Defensa de Daniel Guerrero solicita nulidad de acusación por falta de pruebas y violaciones
Los abogados del implicado plantearon ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que la acusación carece de afirmaciones de hecho concretas que permitan sostenerla, por lo que la calificaron como "hueca"

La defensa técnica del imputado Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, solicitó al tribunal la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público, al alegar violaciones a garantías fundamentales del debido proceso y ausencia de pruebas que sustenten los tipos penales imputados.
Los abogados del implicado plantearon ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que la acusación carece de afirmaciones de hecho concretas que permitan sostenerla, por lo que la calificaron como "hueca".
Conrad Pittaluga y Laura Rodríguez afirmaron que Guerrero Mena no fue informado de que estaba siendo investigado ni participó en la etapa preparatoria del proceso, lo que, a su juicio, le impidió ejercer su derecho de defensa y el principio de contradicción previstos en la normativa procesal.
"Todos los actos que se realizan durante la etapa preparatoria se le deben ir comunicando al imputado para que él pueda ejercer la defensa material y, además, el ejercicio del principio contradictorio", expresó la defensa.
Rodríguez agregó que la participación en esa fase incluso permite a la defensa aportar elementos que puedan disuadir al Ministerio Público de presentar actos conclusivos. Sostuvo que esto no ocurrió porque su cliente fue excluido de la etapa preparatoria.
Pittaluga señaló además que el expediente presenta contradicciones internas, en especial en lo relativo al contrato del asfalto AC-30 y a la imputación por extorsión.
"Es decir, queda descartada y desvirtuada la estafa contra el Estado en el contrato de asfalto AC-30, porque fue un negocio que realmente se dio bien; fue un negocio privado. Es la única vinculación que pretenden hacer a Daniel Guerrero. ¿Por qué? Porque Daniel Guerrero es hijo de Donald Guerrero. Por eso es que lo traen a último momento, sin haberlo citado, y presentan una acusación que es totalmente falsa", manifestó.
Revisión de las imputaciones en la audiencia preliminar
En el caso Calamar, a Guerrero Mena se le imputan los delitos de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa, extorsión y lavado de activos.
Rebaten las imputaciones
Durante la audiencia preliminar de este viernes, los abogados de Daniel Guerrero Mena refutaron uno a uno los delitos atribuidos por el Ministerio Público.
Sobre el uso de documentos falsos, la defensa sostuvo que la acusación no identifica ningún documento presuntamente falsificado ni describe qué acción concreta habría realizado el imputado, y que se confunde la simulación de actos societarios con la falsedad documental, sin precisar cuándo, cómo ni dónde se habría cometido el delito.
En cuanto a la asociación de malhechores, argumentaron que no se le atribuye un delito base ni se describe un acuerdo criminal o concierto de voluntades con fines delictivos, por lo que la imputación carece de sustento fáctico y jurídico.
Respecto a la extorsión, indicaron que no se individualiza ninguna conducta concreta, ya que no se señala a quién habría extorsionado, en qué circunstancias ni cuál habría sido su rol específico dentro de una imputación colectiva.
Sobre la estafa, la defensa afirmó que la acusación vincula a Guerrero Mena con un supuesto fraude al Estado relacionado con el suministro de asfalto AC-30, pero sostuvo que se trató de un negocio privado, ejecutado en condiciones de mercado y sin contratos directos con el Estado, por lo que no existió engaño ni perjuicio económico atribuible al imputado.
En relación con el lavado de activos, los abogados señalaron que no se identifica el delito precedente ni se describen operaciones específicas de ocultamiento o transferencia de fondos, y que la acusación se limita a mencionar montos elevados sin detallar su origen ni destino.
También rechazaron la imputación vinculada a supuestas gestiones de líneas de crédito irregulares, al afirmar que solo se le atribuye su condición de apoderado o administrador de una empresa, sin describir actos ilegales concretos.
Finalmente, sobre las supuestas maniobras para incorporar a Intercaribe Mercantil al programa de contratistas del Banco de Reservas, la defensa indicó que no se detallan gestiones específicas, fechas ni contactos con funcionarios, y que la imputación se basa en afirmaciones generales sin hechos verificables.


Jesús Vásquez