Ministerio Público continúa su exposición sobre entramado de corrupción militar y policial
Propiedades, empresas ficticias y nombres prestados: así operó la red, según el órgano acusador
Marisol Aquino
El Ministerio Público continuó este jueves presentando sus conclusiones del caso Coral que involucra a oficiales policiales y militares de alto rango acusados de estafar al Estado desde el 2012 al 2020 a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), en el de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El órgano acusador siguió ofreciendo detalles de cómo el exjefe del Cusep, Adán Cáceres, con el apoyo de los demás implicados, hacía declaraciones juradas falsas para ocultar sus ingresos y adquirían propiedades que obtenían de manera irregular.
Los fiscales concluyen el próximo martes con la solicitud de la pena para cada uno de los sindicados en el juicio de fondo que debe terminar con una sentencia de condena o una absolución.
Entre las entidades que se mencionó este jueves se encuentra la Asociación Campesina Madre Tierra, sin fines de lucro y con domicilio en Sabana Grande de Boyá. Esta entidad habría formado parte del entramado de corrupción.
Según el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, la Asociación Campesina Madre Tierra administraba un terreno con un grupo de naves "sumamente modernas y climatizadas para la producción de pollos" y que cuando fue tasada al iniciarse la acusación tenía un valor de 3.8 millones dólares.
- "Analizando, multiplicando por 5 o por 10 los ingresos que ha tenido el imputado Adán Beroni Cáceres Silvestres no justifican la inversión que hay en dicha propiedad y posiblemente sean de las naves climatizadas para producción de pollo más modernas".
- Pérez Fulcar, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que, aunque la Asociación Campesina Madre Tierra administraba los terrenos no están a su nombre, sino de los acusados Kelman Santana y del teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez, quienes "prestaban sus nombres a Cáceres Silvestre para adquirir estas propiedades".
El Ministerio Público imputa a más de veinte oficiales de la Policía y miembros de distintas instituciones castrenses, algunos juntos a sus familiares, de formar parte de la "organización criminal" que defraudó al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través del Cusep, Cestur, ahora Politur, y de Conani.
"Un entramado militar y policial, con conductas simuladas de religiosas y una amplia actividad societaria" de varias empresas, como Único Real State e Inversiones, S.R.L; Asociación Campesina Madre Tierra, A.S.F.L.; CSNA Universo Empresarial, S.R.L; CSNA Universo Empresarial, S.R.L., e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, sostiene la acusación.
Esas compañías se utilizaban "para el lavado del dinero obtenido de hechos de corrupción y la obtención de bienes".
Las empresas se habrían creado a nombre de personas relacionadas al financiero del Cusep, Cestur y Conani, Rafael Núñez de Aza, para supuestamente "suplir combustibles y materiales gastables", los cuales nunca eran entregados, "realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Otros imputados
Además de Cáceres, Núñez de Aza, Kelman Santana y Erasmo Roger, enfrentan el juicio de fondo el ex subjefe del Cusep Julio Camilo de los Santos Viola, el general de brigada Boanerges Reyes Batista, el capitán Frankliin Mata Flores, y el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general del Ejército Juan Carlos Torrres Robiou.
También el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, la exgerente de Banreservas Esmeralda Ortega Polanco, entre otros imputados.
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.