El abogado del presidente: qué hace y para qué sirve el consultor jurídico del Poder Ejecutivo
El consultor jurídico garantiza que las decisiones presidenciales se ajusten a la Constitución y la ley
Diario Libre
¿Qué hace exactamente un consultor jurídico de la Presidencia y por qué su rol es clave en el funcionamiento del Estado? Aunque no suele ocupar titulares diarios, esta figura es una de las más influyentes dentro del Poder Ejecutivo, porque por su despacho pasan las leyes, decretos y decisiones normativas que firma el presidente de la República.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo es el órgano encargado de asesorar legalmente al presidente y al Gobierno, garantizar que los actos del Ejecutivo se ajusten a la Constitución y las leyes, y organizar la producción normativa del Estado. Su función no es política, sino técnica y jurídica, pero su impacto es transversal en toda la administración pública.
¿Qué hace, en la práctica, un consultor jurídico presidencial?
En términos simples, el consultor jurídico es el abogado principal del presidente. Entre sus tareas centrales está responder las consultas que le formule el jefe del Estado y los ministros. Estas consultas tienen prioridad cuando provienen directamente del presidente o de la Presidencia, y se atienden con carácter urgente cuando así se indica.
También es responsable de redactar y someter al presidente los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos del Poder Ejecutivo, ya sea por instrucción directa o cuando las circunstancias lo ameritan.
Ningún decreto importante llega a la firma presidencial sin pasar antes por la Consultoría Jurídica.
Otra función clave es revisar las leyes y resoluciones aprobadas por el Congreso que son enviadas al Poder Ejecutivo. El consultor jurídico estudia su contenido y recomienda al presidente si procede promulgarlas u observarlas, preparando en cada caso la documentación legal correspondiente.
Además, puede despachar instrucciones con su sola firma cuando se trata de asuntos que, por su naturaleza, deben canalizarse a través de la Consultoría Jurídica, y participa en comisiones especiales cuando así lo disponga el presidente.
El guardián de los decretos y la Gaceta Oficial
Más allá de la asesoría directa, la Consultoría Jurídica cumple una función menos visible, pero esencial: organizar y custodiar la producción normativa del Estado.
Debe llevar un registro fiel, cronológico y numérico de todas las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos promulgados por el presidente. También vela porque estos actos sean publicados correctamente en la Gaceta Oficial o en los medios correspondientes, conforme a los requisitos constitucionales y legales.
El consultor jurídico dirige la edición de la Gaceta Oficial, la colección de leyes, decretos y reglamentos, así como el Índice de la Legislación Dominicana. Incluso tiene a su cargo los procedimientos legales para contratar las imprentas que publican estos documentos oficiales, con partidas asignadas cada año en el presupuesto nacional.
A esto se suma la elaboración de los poderes legales que debe otorgar el presidente para que el Estado sea representado en actos jurídicos, contratos y procesos judiciales.
Cada año, la Consultoría Jurídica debe rendir un informe de gestión al presidente de la República, con una memoria detallada de los trabajos realizados.
Un cargo con casi un siglo de historia
La figura del consultor jurídico presidencial no es nueva. Fue creada en 1930, mediante la Ley núm. 12, como un cargo adscrito al Poder Ejecutivo para responder consultas de todas las Secretarías de Estado. Cuatro años después, se le asignó la dirección de las Gacetas Oficiales.
En 1936 se amplió su rol para incluir la redacción y estudio de leyes antes de su presentación al Ejecutivo y la supervisión de su publicación oficial. En 1946 se estableció que las consultas al Ejecutivo debían canalizarse a través de la Presidencia.
En 1959, la oficina fue elevada brevemente a Secretaría de Estado de Asuntos Jurídicos, integrando a los abogados consultores de otros ministerios. Aunque ese esquema fue derogado el mismo año, se mantuvo el rango de secretario de Estado para el consultor jurídico y su firma obligatoria en las publicaciones oficiales.
A lo largo de las décadas, la Consultoría asumió funciones clave como la numeración oficial de leyes y decretos, regulada desde 1963 y modificada en 1985 para evitar confusiones, y la depuración de lo que debía publicarse en la Gaceta Oficial.
El marco actual de sus atribuciones quedó definido con el Reglamento 1-98, modificado en 2000, que creó la Unidad Revisora de Contratos, reforzando el control legal de los acuerdos que firma el Estado.
Por qué importa este cargo
Aunque no dicta sentencias ni persigue delitos, el consultor jurídico es una pieza central del engranaje institucional. De su trabajo depende que las decisiones del presidente no choquen con la Constitución, que los decretos estén bien fundamentados y que las leyes sigan un orden claro y verificable.
En un Estado moderno, su función es asegurar que el poder se ejerza con forma legal, antes de que los actos del Gobierno lleguen a los tribunales o al escrutinio público.
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