Juez fundamenta coerción caso Senasa en la gravedad de los hechos y las pruebas del MP
El magistrado resalta riesgo de fuga, la obstrucción de las evidencias y la magnitud del fraude
Harolyn G
El juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se basó en la magnitud y gravedad de los hechos investigados para declarar complejo el proceso judicial que se sigue contra diez imputados por presuntos actos de corrupción, fraude y lavado de activos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el documento de motivación, el magistrado afirmó que "drenar instituciones del Estado constituye un acto de traición al pueblo dominicano", al referirse a la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, habría defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.
Durante la audiencia, el juez desestimó el planteamiento de la defensa del principal imputado, el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, que alegaba que la declaratoria de complejidad violaba el principio de proporcionalidad al extender los plazos de la prisión preventiva.
En su motivación, Sena explicó que el artículo 377, numeral 2, del Código Procesal Penal permite ampliar dichos plazos hasta 18 meses cuando concurren los presupuestos legales, como la pluralidad de hechos, el elevado número de imputados y las características propias de la delincuencia organizada.
Indicó que en procesos de esta naturaleza no siempre desaparecen los peligros procesales, tales como el riesgo de fuga, la obstrucción de pruebas y el impacto social de los hechos investigados.
El magistrado calificó el expediente como "tétrico, sombrío, escandaloso y extremadamente grave", al tratarse de una presunta estructura criminal que habría afectado una institución dedicada a cuidar y proteger la salud de más de 7.5 millones de dominicanos, especialmente a la población más vulnerable.
En cuanto a las medidas de coerción, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a siete imputados: el exdirector de Senasa, Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. En otro orden, el juez acogió la solicitud del Ministerio Público de variar la prisión preventiva por medidas alternas a favor de Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Las medidas contra estos incluyen arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica mediante contrato de seguros.
Señaló que la investigación preliminar del Ministerio Público es "seria, profunda y detallada", y destacó un voluminoso arsenal probatorio compuesto por 51 testimonios, tres peritajes, 135 documentos, tres pruebas audiovisuales, 46 pruebas materiales y 66 procesales.
El juez sostuvo que todas las pruebas testimoniales ofertadas por el órgano acusador están interconectadas con el relato fáctico de la solicitud de medida de coerción, y que, del análisis conjunto de las pruebas periciales, documentales y testimoniales se refuerza la teoría presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con la motivación judicial, las evidencias apuntan a que los imputados habrían creado una estructura de crimen organizado, obstruido la transparencia interna de la institución y desarrollado programas especiales fraudulentos para el pago de sobornos.
Asimismo, señala la adulteración crónica de los estados financieros, la distracción de fondos del Seguro Nacional de Salud, la instrumentalización y subordinación de personal del área tecnológica, así como la captación y reclutamiento de funcionarios y técnicos claves de Senasa para la trama investigada.
El tribunal también destacó la presunta violación de controles financieros internos, incluida la manipulación directa del Bordereau (informe detallado de una aseguradora en el que se enumeran los activos asegurados o las reclamaciones realizadas) y el registro de reclamaciones pendientes, violando los controles contables de la institución para ocultar la verdadera dimensión del déficit.
Aunque el juez Rigoberto Sena dispuso que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el fraude contra esa ARS cumplieran la medida de coerción en los centros penitenciarios Najayo Hombres y Najayo Mujeres, la noche del domingo fueron trasladados a la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
El traslado de Hazim y de los demás imputados, a quienes se les impuso prisión preventiva por 18 meses, se realizó después de concluir la audiencia de solicitud de medida de coerción.
La información sobre su reclusión en Las Parras fue divulgada inicialmente por un abogado de los imputados y luego confirmada por el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.
Santana explicó que el traslado obedeció a la falta de cupos en el área de alta seguridad de Najayo Hombres.
Sin privilegios
El funcionario aseguró que los encartados no recibirán privilegios en el nuevo recinto penitenciario, pero tampoco estarán en riesgo de seguridad.
Indicó que Las Parras comenzó a operar el pasado mes de noviembre.
Además de Hazim, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.
El juez también ordenó el envío de Ada Ledesma Ubiera, a Najayo Mujeres.
Fundamentos legales
El juez explicó que están presentes los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código Procesal Penal, Ley 97-25, al existir elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que los imputados son autores o cómplices de infracciones; existe peligro de fuga basado en una presunción razonable.
Citó además el artículo 226 del mismo código, que establece que "las medidas de coerción tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación y proteger a la víctima y a los testigos del proceso".
La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) afirmó ayer que la presunta corrupción en la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal Senasa, así como la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional del Cibao, provocaron la muerte de pacientes y el deterioro de la salud de muchos otros, debido a la falta de medicamentos y al desvío de prescripciones.
En un comunicado en el que pasa balance al desempeño del sistema de salud durante 2025, la entidad sostuvo que ese año "brilló por la ausencia de la entrega de medicamentos de alto costo y la pésima gestión de los mismos, con inventarios enteros vencidos que no llegaron a manos de los pacientes". SODOM aseguró que numerosos pacientes "esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por su salud y sus derechos".
Sobre el caso Senasa, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, expresó que corresponde al Ministerio Público realizar las indagatorias de manera independiente y aseguró que el Gobierno respalda las medidas que ese órgano disponga.
Atallah reiteró que el caso Senasa está en manos del Ministerio Público y que lo fundamental es permitir que continúe su trabajo.
Mientras se desarrollan las investigaciones, pacientes afiliados al Senasa, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, continúan recibiendo servicios médicos con normalidad en el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral. Durante una visita al centro de salud, el equipo de Diario Libre constató que los usuarios agotaban sus turnos en el área de facturación para consultas y pruebas de laboratorio sin pagar diferencias, al presentar su seguro estatal.
Harolyn GavilánPeriodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.
Mariela LorenzoEs periodista en Diario Libre.
Claudia FernándezPeriodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.