acusación formal.
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