Lavado de activos originó caso de corrupción en cuerpos de seguridad
El Ministerio Público afirma que sometimiento al mayor general Adán Cáceres y al general Juan Carlos Torres Robiou no empezó por revelaciones del mayor Raúl Alejandro Girón
Marisol Aquino
Al iniciar la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo por el caso de corrupción que se gestó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Seguridad Turística (Cestur, ahora Politur), así como en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), el Ministerio Público afirmó haber cumplido su promesa de demostrar que los imputados se asociaron para sustraer más de 4,000 millones de pesos de esas instituciones.
Aclaró, asimismo, que el inicio de la investigación se produjo por lavado de activos, debido a que los principales imputados, incurrieron en la creación de empresas ficticias y de servicios inexistentes, así como al abultamiento de nómina con nombramientos de policías y militares, cuyos salarios de los agentes iban a sus bolsillos.
En cuanto a los nombramientos, el órgano acusador cita en el expediente que el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, quien se desempeñó como financiero del Cestur, Cusep y Conani, "creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas".
- Los policías militares nombrados en las mencionadas instituciones cobraban "entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales" y "luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido".
Los fondos del patrimonio público que se sustraía eran los que debían dedicarse "a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nómina".
Por la empresa que se inició Coral y Coral 5G
Según el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, quien inició la presentación de la conclusión del Ministerio Público, la investigación que se denominó Coral y Coral 5G, arrancó por la empresa Único Real State e Inversiones, de Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Flete Guzmán. Dijo que esta empresa no tiene "perfil ecónomo para los bienes detectados".
Los "beneficiarios reales" de Único Real State eran Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez, Raúl Girón, el general de brigada Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, entre otros, subrayó.
Aseguró que las declaraciones ni las conversaciones por WhatsApp del mayor Alejandro Girón, en las que explica cómo funcionaba la red de la que él también formaba parte, no fue el indicio que llevó a la Dirección de Persecución y a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa a darle seguimiento al grupo que se "asoció" para estafar al Estado.
Pérez Fulcar sostuvo, además, que la cúpula o beneficiarios finales de la trama eran el mayor general del Ejército Adán Beroni Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep; el general del Ejército Juan Carlos Torres Robiou, del Cestur, y el coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza.
En el "nivel operativo" estaban el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, encargado de nómina; Yeudy Blandesmi Guzmán Alcántara y Pedro Roberto Castillo; mientras que las "cabezas de recolectores superiores" eran el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, Vicente Girón Jiménez, David Augusto Abreu Padilla, Joan Manuel Camacho Graciano y Eran Riostén Tejada Rosario.
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Recolectores intermediarios del dinero de la nómina que se depositaba eran Wilber Moreno Batisa, mayor Juan Pablo Silvestre Pérez, Ana Virginia Domínguez Jerez y Raquel Moreta, mientras que los miembros que prestaban sus cuentas eran "miles de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional".
El representante del Ministerio Público afirmó que Adán Cáceres, aprobaba nombramientos en el Cusep de manera directa y obstaculizaba la fiscalización, impidiendo la entrada de la Contraloría General de la República.
Durante ese período no existían estados de cuenta y, por instrucciones de Núñez de Aza, las nóminas fueron borradas, las cuales posteriormente pudieron ser recuperadas durante los allanamientos realizados a Girón, agregó el fiscal.
En el Cestur, ahora Politur, Torres Robiou era quien autorizaba la entrada y salida de nómina, Núñez de Aza era director financiero también en esa entidad.
El órgano acusador sostiene que Núñez de Aza creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, sin embargo, los soportes de dichas ventas y servicios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de dichas instituciones.
Los procesos de compras ficticias para desviar fondos se hacían a través de las empresas Rawel Importadores S.R.L, Meljo E.I.R.L., Optumus E.I.R.L., S.O.S Carretera S.R.L., Distribuidora TAFL, S.R.L., Distribuidora KF S.R.L., y S.S.A. Corporation S.R.L.
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.