Así se robaba en el caso Senasa
Según la acusación del Ministerio Público en la Operación Cobra, el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ejecutó mediante las siguientes modalidades operativas

El Ministerio Público detalló las modalidades operativas mediante las cuales se habría ejecutado el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), atribuido a los imputados en el expediente conocido como Operación Cobra. La acusación describe un esquema sostenido de facturación irregular, manipulación administrativa y desvío de fondos públicos.
Según la acusación del Ministerio Público en la Operación Cobra, el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ejecutó mediante las siguientes modalidades operativas:
Servicios médicos no realizados
Se facturaban estudios, procedimientos y tratamientos que no fueron ejecutados, utilizando afiliados reales y prestadores habilitados.
Servicios parciales cobrados como completos
Procedimientos realizados de forma incompleta eran reportados como totalmente ejecutados, generando cobros mayores.
Duplicación de procedimientos
A un mismo afiliado se le facturaban procedimientos idénticos en períodos cercanos, sin justificación clínica.
Diagnósticos repetidos
Se utilizaban diagnósticos similares o idénticos en distintos pacientes para sustentar autorizaciones y pagos.
Servicios médicamente incompatibles
Se reportaban procedimientos incompatibles entre sí dentro de un mismo período (por ejemplo, internamientos y atenciones ambulatorias simultáneas).
Uso reiterado de afiliados
Determinados afiliados eran utilizados de manera recurrente como soporte para múltiples reclamaciones, en algunos casos sin su conocimiento.
Coordinación administrativa del fraude
Intermediarios gestionaban la codificación, presentación y seguimiento de las reclamaciones para cumplir con los requisitos formales del sistema.
Dispersión de los pagos
Los fondos pagados por Senasa eran canalizados a personas físicas y jurídicas vinculadas a los imputados.
Conversión en bienes
Parte del dinero fue utilizada para adquirir inmuebles y otros activos, lo que dio lugar a la imputación de lavado de activos y a la inmovilización judicial de bienes.

